Daniel Tirso Fiorotto
(especial para ANALISIS)

Cuarenta mil familias entrerrianas esperan un techo, y muchas de ellas podrían tenerlo porque hay dinero. Sin embargo, ese derecho se les escapa por el esquema de trabajo del organismo provincial encargado de hacerlas, conducido por un puntero político que ha hecho carrera en la chicana. Sus propios empleados sospechan que la falta de transparencia favorece a altísimos funcionarios y empresarios, facilita arreglos previos a las licitaciones, desaprovecha miles de oportunidades, priva de casas a los humildes, y funciona de modo que siempre quede un resquicio para entregar casas por amiguismo.

Chicos que pasan frío, ancianos que se mojan con cada lluvia, hermanos hacinados en una habitación con sus padres y tíos; jóvenes parejas que se ven privadas de un techo digno y obligadas a convivir con sus mayores. Todo en medio de las noticias reiteradas de récord sobre récord de recaudación, y de pagos adelantados de deudas externas.

Ese es el panorama en Entre Ríos. Lo dicen los que más saben: los empleados del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Y afirman además que ese panorama los tiene enfermos. Por eso decidieron redactar un documento con información oficial, de fuentes nacionales, e interpretar los números para demostrar la ineficiencia y la falta de transparencia que priva a muchas familias de una casa. La ecuación: mayor manejo de fondos a discreción desde los funcionarios, menores riesgos empresarios, da como resultado una oferta de casas absolutamente insuficiente.

Es cierto, no vale la pena, pero mientras los trabajadores se enferman de ver las injusticias que dejan sin una casa a una familia, el principal responsable del área en la familia, José Cáceres, se especializa en chicanas para desacreditar a sus adversarios, y es usado por el gobierno como vanguardia a la hora de responder críticas con descalificaciones personales. Esa actitud brilla cuando se la coloca sobre una gestión opaca.

Los trabajadores tienen sobradas pruebas para demostrar que con chicanas no se construyen casas, que las chicanas no son ladrillos, y que las expresiones folclóricas de pretendida ironía que suelen adjudicarse a Cáceres, como dirigente partidario del oficialismo, no alcanzan para ocultar la ineficacia de su gestión, vista su gestión desde el interés de los demandantes de viviendas.

“Tenemos récord de recaudación, hay mucho dinero, y sin embargo puede verificarse que en Entre Ríos hay una demanda de más de 40.000 viviendas que al ritmo actual vamos a tardar medio siglo en construir, y cuando las construyamos se habrán acumulado demandas por otras 100.000 casas, es decir, este sistema hace agua, no funciona, y lo que más duele es que mientras tanto hay familias sobreviviendo con algunas chapas en las orillas de los arroyos”, apuntó un empleado.

Según registros de los trabajadores, en períodos de crisis económica se lograban construir más viviendas que en la actualidad. El promedio de 1984 a 1993 sería de 1.121 casas por año en Entre Ríos, el promedio de 1994 a 2003 es de 1.511 por año, y el promedio de 2003 a 2007 no alcanzaría a 700 viviendas por año. Si se comparan estos números con el presupuesto, la información asombra.

Muchos ojos ven demasiado

Desidia, falta de gestión, serían sólo algunos pecados veniales, porque los empleados consultados por ANALISIS sospechan en verdad de manejos oscuros y afirman que el gobierno provincial encerró las licitaciones y las informaciones entre muy pocas personas, de tal modo que si bien genera sospechas, al mismo tiempo impide el control, con lo cual se abren espacios para la negociación funcionarios/empresarios, en forma directa.

Como resultado, estos empleados aseguran que Entre Ríos ha perdido, durante la gestión de este dirigente, miles de soluciones habitacionales, sea en casas nuevas o en reparaciones y ampliaciones de viviendas y servicios; y que el sistema empleado provoca dudas por la expulsión de empleados de los centros de decisión, restringidos a pocos protagonistas leales.

No lo pueden denunciar ante la justicia porque les faltan pruebas, pero los trabajadores sospechan que, en detrimento de las oportunidades de miles de familias, algunos funcionarios de altísimo rango, el mayor, negocian con empresarios de altísimo rango dentro de la Cámara de la Construcción para meter mano en el sistema de competencia que imponen las licitaciones y, en cambio, permitir que cada empresa se quede con un paquete más o menos grande pero con ingresos que achican sus riesgos. Negocio redondo para todos, menos para las familias que necesitan un techo.

El documento elaborado por trabajadores del IAPV plantea numerosos interrogantes sobre la gestión de casas para los entrerrianos. Señala excesivas demoras en la ejecución de planes, desidia, falta de gestión, y sucesivos pagos de “mayores costos”, como algunas de las causas de la pérdida de miles de viviendas. Esos “mayores costos” obedecerían a diversas razones de ejecución, y en este caso no necesariamente a hechos de corrupción.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)