Federico Malvasio

Las víctimas de delitos tienen otro lugar para hacer su denuncia. Muchas de ellas, en su mayoría de escasos recursos, se presentan en la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, organismo creado al calor del caso de Fernanda Aguirre. El entonces gobernador Jorge Busti creó la repartición tras aquel dramático 2004 y un mes después de conocerse la desaparición de la joven de San Benito. En 2007 el área fue refundada por ley pero no funciona por una norma orgánica. Un reglamento redactado internamente recorre varios despachos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación para que se le hagan las observaciones y se lo apruebe.

La Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito funciona con un personal administrativo encargado de receptar las denuncias y armar los expedientes. Por otro lado están los equipos interdisciplinarios, compuestos por tres abogados, cuatro psicólogos y dos trabajadores sociales. La repartición actúa a requerimiento de partes, sea una persona o una institución. “En muchos casos actuamos en casos que fueron derivados del propio Poder Judicial, sobre todo cuando la víctima demanda un tratamiento psicológico. Ante esa circunstancia se toma el expediente y se le corre traslado al equipo de profesionales”, cuenta la abogada y titular de la Dirección, Paula López.

Las funciones del organismo son determinar el daño presente en la personalidad de la víctima y la posibilidad de trascendencia a futuro, como asimismo la determinación y aplicación de los medios idóneos para repararlo. Otras de las cuestiones que le competen es orientar a la persona y su grupo familiar para superar la situación de tensión producida por el delito a través de asistencia con relación a los aspectos laborales, educacionales y sociales.

En las instalaciones de Corrientes 526, el equipo técnico escucha a la víctima, luego elabora una ficha que se transforma en un expediente y se envía a Casa de Gobierno. Allí queda registrada.
Los abogados del organismo no se constituyen como querellantes, se limitan a seguir el expediente en sede judicial, en caso que se lo requiera. En rigor, uno de los principales deberes de esta repartición es la contención de aquellas personas que padecen un desconocimiento de cómo funciona el Estado. Esto es, asesorar y orientar jurídicamente a las personas y realizar escritos cuando lo consideren pertinente para que las víctimas o sus familiares se presenten en las causas judiciales.

“Muchas veces sucede que la víctima tiene su abogado pero nos viene a decir que la Justicia no hace nada. Lo que se hace acá es conseguir el expediente a través de su representante y se le explica cómo es el proceso”, cuenta la funcionaria a ANALISIS.

Casos

El organismo no cuenta con una estadística, aunque se estima que son entre 1.200 y 1.300 los casos que ingresan por año. Los más típicos están relacionados con la violencia familiar y homicidios, pero el incremento más notable que se ha dado en los últimos tiempos son los de abuso sexual. En cualquiera de ellos, la primera actitud es recomendar a la víctima que haga la denuncia en Tribunales.

-¿A qué atribuye que el primer contacto que establece la víctima sea en esta Dirección antes que en sede judicial?
-Es por una cuestión de contención. Muchas veces nos ha pasado que gente ha sido abusada hace mucho y después de un tiempo se acerca y pregunta cuáles son las consecuencias en caso de que haga la denuncia en los Tribunales. Hay mucho miedo, en estos casos, de ir a la Justicia. No saben qué les puede pasar o cómo es el proceso judicial. Es por eso que desde acá se suele explicar cómo es la cosa y luego se llama a la Fiscalía para comunicar que va a ir tal persona a hacer una denuncia.

El 0800-888-8428 es un servicio que funciona las 24 horas. En ese número se suelen escuchar denuncias de todo tipo. Desde la Dirección se toma nota y se informa a la Defensoría o al Ministerio Público Fiscal. “Puede pasar que llame alguien que no se quiera dar a conocer y cuenta que el vecino maltrata a la mujer. Nosotros se lo hacemos saber a la Justicia para que ésta investigue y determine si es verídica o no la denuncia realizada”, explica López.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)