El exdiputado oficialista Diego Lara asumió al frente del Tribunal de Cuentas. Hubo nombramiento de nuevos funcionarios y reasignación de tareas para los flamantes fiscales. También, duras críticas a Gea Sánchez y promesas de mayores controles, que habrá que ver si se cumplen.
D.E.
Diego Lara llegó finalmente al Tribunal de Cuentas. El exdiputado provincial del PJ prometió transparencia, más controles, pidió que “Dios y la Patria” se lo demanden si fallan en su rol, en ese latiguillo histórico de todo funcionario, que después, en su gran mayoría, olvidan, apenas logran una porción de poder. Pero no dio ninguna directiva a sus nuevos subordinados.
Solamente mantuvo reuniones con sus compañeros de staff en la conducción del TdC, el histórico José Luis Gea Sánchez y la contadora María Moia, de carrera en el organismo, puesto que ingresó a fines de 1987, cuando el presidente era Marcelo Dearo, militar retirado, que antes había estado en la Caja de Jubilaciones. Moia es hermana del juez Ángel Moia, el magistrado que suspendió la Ley de Emergencia en uno de sus fallos recientes y generó una dura reacción en el oficialismo. La nueva vocal ingresó a ese puesto por concurso, beneficiada por la ley de paridad de género, ya que había quedado tercera en el orden de mérito. Los más conocedores indican que no tiene ninguna vinculación con el oficialismo, sino más bien con sectores del PRO de la capital entrerriana.
Si bien algunos esperaban que se reuniera con el expresidente del TdC, Federico Tomas -que fuera su rival en el último concurso-, ello no se concretó. Tomas, de hecho, por ser de carrera e ingresado en tiempos de Hugo Molina -quien fuera nombrado por Jorge Busti en 1989-, retornó a su antiguo lugar, en Asuntos Jurídicos, en el viejo edificio de Andrés Pazos y Corrientes. Lo que sí pidió con cierta urgencia Lara fue el listado de aquellos integrantes del organismo ya jubilados y aún en funciones, como así también los que ya están en condiciones de acogerse a la clase pasiva. La idea de Lara sería avanzar en ese sentido, para que haya nuevos lugares y se ubique a gente de su estricta confianza. Casualmente, ese listado está encabezado por Gea Sánchez, nombrado por Mario Moine poco antes de terminar su mandato, en 1995 y también lo integra la fiscal de Cuentas Susana Martínez Lacabe, a quien se considera una mujer crítica y alejada del gobierno actual. También se encuentra en la nómina una jefa de auditores y por lo menos tres contadores. De los primeros solamente podría aceptar su retiro la fiscal mencionada, pero nada indica que Gea Sánchez opte por una salida del organismo de control.
Lara también firmó los nombramientos de tres funcionarios, como secretario de los vocales. Tales los casos de Ana Baumann, oriunda de Santa Fe, que saliera cuarta en el concurso y es considerada una profesional con “buena relación” con la ministra de Gobierno, Rosario Romero. La otra mujer incorporada es Clara Basa, quien cumplía funciones en Fiscalía de Estado y muy allegada a su titular, Julio Rodríguez Signes. Y el tercero es Damián Zof, oriundo de Lucas González, quien ingresara a la administración pública en 2006, antes de finalizar la última gestión bustista.
(La nota completa en la edición 1117 de la revista ANALISIS del jueves 17 de diciembre de 2020)
