Antonio Tardelli
Desde septiembre de 2020 el gobierno de Entre Ríos comenzará a percibir un canon que le deberá abonar quien por entonces sea su nuevo (o renovado) agente financiero. En efecto, la obligación de afrontar un pago que a partir de ahora asumirá el banquero privado constituye la novedad más saliente de los pliegos de la convocatoria que por estas horas ocupa a buena parte de los miembros del gabinete. De hecho, el gobernador Gustavo Bordet firmará este fin de semana el decreto por el cual el Poder Ejecutivo llama a una licitación pública para saber si el Grupo Eskenazi seguirá administrando o no, desde el Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, los recursos del Estado provincial, un pingüe negocio que controla desde hace quince años.
A diferencia de lo que sucede en otras provincias, en Entre Ríos el agente financiero no le abona nada al Estado por alzarse con una actividad muy redituable: la administración de las cuentas oficiales, la percepción de los tributos y la posibilidad de comercializar productos a una clientela compuesta por decenas de miles de usuarios. El contrato que actualmente vincula al gobierno con el Nuevo Bersa establece que la entidad percibe una comisión por las diferentes operaciones en las que está involucrado el Estado. Por ejemplo, el pago de las remuneraciones que liquida el sector público.
Únicamente una cláusula limita hoy las utilidades del agente financiero: es la que estipula que la retribución acumulada durante un año calendario no puede incrementarse al año siguiente por encima de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Si la rentabilidad del banco sobrepasa ese indicador, las ganancias adicionales deben ser giradas a las arcas oficiales. Es lo que ha ocurrido con elocuente frecuencia: en los últimos años solamente una vez el aumento de las utilidades del agente financiero del gobierno estuvo por debajo del crecimiento de la economía nacional.
(Más información en la edición gráfica número 1111 de la revista ANALISIS del jueves 4 de junio de 2020)
