Antonio Tardelli

Con sus componentes institucionales, laborales y previsionales, la discusión fiscal de estos días constituye una delicada operación de redistribución. Sólo eso será al menos hasta el momento en que la batería de medidas impacte sobre la economía real y desencadene –si es que todo resulta como calculan en el Palacio de Hacienda– los efectos virtuosos que promete: el crecimiento de la actividad y el empleo. Se trata de los dos pasos hacia adelante que, se alega, sucederán inevitablemente al retroceso de hoy. Por lo pronto, la operación puede ser vista como un gran sistema de vasos comunicantes: se advertiría allí, por ejemplo, cómo el recipiente de la provincia de Buenos Aires incrementa su volumen, cómo el del resto de las provincias permanece inmóvil y cómo el de los jubilados empieza irremediablemente a descender.

Es que la Casa Rosada y los gobernadores (en términos políticos, Cambiemos y el peronismo con responsabilidades de gobierno) se han puesto de acuerdo para que el intento de equilibrar parcialmente las cuentas públicas no golpee demasiado sus respectivas finanzas. La política transfiere los problemas a la Ansés, afectado por diferentes vías su flujo de recursos, y también a los actores sociales y productivos alcanzados por las nuevas disposiciones tributarias. En ese plano surge ya mismo el interrogante respecto de cómo compensarán las provincias, y particularmente Entre Ríos, lo que en el futuro dejen de percibir en virtud de las proyectadas disminuciones graduales de Ingresos Brutos y Sellos. Promete el gobierno de Gustavo Bordet que el Impuesto Inmobiliario sólo se actualizará según la inflación, mas habrá que esperar para verlo.

En todo caso, la Argentina no genera riquezas en una proporción tal que la mejora relativa de un sector no comporte pérdidas para otros. Es, en ese sentido, un constante juego de suma cero. Se dice que la marea empuja hacia arriba a todos los barcos pero no es lo que ocurre en la Argentina. Para no asfixiar a las provincias, se recorta por el lado de los jubilados. O a la inversa. Para financiar un área desfinanciamos otra. Para que ganen unos, otros deben perder. El procedimiento lesiona la idea de conjunto. Daña la dimensión colectiva. Y circunscribe la política a una puja de sectores que entre sí se arañan para conservar lo propio.

(Más información en la edición gráfica número 1071 de la revista ANALISIS del jueves 23 de noviembre de 2017)