Oscar Londero
(Especial para ANALISIS)
La respuesta fue extemporánea y breve. Apenas dos párrafos para desentenderse del asunto y decir que a la provincia no le costó un centavo la misión comercial e institucional por Venezuela y Estados Unidos que el gobernador Sergio Urribarri encabezó entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre pasados.
“Corresponde informar que la Secretaría de Gestión Administrativa de la Gobernación ha informado que no se ha efectuado ninguna norma legal a nivel provincial, ni se atendió ningún tipo de gasto ya que los mismos fueron absorbidos en su totalidad por el CFI Consejo Federal de Inversiones”, señala el segundo párrafo de la respuesta oficial al pedido de acceso a información pública efectuado por ANALISIS el 23 de octubre último.
La petición fue dirigida a la secretaria General y de Relaciones Institucionales, Sigrid Kunath, de quien depende la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, el organismo encargado de librar los fondos para solventar los gastos de las giras oficiales y exigir la correspondiente rendición de cuentas. Sin embargo, la respuesta llegó a través de un escrito firmado por Elvia de Juárez, directora General de Despacho de la Gobernación.
La plasmó en la Nota “D” 603/3, del 12 de noviembre pasado, el mismo día en que este semanario, en su edición 868, informó que el Poder Ejecutivo omitió responder sobre los gastos que demandó el último viaje internacional de Urribarri y su comitiva de funcionarios e invitados especiales.
No sólo se buscaba conocer el financiamiento de la gira. También se pretendía obtener una copia del decreto por el que se aprobó la realización de la misión comercial e institucional; la nómina de autoridades oficiales e invitados especiales que acompañaron al gobernador; el detalle de los viáticos asignados a los comisionados con su correspondiente rendición; los montos otorgados para atender gastos de transporte y alojamiento de la comitiva en las ciudades de destino; la suma destinada a regalos u obsequios de cortesía; y la rendición de los ítems antes mencionados.
La nota suscripta por Juárez llegó cuando habían transcurrido 14 días hábiles desde la presentación del pedido de información en la Mesa de Entradas de la Gobernación. En su artículo 12° el decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, establece que “el sujeto u organismo requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de diez (10) días. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros diez (10) días de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
