Federico Malvasio

Un caso de una madre sin trabajo y con hijos menores a su cargo que viven en una casa intrusada vuelve a poner en debate el funcionamiento de los distintos instrumentos e instituciones del Estado. El derecho a una vivienda digna, consagrado en la nueva Constitución, es uno de los reclamos que más crecen en los Tribunales. La víctima denunció ante ANALISIS haber sido amenazada de muerte por los supuestos propietarios y aseguró que ni la Justicia ni la Policía le han dado una respuesta.

Roxana Bally Villanueva tiene 33 años y cuatro hijos, el mayor de 10 y el menor de dos meses y medio. La joven ocupó una casa en el Barrio Rocamora, donde hoy también vive con su pareja. El único ingreso que tienen son las changas del jefe de hogar.

El arreglo “de palabra” entre Raúl Medina y Bally sucedió hace ocho años. El préstamo de la casa no es algo que deje muy en claro la señora Villanueva. Es que la posesión de la vivienda ocurrió luego de que ella y sus hijos intrusaran el inmueble, ubicado en Juan de la Cruz y Ruperto Pérez. El dueño, al percatarse del hecho, prefirió dársela al cuidado hasta tanto se vendiera. En los primeros tiempos la relación entre propietario e intruso marchaba bien.

“Yo me intrusé durante dos días, él vino y me dijo que me prestaba la casa, pero que no me intrusara. Tomá, te doy la llave hasta que algún día la pueda vender”, recuerda Roxana que le dijo Medina y asegura que hasta el momento no se ha vendido “porque es un barrio muy peligroso”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)