Los persistentes incendios en las islas de Victoria han desnudado las prácticas extractivistas a las que se viene sometiendo este vasto territorio del Delta. La búsqueda de alguna respuesta al origen de las quemas ha llevado a que queden expuestos los nombres de quienes han levantado kilómetros de diques desde hace más de una década con fines productivistas sobre un área protegida. Los enormes muros, sin control alguno, no han hecho más que ir secando los humedales de tal modo que hoy quedan a merced de la extrema sequía y las llamas. Los datos y los responsables de estos grandes endicamientos han sido identificados hace años, pudo confirmar ANÁLISIS, sin que hasta ahora se haya podido avanzar en demolerlos.
Silvio Méndez
El pasado 10 de octubre, en un hecho que registra pocos antecedentes, un juez Federal desembarcó en el Delta del Paraná. Lo hizo siguiendo las sospechas que “alguien mentía” en relación al cumplimiento de una medida que había dispuesto. Daniel Edgardo Alonso, titular del Juzgado Federal 2 de Paraná, había mandado retirar maquinaria pesada de un lote donde se había pillado la realización de trabajos de construcción de un gran terraplén. Se movilizó a instancia de organizaciones ambientales que antes habían advertido de estas maniobras prohibidas. El levantamiento de la muralla se realizaba a pesar que se había notificados en dos oportunidades a los ocupantes de esos terrenos para que desistieran de la actividad. Asimismo, en un caso puntual se había ordenado retirar una retroexcavadora y un tractor usados para estas tareas.
Esta intervención se enmarcó en una decisión del juez Alonso que el 1 de julio pasado dispuso “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema” del Delta. Lo hizo a partir de una demanda del Foro Medio Ambiental San Nicolás y la Asociación Civil Cuenca Río Paraná que solicitaron en un amparo el cese, la recomposición del daño y la indemnización si correspondiese por las quemas en las islas. Los incendios que tienen a mal traer la zona desde principios de año abrieron esta causa civil, identificada como “la demanda ambiental” para diferenciarla de la penal, y en ella dictó la restricción para alterar el terreno.
Pero el magistrado primero recibió la denuncia de los ecologistas y luego las actas de constatación de que los endicamientos, así como otros movimientos irregulares persistían a pesar de su orden. Es por eso que, como se mencionó, expresamente notificó a los responsables de los lotes donde se efectuaban estas faenas y mandó retirar los vehículos pesados. Luego envió una delegación de Prefectura Naval Argentina para controlar que fuera así. Prefectura fue precisamente a lo que se conoce como Legado Deliot, a la altura del kilómetro 13 de la ruta 147 que une las ciudades de Victoria y Rosario. Allí, al sur de la traza, se encuentra un predio en el cual el ganadero Enzo Rómulo Mariani levantó 14 kilómetros de murallas que rodean un polígono en donde engorda ganado bovino, unos 1.500 vacunos. Prefectura fue y no vio nada, pero las sospechas quedaron latentes. Es así que esta vez con asistencia de Gendarmería Nacional y la Delegación de Islas de la Municipalidad de Victoria, Alonso se apersonó este sábado en el lugar para buscar las maquinarias que según le habían pasado el dato habían sido escondidas. Luego de recorrer el terreno y a pesar del intento de ser despistados en su atención por el propio mandamás del lugar, el operativo encontró las máquinas que se habían ordenado retirar camufladas bajo un monte.
Dueños del fuego
No es la primera vez que Mariani se ve envuelto en una polémica con alguna maniobra reñida con la ley. Tampoco es el único. Justamente estas derivaciones por la conflictividad por incendios han desempolvado que la construcción de terraplenes es una actividad en las islas que desde hace años ha sido denunciada por grupos ambientalistas. Ahora se comprueba que su impacto en el daño es mayor. Al cortar los escurrimientos naturales de las aguas, estas mega obras secan artificialmente bañados, arroyos, lagunas y riachos sin ton ni son. Así, además de alterar la topografía y biodiversidad que convive en el humedal, en períodos de sequía como el actual, priva de contar con un “cortafuego natural” de los incendios. Por otra parte, esta desertificación contribuye en el aporte de materia orgánica muerta y seca que queda depositada como un sustrato combustible muy fácil de arder. Los terraplenes son el cóctel explosivo para las quemas.
(La nota completa en la edición 1115 de la revista ANALISIS del jueves 15 de octubre de 2020)
