Alfredo Bel (*)
La situación de arrendamiento de las islas no tiene nada que ver con la situación de la apropiación de la tierra pública por parte de privados. En realidad, la Ley Provincial de Arrendamientos Número 9.603, vino a ordenar la situación, pero mucho no se pudo hacer porque cuando comenzaron a licitarse las islas muchas tierras que se creían públicas ya se encontraban ocupadas. Toda la tierra de islas, públicas y privadas, se utilizan a los fines de la producción ganadera, apícola, y emprendimientos turísticos en el caso de los privados. Con esa ley se establece un sistema de alquileres de tierras que se pueden dar sólo en ese marco, sobre la base de la producción ganadera. Antes de la norma, el sistema era mucho más irregular, precario y discrecional, y además era gratuito porque no había costo alguno para el productor. En ese marco tan complejo también se sucedieron artilugios legales para que actores privados soliciten la propiedad de las islas.
Nos parece apropiado que el Estado defienda lo que es de dominio público, es lógico, razonable y necesario. Lo que tiene que hacer el fiscal de Estado es preocuparse por lograr la restitución de esas tierras al dominio público y en ese marco sacar a la luz a todos los actores: no sólo particulares que solicitaron la compra de tierras, inescrupulosos o no, sino distintos profesionales que también han sido parte de este sistema.
Por otra parte, si el gobierno provincial decide no darle vigencia a la ley de arrendamientos, estará incurriendo en un error, porque con ella el Estado ordena, determina cierto mecanismo público y quién será el arrendatario y establece las condiciones en que se puede explotar la tierra.
(*) Delegado de la Federación Agraria Argentina en Entre Ríos.
