Julio Piumato, secretario de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y secretario de Derechos Humanos de la Confederación General de Trabajo (CGT), estuvo en Paraná. En la Cámara Federal de Apelaciones de calle 25 de Mayo, mostró cómo se está cayendo la mampostería y pidió que se declare la emergencia judicial.

El dirigente sindical de la CGT, se movió por las oficinas de planta baja de la Cámara Federal de Apelaciones como si fuera su casa. Un reducido grupo de medios lo acompañó de un lado para otro, observando cómo se está cayendo cemento del techo.   

En rueda de prensa, alertó por las condiciones de trabajo en la Justicia Federal y las calificó de “imposibles”. “El 80% de los edificios, si estuvieran en manos de privados, estarían clausurados porque no reúnen condiciones de salubridad ni seguridad que exige las normativas vigentes”, aseguró.

Ciertamente, en el despacho de Presidencia de la Cámara Federal de Apelaciones se desplomó buena parte del cemento que recubre los ladrillos y compone la última capa de la loza. No ocurrió en horario laboral. Dijo Piumato que los pedazos cayeron sobre el escritorio.   

“Esto pasa en todos lados, la carencia de insumos por ahorro presupuestario de la Justicia hace imposible el funcionamiento. A esto hay que sumarle el sistema de gestión informática que tendría que permitir la aceleración de los juicios pero como está colapsado por falta de inversión desde hace más de diez años, directamente es un calvario para el judicial, para la gente que espera justicia y retarda los juicios”, reclamó.

En Paraná 350 y en Entre Ríos unos 2.500

Otro de los puntos de la demanda sindical es la cantidad de personal. Según se indicó a ANÁLISIS, la Justicia Federal tiene unos 350 empleados en Paraná y en toda la provincia son 2.500 aproximadamente. “El número de causas ha crecido exponencialmente. Acá en Paraná los expedientes están por todos lados. Ese crecimiento no se acompañó con la incorporación de personal”, aseguró el sindicalista.

Los creados que no funcionan

Hace ocho años que está creado el Juzgado Federal en Victoria pero no se pone en funcionamiento. En Gualeguaychú se aprobó el concurso y en Concordia también. “Si vas a esos lugares falta personal. Al igual que en los dos juzgados de Paraná. No hay servicios de limpieza. Entonces la gente de mantenimiento hace las funciones de las empresas de limpieza porque no se les paga. Es como el dominó, una cosa voltea todo”, acotó.

Por último, consideró que en el edificio que era del Comando del Ejército, ubicado en calle 25 de Mayo, al frente de la Cámara, podría ser “un polo judicial”. “Si se vende el edificio de calle Urquiza que tiene salida a dos calles, se financia casi toda la obra que hay que hacer ahora. Hay que tener sentido común”, pidió.  

“La Cenicienta de los otros poderes”

“Todo este cuadro se retrató con fotos e informes y se envió a la Cortes Suprema y al Consejo de la Magistratura. Hay un informe que da cuenta con precisiones técnicas el cuadro de situación. Además hubo una importante presentación de la Junta de Cámaras de todo el país poniendo sobre el tapete todo esto. Si no se decreta la emergencia judicial, será imposible revertir esta situación. Por eso planteamos un plan trienal para no seguir emparchando como se está haciendo en Paraná y en muchos lugares del país”, aseveró Piumato.

Luego comparó al Poder Judicial Nacional como “la Cenicienta de los otros poderes”. “Esto es tremendo porque el Poder Judicial tiene una función que es controlar a los otros poderes del Estado y es la última expectativa para el ciudadano común frente a un derecho conculcado”, dijo.

La política “le echa la culpa a la Justicia”

En sentido similar aseguró que “ante el fracaso, el Poder Político le echa la culpa a la Justicia porque es lo más fácil”. “Si le preguntás al ciudadano quién es el responsable de la inseguridad te dice la Justicia, pero los verdaderos responsables son las fuerzas de seguridad que dependen del poder político. Porque la Justicia interviene en la consecuencia”, se quejó.

“Hoy por hoy el gobierno necesita un Poder Judicial que se olvide de la Constitución y sea funcional a las exigencias que vienen desde afuera para voracidad y saqueo de las riquezas del país y que pasan por la violación de derechos constitucionales. No quieren los gobiernos un Poder Judicial independiente que garantice los derechos constitucionales. Esta es una acción de los poderes de turno con complicidad de algunos medios. Si los medios salieran a mostrar en qué condiciones presupuestarias trabaja la Justicia, en qué condiciones están los edificios, o el sistema informático. No hay ninguna oficina administrativa de los tres poderes del Estado que tenga mayor eficiencia que la oficina judicial. Esto se debe al volumen de trabajo que cada persona desarrolla en una jornada laboral. Esto es un valor destacable pero no quiere decir que todo ande bien en la Justicia y todos los jueces sean buenos”, aseveró.

“El Poder Político tendría que garantizar la independencia de la Justicia. Lo vimos con el gobierno anterior, lo vemos con este gobierno: lo que quieren es una justicia de rodillas. Pero necesitamos independencia. A ningún gobierno le gusta y menos al Fondo Monetario Internacional (FMI)”, remarcó.

Asimismo, afirmó que “este gobierno hizo un golpe de Estado prácticamente para cambiar la Presidencia de la Corte y después privó el sentido de pertenencia y de responsabilidad institucional con el lema de una justicia independiente. Hoy la Corte está demostrando independencia y le molesta al poder político. Tanto así que unos plantean eliminar el Poder Judicial y otros plantean ampliar el número de miembros de la Corte para tener una Corte dócil”, subrayó.  

Una seccional en el Poder Judicial de la provincia

En otro tramo del diálogo con los medios, Piumato dijo que “se está armando una seccional en el Poder Judicial de la provincia”. Habló de la ley de enganche del con la Justicia nacional. “Hay muchos judiciales que quieren sumarse para fortalecer el gremio nacional por eso se están organizando y vinimos a darles el apoyo”, acotó.

“Cuando hay que exonerar a un juez, se les aceptan las renuncias”

“Nuestra organización es la que más jueces malos ha denunciado. Muchas veces son protegidos por el poder político y otras veces, como pasó con este gobierno, cuando se acumulan las pruebas para desafectarlos de la función judicial y exonerarlos, renuncian. Este gobierno le aceptó la renuncia a (Norberto) Oyarbide o (Carlos) Rozanski o tantos otros a quienes los argentinos tenemos que pagarles la jubilación, cuando había pruebas para demostrar que fueron malos jueces”, arremetió.