J. R.

La multiplicación de nombres como fiadores de personas imputadas por delitos penales aventó las sospechas de que existe un comercio ilegal de venta de fianzas judiciales. Para algunos funcionarios del fuero penal, inclusive, hay certezas de la existencia del mercado de las garantías personales. En el Código Procesal Penal de Entre Ríos se establece que una persona imputada de un delito puede ser liberada bajo caución mientras se desarrolla el proceso, pero para eso necesita un fiador que pague una cantidad de dinero que asegure el cumplimiento de las obligaciones que se le imponen. En esa mecánica hay quienes ven una veta para el lucro. Por un monto fijo de dinero, se puede contratar a prestamistas que tramitan en favor de los acusados, y de esa forma convierten en un negocio uno de los sistemas de garantías básicas como es la excarcelación. Frente al hecho, la Justicia entrerriana ha dispuesto la creación de un registro de fiadores. De ese modo se dispondrá que una persona no pueda dar garantías a más de cuatro individuos implicados en delitos, a la vez que se buscará establecer una base de datos para tener más control sobre el universo de quienes otorgan su firma y bienes como crédito para la libertad de los acusados.

Que hay gente capaz de ver un negocio allí donde cualquiera ve un trámite, no es ninguna novedad. Y en el bajofondo del mundillo delincuencial, el terreno siempre está más abonado para la actividad con vetas comerciales. Tal es lo que está ocurriendo con el otorgamiento de autorizaciones bajo fianza que la Justicia da en favor de acusados de delitos penales. El negocio se edifica al margen de la actividad pública del Poder Judicial, y todo queda limitado a la contratación de particulares: uno que necesita un aval con garantía económica para salir en libertad, y otro que cobra por dársela.

Se valen de un sistema sustentado en los principios que prevén las excarcelaciones, y el funcionario ejecutante no forma parte del circuito del vil comercio. De hecho, las libertades otorgadas son legítimas. No así el motivo que lleva a muchos a presentarse como fiadores.

Frente a esta situación, la Procuraduría General de la Provincia dispuso la confección de un registro de fiadores, en el que se especifique la capacidad económica y otros datos que permitirán advertir la presencia multiplicada de nombres de supuestos garantes.

–¿Qué lo ha llevado a sugerir la creación de un registro de fiadores? ¿Tiene sospechas de que hay personas que estén lucrando con esto? -le preguntó ANALISIS al fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Morales.
–Ni sospecho ni dejo de sospechar -respondió.

Cuando se indaga un poco más entre otras fuentes, se advertirá que la presunción se convierte en certeza.

Contra la amplitud de las excarcelaciones

El pedido para la creación de un registro de fiadores se da paralelamente al rechazo de la Procuraduría a la amplitud de excarcelaciones sentada en jurisprudencia. El fiscal Morales encabezó una embestida contra las excarcelaciones masivas, y el asunto se encuentra en las puertas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que tal empresa sufriera un traspié con la decisión contraria del Superior Tribunal de Justicia. Ahora es, precisamente, el alto cuerpo provincial el que debate si el asunto se gira al máximo órgano judicial de la Argentina. De no ser así, el fiscal general haría un planteo de queja.

Pero en relación con los presuntos negociados con fianzas, hay coincidencia de vocales y fiscal general en torno a la creación de un registro. Cuando Morales hizo saber su idea, el fiscal recibió una palmada en la espalda y una orden para que lo materialice.

Según se explica desde el Superior Tribunal de Justicia, que aprobó la creación del registro de fiadores para el fuero penal, la intención es que en los casos en los que se excarcele a una persona sometida a proceso penal bajo fianza o caución, “la figura del fiador no sea una mera formalidad”.

Si bien hay acuerdo para la creación de la base de datos, aún queda un largo camino para reglamentarlo. Para eso, la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la provincia está manteniendo reuniones con varios sectores. Hubo encuentros con responsables de los Registros de Automotores y Notariales, y hay en agenda otros pautados con las cámaras inmobiliarias. La intención es pulir el método de registro y contar con datos certeros de quienes se ofrecen como garantes ante la Justicia.

El Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos contempla la posibilidad de acordar la libertad de una persona imputada por la comisión de un delito, bajo caución, durante el trámite del proceso. En estos supuestos, el interesado debe ofrecer una caución, fianza o garantía que asegure el cumplimiento de las obligaciones que se le impongan.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)