Oscar Londero
(especial para ANALISIS)
Por primera vez en 56 años a un funcionario público de Entre Ríos se le retuvo su sueldo. Fue por no haber presentado su declaración jurada patrimonial. La sanción recayó en un secretario de Estado de la gestión Urribarri. Una vez que informó sobre su patrimonio le devolvieron el dinero confiscado.
Héctor Alanis quedará en la historia de Entre Ríos no sólo por haber ocupado el cargo de vicegobernador entre 1995 y 1999. También por ser el primer funcionario público provincial al que se le retuvo el sueldo por negarse a presentar su declaración jurada patrimonial ante la Contaduría General.
Desde 1953, cuando se gestó el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales a instancias de la Ley 3.886, jamás había sucedido que una autoridad gubernamental quedara sin cobrar sus honorarios.
Una situación que quedó en evidencia con el Informe de Diagnóstico de Transparencia (IDT), un estudio que la Oficina Anticorrupción de la Nación encomendó a un equipo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y que se divulgó en marzo de 2006.
De acuerdo con documentación oficial brindada a ANALISIS en respuesta a un pedido de acceso a información pública, a Alanis se le retuvo el salario de diciembre de 2008, la segunda cuota del sueldo anual complementario de ese año, y los haberes de enero y febrero de 2009.
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