Luis María Serroels

La semana pasada, un grupo de mujeres se apersonó ante el gobernador de la provincia para insistir en la necesidad de acelerar la sanción de su proyecto de ley, destinado a fijar niveles igualitarios con los hombres a la hora de la inserción en nóminas de cargos electivos. Pero la inquietud femenina no se agota en las boletas para funciones legislativas, sino que se pretende -razones no faltan- lograr una mayor participación en cargos ejecutivos. Si bien no se desconoce que desde su primera gestión entre 1987 y 1991, Jorge Busti se mostró proclive al desempeño de la mujer como integrante del funcionariado político, las aspiraciones actuales son mayores.

Esta posibilidad de un cambio histórico en orden a una legislación que establezca cupos (el proyecto bustista sobre equidad de géneros sostiene la participación por mitades), sorprende a Entre Ríos bajo la nada envidiable condición de ser una de las dos provincias argentinas (la otra es Jujuy) que aún no ha incorporado una medida de tanta trascendencia.

La situación se parece al intento del perro por morderse la cola, porque resulta muy difícil alcanzar las legítimas ambiciones de la mujer, cuando la Legislatura que debe plasmarlas en una norma firme apenas la cuenta hoy ocupando cuatro bancas de diputados y dos de senadores, frente a 39 escaños masculinos. A propósito: ¿se requiere acaso de una ley de equidad de géneros para que una mujer ocupe la presidencia de un bloque e incluso de la Cámara de Diputados? Recientemente el titular de la Cámara Baja, en ocasión de recordarse el Día Internacional de la Mujer, creyó todo un gesto de comprensión anunciar su compromiso de que no bien se habilite la asamblea para la reforma constitucional, propondría reparar la injusta postergación. ¿Se le olvidó que ya mismo lo puede hacer en su ámbito de gestión legislativa?

Esta metodología, demostrativa de que las puertas a las mujeres se les abren con cuentagotas, en una especie de concesión graciosa para serenar ciertas conciencias raídas y controlar las vibraciones de alguna cola de paja, ha sido una constante desde la recuperación democrática en 1983. Ya hemos citado -y nunca será ociosa toda reiteración-, que la magra presencia femenina pareciera responder a un plan global, si se observa que el desequilibrio se da también muy marcadamente en los municipios, donde no sólo los jefes comunales sino también los ediles, reflejan el fuerte machismo enquistado en las corporaciones políticas.

Otro dato puntual que confirma esta intolerable regla no escrita, lo exhibe el hecho de que en la historia entrerriana, solamente cuatro mujeres han llegado a ocupar carteras ministeriales.

Pero la marginalidad femenina se ha dado también en el servicio de justicia, por lo menos en los tiempos en que bastaba con un pliego del Poder Ejecutivo que, catapultado por la circunstancial mayoría oficialista en el Senado, cubría cargos en el Poder Judicial.

Sin dudas la creación del Consejo de la Magistratura, concretada durante el actual gobierno, ha significado un enorme salto cualitativo que se afianzará definitivamente el día que sea incorporado a nuestra Constitución Provincial.

Es muy importante hacer la salvedad de que no se puede atacar la discriminación femenina sólo a la luz de los comportamientos que se dan en los tres poderes del Estado. El problema, lamentablemente, abarca muchas más actividades en las cuales un eficiente y exitoso desempeño sólo parecería privativo de los hombres.

Durante la Quinta Conferencia Bienal organizada por la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (Buenos Aires, año 2000), unas 400 magistradas y funcionarias procedentes de 40 países, analizaron el tema “Mujeres marginadas”, ahondando en las razones que provocan las injustas y arbitrarias discriminaciones por ser pobres, analfabetas, ancianas, madres solteras adolescentes, portadoras de HIV o pacientes mentales, sumándose las segregaciones de índole racial y cultural.

No es una simple anécdota que la entidad organizadora haya estado entonces presidida por la doctora Carmen Argibay, quien un lustro después accedería -como prueba de nuevos aires en los sistemas de selección- nada menos que a ocupar un asiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como ocurriera después con la doctora Elena Highton de Nolasco.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)