Por Américo Schvartzman
Desde la absurda pelea iniciada en 2008 por una parte de las rentas agrarias –que luego se esfumó al cambiar los precios internacionales– el gobierno nacional ha decidido, por razones que aun no están del todo claras, encarar una guerra irracional contra un grupo económico de posición dominante en el mercado de las comunicaciones. En el marco de esa batalla es difícil sentar posición: los contendientes en la disputa han dejado de lado cualquier hermenéutica, cualquier interpretación de la realidad como complejo múltiple, para asumir la lógica binaria de acuerdo con la cual todo puede analizarse en términos antitéticos: o es blanco o es negro.
En ese enfrentamiento basta que uno coincida en algún aspecto puntual con cualquiera de ellos, para ser inscripto de manera irreflexiva en el bando del “enemigo” por el contendiente opuesto. Así, tanto el oficialismo encarnizado en esta riña de negocios, como su eventual “adversario mortal” –con quien paradójicamente tuvieron excelentes entendimientos hasta hace poco tiempo– establecen una visión particular de clasificación por categorías que resulta a la vez un serio error epistémico y un enorme riesgo ético y político, como lo advierte Amartya Sen en relación a ese tipo de abordajes en el ámbito global.
Esa incapacidad de advertir matices llevó a este mismo gobierno a un irracional enfrentamiento con un amplio y heterogéneo conglomerado al cual esa decisión interpretativa englobó en una sola categoría, “el campo”, sin advertir que en realidad apostando a segmentar, a diferenciar y proteger a los vulnerables –tal como se propuso ya en el inicio del conflicto desde distintos ámbitos– no hubiera habido siquiera conflicto. Nunca es tarde para corregir los errores, pero cuanto más tiempo se demora en hacerlo, mayor es el daño causado.
Ahora, en una nueva batallita de la Guerra Santa contra Clarín, el proyecto enviado por la Presidenta al Congreso de la Nación propone declarar “de interés público” a una actividad –la fabricación de pasta de celulosa– que el Estado nacional considera oficialmente de alto riesgo contaminante y por la cual durante los últimos seis años mantuvo un severo enfrentamiento con un país vecino. Una muestra del nivel de improvisación con el que se llevan adelante las políticas públicas en la Argentina kirchnerista.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
