D. E.
La tensa situación que se vive en el gobierno nacional -a raíz de las cuestionadas medidas económicas y las denuncias por hechos de corrupción- también se traslada a los ámbitos más cerrados de la Casa de Gobierno en Entre Ríos. Todo sigue como si nada ocurriera, pero casi no existen declaraciones públicas y los funcionarios prefieren no mostrarse demasiado. “Es hasta que pase un poco la tormenta”, dicen algunos de los más directos colaboradores de Sergio Urribarri.
No obstante, esos mismos hombres cercanos al gobernador no dudan en remarcar que “están faltando soldados para defender las ideas y las cosas”.
Es como que nadie quiere hablar de la situación política del país ni la provincia. Quizás porque entienden que la palabra “corrupción” va a aparecer en cualquier diálogo y tal vez no tengan demasiadas respuestas. Podrán hablar de medidas acertadas del kirchnerismo, pero será imposible refutar el crecimiento patrimonial abusivo de varios de sus referentes, más aún en una provincia donde pocos olvidan las mansiones de Augusto Alasino o José Ángel Allende; los campos millonarios de Mario Yedro o las cuentas en el exterior de Domingo Daniel Rossi o Eduardo Macri, ni los negociados de Oscar Horacio Mori. El punto en cuestión es que, pese a las causas, las condenas, las investigaciones judiciales, es como que varios poco aprendieron de esos juicios de la historia, que marcaron a fuego a una provincia que se enroló en las prácticas menemistas, pese a que habían jurado y perjurado nunca ingresar por esos caminos de la ostentación, a partir del mal uso de los dineros públicos. Los nichos de corrupción siguen existiendo; los crecimientos patrimoniales de algunos funcionarios son una realidad al igual que las cuentas en el exterior y los negocios con testaferros también. Aunque duela, es lamentablemente así.
Quizás sean los menos de un largo listado, pero existen. El gran problema (más allá de la actitud de aquellos que prefieren usar del poder para sus intereses y no para beneficio de la gente) sigue siendo la falta de controles públicos y la inexistencia de una oposición y de funcionarios judiciales decididos a investigar y pararse frente al poder, a partir de la estructura y el presupuesto que disponen. Con el tiempo quedó claro que un organismo como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) –que en su momento apoyó con su voto el hoy fiscal de Estado- fue el único que pudo avanzar en hechos de corrupción en el Estado, que terminaron con condenas o procesamientos.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 16 de mayo de 2013)
