Rosario Romero
Una nota sobre la supuesta opinión de la dirigencia política -dícese en la misma mayoritaria- daba cuenta la semana pasada de la “coincidente” calificación de “corrupto” referida a la figura de nuestro gobernador, Jorge Pedro Busti. La misma está colmada de referencias a dichos de otros, donde los voceros son adversarios actuales o pasados de Jorge Busti, de la más diversa procedencia. Algunos, pertenecientes a las filas de una expresión que otrora se dio en llamar “Mate Amargo”, otros, provenientes de sectores del propio justicialismo.
A riesgo de caer en lugares comunes, no puedo dar por sentado el primer razonamiento que a cualquiera le surge luego de leer la extensa nota: el cronista ha obviado considerar que Jorge Busti ha sido la persona más votada en los últimos 20 años en la provincia; tres veces gobernador, dos intendente, diputado y senador nacional, cargos todos provenientes de la elección popular. En fin, de la voluntad de las mayorías.
¿Algo tendrán que ver cosas como el afecto, la simpatía, la popularidad, la gestión, la trayectoria, con la opinión mayoritaria de la ciudadanía? En mi concepto sí. Y cualquier análisis que se haga tiene que abarcar, necesariamente, esos datos relevantes.
Pero volvamos a la sostenida opinión dirigencial supuestamente “mayoritaria”. Debo plantear otra mirada: todos los ejemplos puestos por el comentarista, sin excepción, son una parte -sesgada- de la dirigencia entrerriana. Sin hacer valoraciones sobre las personas, se cita a José Iparraguirre, Rubén Pagliotto, Hugo Berthet, Raúl Solanas, Enrique Cresto, Lidia Nogueira, Sergio Delcanto. Allí paramos de contar. Si de esas opiniones se está valiendo el periodista para sostener que “la mayoría de los políticos dice que Busti es corrupto”, debo decir que se equivoca de punta a punta. Ni lo dice la mayoría (porque los nombrados claramente no lo son) ni el gobernador es un corrupto. Y si el cronista quiere abrumarse con datos, lo invito a que recorra los juzgados y deje de leer los titulares para explorar los contenidos de las denuncias y expedientes generados por la famosa FIA.
Advertirá pronto -si razona con honestidad intelectual- que las denuncias eran sustancialmente infundadas, vagas, imprecisas, llenas de calificativos, de presunciones sin pruebas, de valoraciones subjetivas. Es por eso y no por otra cosa que los jueces de Instrucción (seis en la capital entrerriana por ese entonces) no encontraron razón alguna para atender los mediáticos reclamos del ex Fiscal de Persecuciones Administrativas.
Es cierto que la corrupción es un flagelo. Es cierto que han existido hechos de corrupción en Entre Ríos y en el país todo. Es cierto que esos hechos en algunos casos llegaron a condenas judiciales y también lo es que nuestro gobernador jamás interfirió para torcer el rumbo que los tribunales proporcionaron a las causas penales.
La corrupción es un flagelo que está reconocido en la humanidad, tanto es que las naciones suscriben acuerdos y convenciones para prevenir y perseguir los hechos de corrupción, no solamente de los gobiernos, sino también de las empresas, de los sindicatos, de los dirigentes provenientes de distintos sectores. Donde hay poder, puede haber corrupción y por ende, en el sistema de derechos, encontramos enunciados de facultades y de las consecuentes obligaciones.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
