Gisela Romero
El 2 de junio, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) presentó ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja por violación a la libertad sindical contra el gobierno entrerriano y el Consejo General de Educación (CGE). En el texto dirigido a la directora del Departamento de Normas Internacionales, Cleopatra Doumbia Henry, al que tuvo acceso este semanario, la entidad denuncia la violación de los convenios 86, 151 y 154, que fijan pautas sobre la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública, a raíz de la conducta de las autoridades en el conflicto por mejores salarios.
En medio de la disputa por la recomposición de haberes que el gremio docente mantiene con la gestión de Sergio Urribarri, cobra relevancia esta presentación que hace foco en lo sucedido en 2008 y 2009, dado que es la primera vez que la entidad lleva un conflicto de esta naturaleza ante un organismo internacional.
Incluso, la queja será ampliada con las comunicaciones oficiales que llegaron a lo largo de esta semana, en que los maestros se plegaron al paro de 48 horas dispuesto por un congreso provincial y no reiniciaron el lunes el ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno.
Así, el gobierno podría terminar recibiendo recomendaciones por haber cercenado el derecho a huelga de los trabajadores de la educación de Entre Ríos y avanzado sobre las demandas del sector, lo que sería una verdadera afrenta pública. Mientras tanto, en el gremio celebran que la OIT se aboque al análisis del caso, porque esto demuestra que hay elementos para analizar que confirmarían que fueron vulnerados derechos y garantías en reiteradas oportunidades en estos últimos años.
Las demandas
La presentación, motorizada con el patrocinio de los abogados Héctor Luis Fischbach y su hija, Verónica Fischbach, concluye con cuatro solicitudes al organismo internacional. En primer término, requiere que AGMER se constituya como parte querellante; en segundo lugar, que comunique el contenido de la presentación a los denunciados; en tercer orden, sugiere que la queja sea estudiada por el Comité de Libertad Sindical para que pueda realizar recomendaciones en pos de que sean restituidas las libertades sindicales conculcadas a los trabajadores de la educación.
En ese punto, la queja sugiere además que se recomiende al gobierno y al Consejo de Educación “el cese de la actitud antisindical y persecutoria”, y que dejen sin efecto las normas para aplicar descuentos de haberes por adhesión a paros, dictadas en 2008 y 2009 y las que podrían llegar a emitirse este año; y que se abstengan de aplicar sanciones a directivos que no informen la adhesión de los docentes a las medidas de fuerza, así como terminen “con sus amenazas de sanciones a las asociaciones sindicales y a los trabajadores del sector por ejercer lícita y legítimamente sus derechos”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
