Por Nicolás Wiñazki
Publicado en diario Clarín

La fiscal General Fabiana León, titular de la Fiscalía General N° 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, tiene décadas de experiencia en la práctica más cruda del Derecho: el mano a mano con delincuentes peligrosos, o inocentes, en largos días de audiencias, con ellos a metros de distancia. Es su trabajo.

El viernes pasado, terminó de leer el veredicto en el juicio oral por un desprendimiento de la causa madre de corrupción en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Junto a los magistrados del Tribunal Oral, condenó a cuatro años de prisión al primer empresario de relevancia vinculado al matrimonio Kirchner que tiene pena de cárcel, el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Lascurain, entre otros protagonistas en ese proceso. Algunos son ex funcionarios que ya pasan sus días en un complejo penitenciario, como el ex interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna.

León sintió entonces que algo había cambiado en los Tribunales de Comodoro Py. Mientras se iba de la sala de audiencias, como tantas otras veces, después de tantos otros juicios y otras condenas, escuchó gritos. Insultos. Amenazas. Eran para ella. “¡Hija de puta!”. “¡Cara de piedra!”. “¡Ya vamos a volver!”. “¡Vamos a volver!”. León llevó a la cárcel a jefes de secuestros extorsivos o narcotraficantes, entre otros criminales de fuste.

Nadie la había insultado nunca de ese modo. Jamás le advirtieron, desde el entorno de los condenados, que volverían al poder. “¡Hija de puta!”. “¡Vamos a volver!”, le insistieron parientes o amigos de los nuevos condenados K. No están identificados.

Ella determinó que Lascurain debía ser condenado a cuatro años de cárcel, que no se cumplirán de modo efectivo hasta que la sentencia esté firme, debido a que una de sus empresas cobró del Estado 50 millones de pesos para construir una ruta en Río Turbio. La obra no empezó pero la plata no volvió a las arcas públicas.

La fiscal vive momentos especiales. Hace varios meses que le pide custodia al gobierno. No obtuvo respuesta. León colabora desde el Ministerio Público en casos sensibles de corrupción, como el expediente Cuadernos de las Coimas, entre otros.

Esa condena, tras la instrucción de la causa que hizo el fiscal Carlos Stornelli y el juez Luis Rodríguez, fue una excepción en Tribunales desde que se conoció el resultado de las PASO.

Desde esas elecciones, que no eligieron nada pero que tuvieron un peso simbólico indudable, fueron excarcelados varios presos K. La mayoría volvió a la calle por orden de la Sala I de la Cámara Federal.

Esos nuevos ex presidiarios son el primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner; los empresarios de rubros múltiples con negocios privados con los Kirchner, Cristóbal López y Fabián De Sousa; el titular de otro holding muy diversificado, el accionista de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra; el ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas; el ex líder del grupo de choque Quebracho y nexo en la Argentina con el Régimen de la República Islámica de Irán, Fernando Esteche.

A ellos se suma un absuelto en un juicio por un crimen de lesa humanidad que se resolvió dos días antes de las PASO.

El ex jefe del Ejército Gerardo Santos del Corazón de Jesús Milani. Y otro liberado “K” más, el último, por ahora: uno de los testaferros confesos de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de los Kirchner, otro magnate que gozó de una megafortuna conseguida en los años de apogeo de poder de sus jefes, llamado Carlos Temísclotes Cortés.

Si los tiempos de tribunales se identificaran en etapas, se podría decir que acaba de pasar la de los “liberados K”. Y que empezó la de las acciones contra los funcionarios de Mauricio Macri.

El viernes se conoció que el juez federal Luis Rodríguez citó a declaración indagatoria al ex ministro de Energía de la Nación, Juan Aranguren, en una causa que empezó a instruirse hace tres años. Fue tras una denuncia presentada por un diputado K cercano a Cristina Kirchner, Rodolfo Tailhade.

Aranguren está imputado por posibles incompatibilidades en su cargo debido a que se habría beneficiado a sí mismo ordenando desde el Estado la compra de gas a la petrolera Shell, de la que él fue CEO. Él se quedó con acciones de esa compañía durante un tiempo como funcionario.

En ese mismo caso, el mismo juez también llamó a indagatoria a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, supuestamente por haber cometido del delito de encubrimiento: el magistrado cree que ella evitó investigar a Aranguren.

También trascendió que el juez Sebastián Casanello procesó a un ex funcionario que tuvo el control del llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ese organismo, Luis María Blaquier. Está acusado de haber cometido negociaciones incompatibles con la función pública, por comprar acciones con dinero del ente público, cree la Justicia, para beneficiar a empresas supuestamente ganadoras con esa adquisición. Este expediente también empezó a instruirse hace tres años.

Se empezaron a despertar expedientes que antes dormían. Son cuestiones que alteran la atención en los tribunales. Igual que las excarcelaciones a repetición de presos K.

La mayoría de esos ex reos volvió a la libertad por decisión de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Siempre de acuerdo a fuentes judiciales, la fiscal León escribió un dictamen en contra de la liberación de Carlos Temísclotes Cortés. El texto enumera los bienes y cuentas millonarias que el excarcelado tuvo y tal vez tenga aun en países como Suiza o los Estados Unidos. Para la fiscal, la caución de 30 millones de pesos (500.000 dólares) que se le impuso a Cortés era “exigua”. El escrito impactó en los tribunales.

Ocurre que otros presos en la causa de Cuadernos K, como el abogado Miguel Ángel Pló, asesor financiero de la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, igual que su yerno, Federico Zupicich, se habían sumado a los antes exitosos pedidos de excarcelación.

León describió su rechazo a la liberación de Cortés argumentando variables como ésta: “Entiendo que la investigación no está totalmente agotada...”, explicó, y redactó que aun faltaría tomar más medidas de prueba. Esta etapa demuestra, según ella, la necesidad “de reducir al máximo la posibilidad” de que Cortés “pueda entorpecer” esas acciones.

En un caso excepcional, los mismos jueces que liberaron a Cortés se negaron a excarcelar a Pló y Zupicich citando el dictamen de la fiscal León. El abogado Pló tiene vínculos personales con Rodríguez, quien investigó a la viuda de Muñoz, que a su vez lo acusó de haberle exigido una coima para garantizarle paz judicial, cuestión que se está investigando.

La fiscal León es una de las encargadas de elevar a juicio oral la causa Cuadernos. Fue criticada por los máximos referentes del kirchnerismo: la acusaron de usar una cuenta de Twitter para criticar a la ex presidenta Cristina Fernández. Esa cuenta no era de ella, denunció la fiscal. E inició una demanda. El primer perito informático que le tocó para demostrar su posición fue el procesado por ser considerado partícipe necesario del crimen de Alberto Nisman, Diego Lagomarsino. León se sorprendió con la novedad. Y volvió a hacer una denuncia. Lagomarsino ya no es más su perito. Una fiscal general exigió que las autoridades tomen las acciones para cuidar su integridad física.

Es un hecho de gravedad institucional. León nunca se asustó por las consecuencias que podía generarle su trabajo.

Hasta ahora.