En la Policía de Entre Ríos existe un lote de comisarios que tendrán que retirarse a fin de año. Entre ellos aparecen varios oficiales cuestionados por diferentes situaciones. Mientras, existen más de 700 sumarios administrativos en trámite, que tendrán definición a fin de año, según pudo determinar ANALISIS. De todas maneras, siguen produciéndose bajas. No obstante, hay un tema que preocupa y que pese a los cambios de conducción, no se quiere ver: por qué no se investiga en profundidad la situación patrimonial de algunos comisarios, cuyas inversiones no condicen con sus ingresos.
La depuración de la fuerza policial es una realidad. En la actualidad existen 787 causas administrativas contra personal subalterno y oficiales, cuya definición se dará en los próximos meses. Tras la primera depuración de mitad de año, lentamente se van produciendo otras, algunas de las cuales aparecen en esta nota (ver: “Otra nómina”). “Los oficiales y suboficiales cuestionados tuvieron en todo este tiempo resoluciones de sanciones tales como arrestos y suspensiones, que lógicamente inciden en la carrera policial dado que no puede ascender hasta tanto no cumplan estas medidas y dentro del año de aplicadas quedan inhabilitados en tal sentido”, indicó una fuente policial allegada al sector que lleva adelante dicha tarea. “Con respecto a las bajas y exoneraciones, tiene un proceso distinto, pues al igual que en una causa judicial, presentan recursos y apelaciones que llevan un tiempo para poder definirlas”, se acotó. Lo que sí está claro es que, cada vez que se avanza sobre uniformados en cuestión por desprolijidades -ya sea administrativas o de índole penal-, hay una respuesta corporativa, que muchas veces no resulta fácil de maniobrar.
Pero, en forma paralela, hay otra instancia: los oficiales que tendrán que pasar a retiro, porque ya han cumplido con los 32 años de servicio que requiere la orgánica de la Policía de Entre Ríos, algunos de los cuales vienen de ser seriamente cuestionados en los últimos tiempos. Algunos de los que se van a fin de año, son los siguientes:
-Aníbal Ruperto Palacios. Estaba retirado y fue “convocado” por el Poder Ejecutivo. En el 2004 el gobernador Jorge Busti lo designó al frente de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, pese a su prontuario de participación en la última dictadura militar y en casos de gatillo fácil. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) lo acusó de “ser responsable directo del delito de supresión de identidad y aplicación de torturas, en la última dictadura militar”. Palacios pertenecía a un grupo de tareas que funcionaba en la Seccional Cuarta, bajo la coordinación del tristemente célebre teniente coronel Naldo Dasso.
La denuncia fue reforzada con la identidad de ciudadanos de Concordia que fueron detenidos y torturados por el grupo de tareas de Palacios, quien además estuvo detenido y procesado por la muerte de los hermanos Taborda, en un supuesto enfrentamiento con la policía, ocurrido en 1978. De acuerdo a la versión policial, los Taborda portaban un arma que luego de un peritaje se comprobó que hacía años no era utilizada y que “no estaba en condiciones de funcionar”. Palacios también estuvo detenido en 1988 mientras se desempeñaba como jefe de Investigaciones en la Departamental Concordia y luego de comprobarse su responsabilidad en el secuestro y tortura de cuatro personas, una de las cuales era menor de edad. También estaba sindicado como integrante de la “Escuela Campbell” en referencia al ex jefe policial concordiense, de tiempos de la dictadura que aconsejaba “volver al sistema de las 24 horas”, lo que significaba tener desaparecida durante un día a una persona “para que la policía pudiera actuar sin inconvenientes”.
-Edgardo Mantovani. Actual director de Criminalística. Dicho oficial fue apartado de la Comisaría de Chajarí en 1999, ante las graves acusaciones del abogado Alejandro Vecchi (el mismo de la familia de José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias asesinado en 1997), que representó a allegados directos de la joven Alejandra Martínez, desaparecida y asesinada en diciembre de 1998. Mantovani fue acusado de obstruir la investigación del horrendo crimen de la adolescente, que aún no está del todo esclarecido. Fue uno de los casos más terribles y conmocionantes de Chajarí por la forma en que se encontró el cadáver: tenía más de 30 días, el rostro no existía, era una calavera con algunos pocos pelos. Los pezones de los pechos habían sido seccionados. Los forenses nunca pudieron determinar si fue violada porque no tenía vagina ni útero. Cada una de las yemas de los dedos también fueron extraídas por sus victimarios. Sólo dejaron las huellas del dedo meñique de la mano izquierda.
-Oscar Alfredo Ríos. Se encuentra en la Jefatura de Islas de Ibicuy. Es comisario principal. También fue “convocado” por el Poder Ejecutivo, porque ya estaba retirado. Tiene 35 años de servicio. En la zona es cuestionado por la falta de control que hace de los descensos de avionetas en la zona, supuestamente relacionadas al negocio del contrabando de cigarrillos y por la escasa política de represión contra los casos de abigeato en la zona isleña y el movimiento irregular de animales.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
