D. E.
Siempre tuvo bajo perfil, pero hace casi 34 años que ocupa el mismo cargo. Cuando fue nombrado, recién llevaba un par de almanaques transitando por la profesión y no tenía ningún antecedente en ámbitos judiciales. Su nombramiento no fue casual. El 3 de mayo de 1976, semanas después del golpe de Estado en el país, el interventor de Entre Ríos, el general Juan Carlos Ricardo Trimarco, firmó el decreto 222/76, por el cual se designaron los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Los nuevos siervos judiciales del poder castrense fueron los doctores Carlos Enrique Ferrari, Luis del Corazón de Jesús Enrique Antonio Calderón Hernández, Miguel Ángel Cordini, Raúl Eduardo Aranguren, Juan Carlos Gemigniani y Evaristo Antonio Uriburu. O sea, varios apellidos de Paraná estrechamente ligados al radicalismo. De hecho, siempre se supo de las estrechas vinculaciones del general Trimarco con algunos encumbrados hombres de la UCR y en algunas designaciones de intendentes en Entre Ríos o en los nombramientos judiciales, ello quedaba muy claro.
Dos días después del armado del STJ, se eligió a Ferrari como presidente. O sea, el tío directo de Juan Carlos Ferrari, quien ese mismo año fue nombrado como defensor oficial del Juzgado Federal de Paraná, merced a las relaciones personales del hombre fuerte del STJ con el propio Trimarco. Prácticamente coincidió con el período en que el poder militar cesó en el cargo al juez federal Antonio Ernesto Pintos y en su reemplazo designó al doctor Jorge Augusto Enríquez, recientemente fallecido. En la llegada de Ferrari a la Justicia Federal también tuvo que ver la incidencia de la Iglesia de Paraná, representada en ese momento por el arzobispo y vicario castrense, Adolfo Tortolo.
La subordinación judicial
La Justicia Federal de Paraná concentraba todas las causas relacionadas a las detenciones ilegales cometidas por los dueños del poder y nadie desconocía cómo actuaban los militares por esos días de 1976, 1977 y 1978. Siempre se basaron en las investigaciones del Consejo de Guerra, ese absurdo enjuiciamiento que se hacía de las víctimas, manejado por el personal castrense.
A mediados de la década del ’80, cuando se estaba avanzando con las causas por violaciones a los derechos humanos en el país, el entonces fiscal adjunto de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Juan Varisco Bonaparte –sin dudas, el hombre de la justicia que más investigó el tema-, tenía escrito un borrador al que, en su momento, accedió ANALISIS. Allí decía:
"Los camaristas, los jueces federales, titulares del subrogante, los fiscales, los secretarios, han evidenciado una total subordinación, incluso consustanciación con los postulados del Proceso y con su propuesta para el Poder Judicial, al demostrar un desprecio total por las leyes, las pruebas y los plazos. Prácticamente han aceptado el producir condenas en las declaraciones firmadas a encapuchados y bajo tormentos, que son las mismas que dieron lugar al juzgamiento en Consejo de Guerra”. Llegó incluso a ser muy duro con hombres del propio fuero federal, al recordar que el juez Enríquez había firmado la prisión preventiva “en febrero de 1982, a detenidos en los años 1975 y 1976, haciendo caso omiso de todas las denuncias de tortura formuladas en los primeros años de detención, como así también de las condiciones inhumanas en que vivían los detenidos de los que era responsable por Ley, en las distintas cárceles del régimen”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
