En Paraná también crece el mercado de las criptomonedas y las monedas digitales. Hay muchos que se introducen legalmente, y otros que las utilizan como inversión y medio de cambio y pagos para actividades delictivas como el narcotráfico, el lavado y la evasión. Las investigaciones policiales y judiciales, hasta ahora, se han frustrado ante la ausencia de huellas de quienes utilizan estos medios. Entre Ríos ha sido pionera en incorporar la actividad relativa a las monedas digitales en el nuevo Código Fiscal, mientras se trabaja (tanto ATER con AFIP) para alcanzar a quienes explotan este mercado. El caso de Nicolás Lorenzón y su minería oculta.
J.A.M.
Pese a la crisis que arrastra el país hace más de una década, no deja de haber ganadores dentro del sistema y, por lo tanto, mucho dinero dando vueltas. Muchos de ellos corren hacia el dólar y buscan sacar los billetes verdes del país; otros perciben sus ganancias en la moneda estadounidense y no saben cómo hacer para traerla sin que pase por el filtro impositivo y la conversión a pesos del Banco Central. En este panorama, crece el mercado de las monedas digitales, tanto de personas que invierten y comercian legalmente, como también de quienes trabajan en un margen obscuro para los inspectores de las agencias gubernamentales, donde las huellas de cada transacción son imposibles de rastrear, gracias a otro rubro digital: las plataformas y aplicaciones financieras. Se trata de un terreno donde acuden, cada vez más, dos tipos de personas: los que quieren evadir impuestos y los que pretenden lavar el dinero proveniente de actividades delictivas. En ese margen, se encuentran los intermediarios del circuito financiero, los que pretenden obtener ganancias en criptomonedas resolviendo algoritmos y ecuaciones en sus casas y los que tienen bolsos repletos de billetes de dudosa procedencia.
Sobre este último punto, se informó a ANÁLISIS que hay algunas investigaciones policiales y judiciales en curso en Entre Ríos sobre narcotraficantes que se están volcando a las criptomonedas para lavar las montañas de dinero que ganan con la venta de drogas, y también para pagarles a sus proveedores. Pero no es fácil perseguirlos: el anonimato y la desregulación de las plataformas donde se compran y venden esos activos constituyen un agujero negro que les facilita las cosas a los narcos y se las complican a los que buscan identificarlos y llevarlos ante la Justicia.
En Argentina hay una sola condena por lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de criptomonedas. Se trata de Emanuel García, el especialista en la materia que cambiaba monedas digitales por dólares a narcos mexicanos y que cayó justamente por ser parte de la operación más grande de contrabando internacional de cocaína (el caso de las “bobinas blancas”). El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca lo sentenció a cinco años de prisión. En Entre Ríos hubo personas radicadas en la provincia, que fueron imputadas por el uso de Bitcoin para comprar éxtasis en Europa, y procesadas en Jugados Federales de Capital Federal. Fueron dos causas que se originaron en lo que habría sido un mismo pedido de pastillas a Países Bajos en el año 2017, pero que llegaron en distintas encomiendas, con destino a la localidad de Libertador San Martín, Departamento Diamante.
Una fue detectada por el personal de la Aduana a mediados de mayo y otra un mes después. En total hacían unas 150 pastillas de MDMA. En el primer caso, una joven brasileña estudiante de la Universidad Adventista del Plata fue sobreseída, porque no se demostró que desde su computadora se hubiera hecho el pedido; en el segundo, un joven estudiante de Administración Financiera fue procesado y en mayo de este año se confirmó esta medida, por lo que iría a juicio por el intento de contrabando de droga.
(La nota completa en la edición 1135 de la revista ANALISIS del jueves 20 de octubre de 2022)
