Sandra Miguez
En 1989 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instituyó el 11 de julio como Día Mundial de la Población. El objetivo era llamar la atención sobre la importancia de los problemas de población en el mundo, en particular en el contexto de los programas de desarrollo, y la urgencia de encontrar soluciones. La elección de la fecha es simbólica ya que el 11 de julio de 1987 el número de habitantes del mundo llegó a los 5.000 millones. En la última década la población mundial experimentó un incremento sin precedentes, correspondiendo la mayor parte a los países en desarrollo. El desarrollo poblacional implica nuevos desafíos y problemáticas a resolver, ya que en él debieran conjugarse el crecimiento económico en función del desarrollo humano. Sin embargo, los datos estadísticos muestran en nuestra región, que la distribución de la riqueza sigue siendo una materia pendiente, en una provincia donde el incremento en el desarrollo económico no se ha trasuntado en un mayor acceso a cuestiones básicas como una canasta alimentaria nutricional, sobre todo para quienes cada vez tienen menos oportunidades.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la brecha económica y social entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se ha ampliado a niveles impensados: los que viven en el 10 por ciento de los hogares más pobres reciben 65 pesos por mes y los que viven en el 10 por ciento de los hogares más ricos disponen de 2.226 pesos mensuales. De este modo, cada integrante de las familias más ricas percibe 34,2 veces más que el de la vivienda más pobre, explicaba un destacado periodista como Daniel Muchnik, para dar cuenta de la magnitud de los datos arrojados por el ente oficial.
Así los datos más recientes, correspondientes al último trimestre del 2005, marcaban una tendencia patética: la distancia entre los más ricos y los más pobres es de 32,1 veces.
Con ello queda demostrado que la tan mentada distribución de la riqueza se ve como un objetivo cada vez más utópico, al caer en una profunda diferenciación entre el crecimiento y el desarrollo humano. En otras palabras, cabría preguntarse hasta cuándo se va a seguir aumentando la desigualdad social.
En Entre Ríos, el incremento de personas indigentes ha pasado del 7,8 al 14,2 por ciento en el último semestre del 2005.
No obstante, desde las Naciones Unidas a través del Programa para el Desarrollo (PNUD) se ha planteado reiteradamente que la reducción de la pobreza es en gran medida función de la calidad de las instituciones de los países y sus políticas, y que la democracia y el desarrollo sostenibles requieren instituciones transparentes con rendición de cuentas, funcionarios profesionales competentes y responsables, y leyes y marcos reglamentarios de la vida económica y política abiertos y equitativos. El ejercicio de la democracia supone el acceso abierto a la información; la participación en las decisiones públicas; el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo a aquellos más marginados de los beneficios del desarrollo de la sociedad.
Sin embargo, el creciente desarrollo poblacional no ha ido de la mano del desarrollo económico, que deja excluido a un gran número de personas imposibilitadas de acceder a pautas mínimas de existencia.
La agenda latinoamericana de desarrollo ha fijado para los próximos años temas estratégicos como “la construcción del estado de derecho, la garantía de la vida, de la integridad personal y familiar y de los derechos de propiedad especialmente de los pobres, el combate contra la corrupción, incentivando un espíritu emprendedor económico y social, la promoción y garantía de la competencia y la protección efectiva de consumidores y usuarios, la mayor participación ciudadana, el desarrollo de frenos y contrapesos efectivos en las democracias electorales, el establecimiento del marco de competencias incentivador de la descentralización, el desarrollo del servicio civil de mérito”.
Estas metas que han adquirido preponderancia a nivel de los objetivos en las políticas públicas -llevadas adelante por los Estados nacionales- no siempre se ven reflejadas en el accionar concreto que los diferentes distritos deben sustentar.
Así el desfase entre uno y otro, cobra preponderancia al verse reflejado en las estadísticas vitales.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
