Luis María Serroels
Al cumplirse el 30º aniversario del asesinato del obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, tanto el Episcopado Argentino como las autoridades políticas coincidirán en diversas ceremonias de homenaje al prelado. El anuncio significa un claro y postergado acto de reafirmación y reivindicación de su obra evangélica, signada por el compromiso incondicional a la Doctrina Social de la Iglesia y su valentía para ejercer su misión, aun conociendo los riesgos que enfrentaba su propia integridad personal. Pero, además, incorpora definitivamente la convicción -no siempre asumida por algunos hombres de la Iglesia y dirigentes políticos- de que se trató de un hecho fríamente ordenado, preparado y ejecutado por personeros del terrorismo de Estado que se instaló en nuestro país a partir de 1976. Un paso importante que tiende a reconciliar a la sociedad con la verdad histórica y a la vez ratificar la demanda de justicia y castigo a los responsables de tan abyecto episodio.
Fecha: 4 de agosto de 1976. Lugar: Punta de los Llanos, entre Chamical y La Rioja. Relación de los hechos: un Grupo de Tareas persiguió y encerró la camioneta Fiat 125 Multicarga, modelo 1973, chapa patente 007.968 en la que viajaban el obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, y el sacerdote Arturo Aído Pinto. Tras el previsible vuelco, el prelado fue sacado del vehículo, arrastrado por varios metros y su nuca molida a golpes. Un reloj destrozado marcaba las 3 de la tarde.
Su cuerpo quedó sobre el pavimento como prenda de inmolación de un pastor que, aun sabiendo los riesgos que enfrentaba, nunca dejó de cumplir corajudamente su compromiso. “Tengo miedo, pero no pienso ocultar mi mensaje debajo de la cama”, llegó a pronunciar ante las advertencias de sus propios fieles, incluso cuando en una reunión celebrada el día anterior, un grupo de sacerdotes y monjas le manifestaron serios temores por su vida. Sus vicarios hasta llegaron a proponerle que hiciera un curso en Perú, para alejarlo de las amenazas, pero obtuvieron como respuesta que “el pastor no debe dejar solas a sus ovejas”.
Los graves “pecados” de Angelelli -en la evaluación de quienes lo combatieron- consistían en luchar contra las injusticias de un régimen político oprobioso, pero también contra la incomprensión y el abandono de algunos de sus propios pares. Quizás los mismos cuya tibieza y silencio resultarían más adelante funcionales al encubrimiento que el gobierno pretendía sobre este aberrante episodio.
Pero además, el clérigo se había munido de ciertos documentos y testimonios sobre el secuestro, tortura y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville, como también del laico Wenceslao Pedernera, según revela el abogado paranaense Miguel Bulos, en su libro Angelelli, los latidos de su corazón. Y como si fuera poco, le agrega este dato contundente: la carpeta en cuestión nunca pudo ser hallada, pero hubo testigos que afirmaron haberla visto dos días después nada menos que en el despacho del entonces ministro del Interior, general Albano Harguindeguy.
“No sólo apuntaron a robarle su vida sino también su muerte”, al decir del obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne. Porque cuando se olvida a un mártir, se está buscando arrebatarle los signos más valiosos de su existencia y de su entrega sin dobleces, sobre todo en un país donde históricamente han abundado los ocultamientos. No en vano se llegó a definir al ex obispo como “el mártir prohibido”.
La decisión de rendirle el merecido homenaje reivindicatorio a la gran figura que fue, pero especialmente la coincidencia de la Iglesia y el Estado en reconocerle el ejemplo que dejó, reafirmando que su muerte lejos estuvo de ser accidental, sino consecuencia de los planes de exterminio impulsados desde el terrorismo de Estado, hará confluir a la sociedad argentina en la cancelación de una vieja deuda.
Basta leer la sentencia judicial que con fecha 19 de junio de 1986 emitiera el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional Número 1 de La Rioja, doctor Aldo Fermín Morales, para despejar todas las dudas que aviesamente diseminó el establishment militar. El magistrado, tras examinar detalladamente pericias y testimonios, no dudó en calificar el hecho como “un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”.
El mismo Bulos señala que “a fines de julio de 1976 se formó el Grupo de Tareas encargado de eliminar a Angelelli; el operativo debía cumplirse entre el 1º y el 31 de agosto”. El día 4 se consumó el hecho que siempre se pretendió disimular tras el rótulo de “accidente de tránsito”.
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