Antonio Tardelli
¿Podría en estos días finales la Presidenta de la República, en ejercicio de atribuciones legítimas aunque desprovistas de coherencia respecto de sus propios actos, avanzar en la instrumentación del 82 por ciento móvil para los jubilados argentinos? Podría hacerlo. También podría, en tal caso, asomarse al Patio de las Palmeras, proclamarse la heredera natural de Eva Perón, improvisar un discurso acerca de la sensibilidad social de su gobierno y recibir el reconocimiento acrítico de sus bisoños seguidores. Podría hacerlo, perfectamente.
Sería oportunista. Y políticamente sospechoso. Pero exactamente eso, enancarse en un fallo judicial que reconduce una situación en dirección contraria a la orientación de los últimos 12 años, es lo que ha hecho la jefa de Estado al refrendar un decreto de necesidad y urgencia que devuelve a las provincias el 15 por ciento los fondos coparticipables que el peronismo menemista, de la que ella y su esposo fueron engranajes, les rapiñó durante la década de los noventa.
Es ostensible la intención de la Presidenta de dedicar los días finales de su administración a menesteres que no sólo le complicarán la vida a su sucesor, Mauricio Macri, sino que contribuyan también a plasmar más nítidamente los perfiles históricos que pretende para sí. En un país que escoge como presidente a un poderoso empresario, la jefa de Estado reivindica para ella, con un nivel de mezquindad impropio de los verdaderos estadistas, el lugar de abogada de los oprimidos que su gestión no escogió de manera constante.
En cualquier caso, el decreto fue su modo de aportar al nuevo escenario institucional que abrió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ordenar al gobierno nacional que deje de descontar a tres provincias aquellos porcentajes de exacción. Se trata de una resolución jurídica de efectos políticos evidentes: dibuja en la materia un estado de cosas absolutamente novedoso. La demanda de recursos de las provincias, siempre postergadas, ha sido alimentada con un pronunciamiento de efectos tan claros.
El fallo constituye una gran noticia para todas las provincias y para el sistema institucional todo, lo que desde ya incluye al poder central: avanza en la reparación de una arquitectura estatal que, con aquella redistribución de ingresos en favor de la Casa Rosada y en desmedro de los gobernadores, fue perdiendo sentido democrático y alejó a los ciudadanos de los centros de decisión. También es cierto que resultó sugestivo el momento en que la Corte alumbró su resolución.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del jueves 3 de diciembre de 2015)
