Por Milagros Reñé (*)
Lo que indigna a los afectados en este proceso es la maniobra deshonesta de querer evadir –mediante una maniobra legal– el derecho que la ley le otorga y la responsabilidad que el Estado tiene de mantener, por lo menos a través de la bonificación especial, una actualización o una referencia entre los sueldos de los funcionarios y los empleados del CGE.
Mis defendidos pierden la posibilidad y el derecho que ellos tienen de percibir esa bonificación. Esto es más o menos así: los funcionarios del CGE cobran un código 001, que se llama básico, y un código 003, que se llama gastos de representación, que forman el salario. Cada vez que se aumenta a funcionarios, debería aumentarse una proporción que equivale al 70 por ciento del total del sueldo del subdirector a los empleados de esa dependencia en toda la provincia. Lo que sucedió es que el funcionariado se aumentó un 45 por ciento esos dos rubros y después se los volvió a aumentar en tres decretos siguientes, entre 8 y 15 por ciento, sin aumentarles a los trabajadores, y para no aumentarles lo ponen en un nuevo código, el 008, para despistar o confundir, cuando en el presupuesto está incluido como sueldo básico de los empleados.
Se hizo una trampa jurídica y se utilizaron artilugios para evadir la responsabilidad que el propio Estado tiene de ir acomodando los salarios de los trabajadores sin proporción a la de los funcionarios. Pero, por más que quieran evadirse, ese enganche significa un aumento en la remuneración y tiene que respetarse; hay varios fallos en la Corte que avalan esto, en base a eso nosotros nos manejamos.
(*) Abogada de ATE.
