"Una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumplieron diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia", de esa manera el juez Federico Villena justificó las 22 órdenes de detención impartidas este martes en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno anterior, de Mauricio Macri.

En tan solo un mes de pesquisa, la Justicia logró determinar que la banda de espionaje ilegal operaba diversas maniobras sobre sus víctimas. Según escribió Villena, buscaban "obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas", publicó Página/12.

Prisiones preventivas

En su escrito, Villena justificó las detenciones en que "el avance investigativo ha logrado la incorporación de nuevos elementos de prueba que permiten sostener que en el caso se ha alcanzado el grado de sospecha" sobre las veintidós personas que ordenó apresar. También se refirió a un "riesgo cierto de intimidación hacia las víctimas o a los testigos, sea por sí, o por terceros".

Según el juez, la "magnitud" de la organización "permite presumir que quienes habrían participado en los hechos en materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal".