Dos policías condenados por armar una causa y "plantarle" un arma a Brian Farías

Comisaría 12

El hecho ocurrió en la Comisaría 12, ubicada en el barrio Lomas del Mirador.

Dos policías de la comisaría 12ª de Paraná le armaron una causa a un joven que había ido a reclamar que le devolvieran sus pertenencias que le habían sacado en una detención días atrás. Lo arrestaron ilegalmente en la dependencia ubicada en el barrio Lomas del Mirador e informaron a la Fiscalía, con actas mediante, que el mismo había sido detenido en la calle con un arma de fuego. El joven denunció que esto no era cierto y en la investigación se pudo conocer la maniobra de los uniformados: Claudio Ramírez y Alan Yfran le plantaron un arma de fuego que tenían en el cajón de un escritorio y reportaron a la Justicia un hecho falso.

Por esto ambos fueron condenados ayer tras un acuerdo de juicio abreviado, a las penas de un año y dos años respectivamente de prisión condicional. Ramírez, por el delito de Falsificación de instrumento público; e Yfran, por Privación ilegal de la libertad y por Tenencia de arma de fuego.

El fiscal que investigó el hecho, Juan Francisco Ramírez Montrull, informó a Uno Entre Ríos: “Este fue un hecho que se inició en 2017, donde empezó la investigación por la denuncia de un detenido que pone en conocimiento del juez de Garantías la situación en que había sido detenido, y no eran en las condiciones que la Policía mencionaba en las actas de detención y procedimiento; y dijo que había sido golpeado en la comisaría y que le habían plantado un arma de fuego que él no tenía”.

La víctima de este hecho era Brian Farías, el joven que el 7 de junio del año pasado fue asesinado de un balazo en el pecho por Oscar Siboldi, narcotraficante de la zona oeste de Paraná, quien también está imputado por el triple homicidio de Bajada Grande.

Sobre el desarrollo de la pesquisa, el fiscal relató: “Se pidieron distintas medidas de prueba en forma urgente, como las cámaras que tiene la comisaría 12ª. Si bien no estaban completas las filmaciones por un desperfecto técnico que no se pudo comprobar a qué se debió, sí se pudo comprobar que le asistía razón a la persona que estaba detenida, quien también tenía otros hechos anteriores. Como manifestó, fue a reclamar la devolución de sus pertenencias por una detención anterior y ahí es que queda detenido en la comisaría”.

Además, hubo otras pruebas fundamentales que demostraron la mentira policial: “Se pudo corroborar por los horarios de las filmaciones de las cámaras de la comisaría, como por los horarios de la geolocalización de los patrulleros que intervinieron en ese procedimiento, que se falseó el acta de procedimiento y respectivas actas que componen el sumario prevencional para incriminar a esta persona que estaba detenida como portadora de un arma de fuego. Esto se pudo desacreditar porque el móvil nunca pasó por el lugar que se dijo que había pasado al momento de la detención, y se pudo ver en las filmaciones que la persona detenida nunca había estado en el lugar que se decía”, remarcó Ramírez Montrull.

La muerte de la víctima de este hecho presentaba una dificultad en la causa, y en un eventual juicio oral, pero igualmente se constaba con una prueba clave, precisó el fiscal: “Se hicieron ruedas de reconocimiento de estas personas, la víctima reconoció a los funcionarios, uno fue quien lo golpeó y otro quien lo amenazó que le iba a plantar un arma de fuego, cosa que se pudo reconstruir el hecho con esta evidencia”.

“La particularidad de esta investigación es que la víctima falleció por otro hecho criminal, que no tiene vinculación con este mismo, y esto dificultó mucho la reconstrucción de este hecho, pero sí fue suficiente toda esa evidencia reunida y las declaraciones que hizo en las respectivas actas de rueda de reconocimiento de personas, donde dio detalles de la atribución o la actuación de cada uno de los funcionarios. Así se determinó la responsabilidad de la persona que confeccionó las actas falsamente y la que saca del escritorio el arma de fuego que se le imputa después a la víctima”, destacó.

Consultado acerca de la actitud adoptada por la Policía a nivel institucional durante la investigación, Ramírez Montrull destacó: “Tenemos aceitado el sistema para recabar información, tenemos una comunicación constante con la Jefatura, con la cuestión de las cámaras de videovigilancia, fue de forma inmediata, se pudo recabar la información, que la brindó la misma Policía y fue la prueba fundamental las videofilmaciones y también todo lo que aportó la Policía, como la geolocalización de los patrulleros que intervinieron, son dos pruebas fundamentales. Y posteriormente también hizo un informe en virtud de esto de la Dirección Criminalística. Fue la misma fuerza la que aportó esa información y fue la base de la imputación y la condena, no hubo inconvenientes en ese sentido”.

Ayer al mediodía el juez de Garantías Eduardo Ruhl homologó el acuerdo al que arribaron el fiscal y los defensores Eduardo Gerard y Leonardo Kunzi, que además de las mencionadas penas de prisión en suspenso, impone la inhabilitación especial a los dos policías. Es decir, las autoridades de la Jefatura deberán establecer de qué manera y dónde se van a desempeñar. También tendrán que hacer tareas comunitarias en instituciones de bien público.

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