Un cerco más al río

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Privados siguen cerrando el acceso a la playa de Los Arenales

Silvio Méndez

A principios de mes venció largamente el plazo establecido por la Municipalidad de Paraná para que el dueño del country fluvial Amarras del Sol demoliera el murallón –construido por fuera de la reglamentación– que levantó como límite al barrio Los Arenales de Paraná. Como se recordará, a fines de abril, tras una audiencia con autoridades municipales, oficialmente se anunció que establecía un plazo no mayor a 30 días para que Sergio Gregorio Lifschtiz –propietario del barrio privado– derribara o adecuara la enorme pared construida antirreglamentariamente. La intimación para esta ejecución surgió luego de que un grupo de vecinos y ciudadanos autoconvocados en el Colectivo por los Espacios Públicos aducieran la falta de cumplimiento de esta disposición que ya se encontraba pendiente desde diciembre de 2010.

En aquellos días de abril, la secretaria de Planificación comunal, Rosario Romero, volvió a prometer que intimaría a Lifschtiz. De todos modos, lejos de inquietarse, pocos días después, el empresario realizó declaraciones públicas en las que ratificó que no iba a cumplir con la orden de desarmar el paredón y que, en cambio, realizaría pequeñas ventanas en lo alto de la edificación. De acuerdo a lo dicho por el dueño del country, éste era el acuerdo al que realmente había llegado con el intendente José Carlos Halle y Romero, y que las obras de refacción concluirían a principios de junio.

En rigor, en un principio el municipio había adelantado que iba a instruir su total demolición, tal como lo había indicado apuntó el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, en una recomendación de diciembre 2010. Pero luego, la medida original fue mutando a que la gran pared de material fuera reemplazada por un cerco vegetal de estructura metálica.

En verdad, la polémica por este gran paredón que divide el country del barrio de al lado, detonó en octubre del año pasado cuando los propios vecinos de Los Arenales denunciaron la obra por discriminatoria, en una acción que no dudaron en entender era para tapar el “vecindario pobre”.

El muro es verdaderamente impresionante. Se extiende unos 300 metros, paralelo a calle Ayacucho al final, hacia el norte, con una altura que va de los 4 a 5 metros. Está realizado con materiales de primera calidad que, de acuerdo a cálculos hechos por entendidos en la materia, tendría un costo aproximado a los 900.000 pesos. Pero más allá del carácter discriminatorio del emprendimiento y por el cual los vecinos alzaron sus quejas –al privarlos de la vista y el acceso a la costa–, la construcción se realizó en abierta violación a las normativas establecidas en el Código Urbano de la ciudad.

En realidad, esta controversia desatada por las abiertas irregularidades y potestades tomadas por un privado que son acompañadas por la permisividad del gobierno municipal, oculta un conflicto mucho mayor.

Sobre el predio que ocupa Lifschtiz para su usufructo aún se encuentra pendiente de resolución judicial una demanda para que se lo reconozca como de dominio público. Es que el terreno que ocupa Amarras del Sol fue mal vendido por el municipio –y autorizado el country– cuando en realidad su propiedad pertenece al patrimonio provincial. A la sazón, las obras y construcciones sobre esa propiedad, situada sobre la traza del Túnel Subfluvial, podrían poner en riesgo la infraestructura del enlace subterráneo a Santa Fe.

Paso privado

En un nuevo episodio que parece combinar otro avance sobre el uso privado de terrenos de uso público con la permisividad y desidia oficial, recientemente se conoció que un particular cercó el acceso a las playas de Los Arenales, casi en frente de donde termina el murallón de Lifschtiz. Más precisamente, en un sector del borde costero que va entre el punto donde muere calle Ayacucho –ya casi en el río–, en su empalme con El Manguruyú, y en el otro extremo calle Mandubé, que también termina en la costa. De acuerdo a los testimonios recabados por ANALISIS, el sector sería usurpado por Federico Muller y un grupo de inversores que adquirieron lotes sobre el río con la intención de rellenarlos y allí construir un club náutico, con un atracadero privado de lanchas y otras embarcaciones.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, se manifestó preocupada por la situación del transporte público, los servicios como el agua potable y las realidades hirientes por la falta de alimentos en muchos hogares.

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