Las escandalosas fiestas con fuegos artificiales y bengalas en las islas del Delta volvieron a evidenciar la falta de controles en estos territorios vulnerables. Sobre los humedales entrerrianos rigen una cautelar judicial que prohíbe acciones que conlleven riesgo de incendios, así como están suspendidos los eventos y espectáculos públicos por resolución de la Municipalidad de Victoria, aunque la comuna no posee vehículos náuticos para la fiscalización. Ahora, la Justicia Federal comenzó a notificar a los responsables de los paradores donde se hacen las raves y abrió expedientes por “desobediencia judicial”, indicaron a ANÁLISIS. Hubo queja formal de un empresario del entretenimiento, pero se confirmó el amparo vigente.
Silvio Méndez
Como en tiempos anteriores a la pandemia, este verano “estallaron” las fiestas en las islas del Delta entrerriano. Las convocatorias se realizan en paradores costeros y balnearios en jurisdicción de la ciudad de Victoria, a pocos minutos por agua de la vecina Rosario, de donde son en su mayoría sus administradores. Pero este tipo de reuniones quedaron dentro de las actividades restringidas luego que se establecieran medidas precautorias de estos territorios sometidos a devastadores incendios desde hace tres años. Desde entonces el humedal padece de una prolongada sequía y bajante extraordinaria del río Paraná, que lo ha tornado muy vulnerable.
Con los focos ígneos ya desbocados, a mediados de 2020, la Asociación Civil Cuenca del Río Paraná de Rosario y el Foro Medio Ambiental de San Nicolás, se presentaron ante el juzgado Federal de Paraná donde realizaron un pedido de “acción preventiva de daños ambientales” y una “medida cautelar inaudita” con carácter de urgencia por estos incendios en las islas entrerrianas de la zona de Victoria. La demanda apuntó a quienes resultasen responsables –propietarios y arrendatarios– por “el daño al ambiente y la salud pública” generados por “la quema de 25 mil hectáreas en las islas del Delta del río Paraná”, según estimaron en ese momento. Se trata de una demanda civil que tiene como carácter la “acción preventiva de daño ambiental”, explicó el abogado Fabián Maggi. Como consecuencia, avanzado el expediente, se deberían compensar los deteriores remantes o los culpables pagar una indemnización.
La solicitud de las entidades socio ambientales fue admitida y en una resolución sin precedentes, el juez Federal Nº 1 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso –en ese tiempo tenía jurisdicción sobre Victoria–, dispuso el 1 de julio de 2020 “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en esa zona de humedales. La restricción alcanza toda actividad en las islas que genere riesgos de incendios, con especial énfasis en la generación de terraplenes que alteren el natural drenaje de las aguas, que muchas veces sirven de cortafuego natural. Pero en estas limitaciones también caben otras intervenciones que perturben este ecosistema que se encuentra resguardado por ser declarado área natural protegida por la Ley Nº 10.671 de 2019 y que el gobernador Gustavo Bordet reglamentó este año, tal como lo anunció en la apertura del presente período legislativo.
(La nota completa en la edición 1138 de la revista ANALISIS del jueves 2 de marzo de 2023)
