Antonio Tardelli
Se sabe que los revolucionarios pueden devenir en policías. La Argentina de 2019, que se enamora de los equilibrios y reniega de las radicalizaciones, no alcanza para tanto: cuenta más policías que revolucionarios. Se debe pensar, entonces, en términos más discretos. Los progresistas (ya que no revolucionarios) mutan en censores. Los reformistas se vuelven comisarios. Importa nada si la idea es esbozada por un humorista o por un intelectual. Importa menos si son muchas o pocas las posibilidades de que uno u otro aterrice en una poltrona oficial. Alarma, sí, que más cerca o más lejos de los gobernantes posibles merodeen ideas de semejante naturaleza en las que se dejan ver una serie de valores claramente antidemocráticos.
Es, en fin, una expresión del retroceso. Dady Brieva, genuino militante peronista, cree necesaria constituir una Conadep del Periodismo. La idea, tan original como inconsistente, hace agua por todas partes. Conadep es el acrónimo que identifica a la histórica Comisión Nacional para la Desaparición de Personas que el Presidente Raúl Alfonsín conformó en los ochenta para la recepción de denuncias contra integrantes del aparato criminal que la dictadura puso en funcionamiento para desplegar el terrorismo estatal. La Conadep, integrada por reconocidas personalidades de diferentes ámbitos, recopiló un material decisivo para la posterior sustanciación de las causas judiciales correspondientes.
Lo que a esta altura importa recordar es que se trató de una comisión impulsada políticamente no para perseguir particulares sino para alentar el esclarecimiento de delitos que se habían consumado desde el aparato del Estado. He ahí su trascendencia ética y su relevancia histórica: el Estado democrático venía a reparar, en la medida en que tal cosa era posible, el daño que el gobierno de facto había cometido desde su congénita ilegalidad. El Poder Judicial del Estado de Derecho, independiente de los otros poderes, juzgaría a quienes ejercieron la suma de poder público desatando una represión sin ley. Los militares, que por fuera de todo marco normativo se habían convertido en gobernantes, debían pagar por sus pasadas acciones.
(Más información en la edición número 1099 de ANALISIS del jueves 27 de junio de 2019)
