Las probation siempre generan cierta polémica. Queda la sensación de que la ausencia de sanción implica, necesariamente, una ausencia de justicia. A pesar de esto, cuando se ejecuta y hay un control sobre la ejecución se pueden obtener buenos resultados con las personas acusadas de un determinado delito.

En el caso de los delitos de corrupción hay casos donde su aplicación cumple con un buen objetivo y otros casos donde queda la sensación a poco. Cabe recordar que los funcionarios públicos no pueden acogerse a una probation si el delito se cometió dentro del ámbito de sus funciones.

A raíz de lo que ocurrió en la causa de la megaestafa de ATER, donde gracias a la probation se logró recuperar más de $27.000.000 de los $46.000.000 que se habían desviado, el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) realizó un informe respecto a las tareas comunitarias que debieron hacer algunos acusados y condenados por delitos de corrupción.

Juan José Canosa fue condenado a 3 años de prisión condicional por negociaciones incompatibles con la función pública. La pena condicional establece ciertos parámetros de conducta que el condenado debe cumplir.

En el caso del extitular de Sidecreer debió aportar $1.500 mensuales, durante un año, en mercadería. Canosa compró y repartió frazadas en 6 instituciones (Hogar de Ancianas San Vicente de Paul, Escuela Hogar N°56 Francisco Ramírez, Hogar Chicos de la Calle, Cáritas, Boys Scout de San Benito y Hogar de Cristo).

También está el caso del empresario Jorge Corcho Rodríguez quien solicitó una probation en el marco de la causa que investigaba la realización de 4 spots que debían ser de la cumbre del Mercosur y se investiga que fueron utilizados para la campaña Un Sueño Entrerriano de Sergio Urribarri.

La Justicia le concedió el beneficio de suspenderle el juicio en su contra a prueba de que cumpla con la realización de campañas publicitarias para el comedor Los Piletones de Margarita Barrientos, una ayuda económica de $20.000 a dicha organización y una reparación económica para el Estado de $150.000. El informe televisivo mostró dos fragmentos radiales en donde Oscar González Oro habla del comedor en Radio 10 y eso fue presentado como prueba de la campaña realizada por Rodríguez. Además, la pareja del empresario debió hacer publicaciones de Los Piletones en sus redes sociales.

El reciente caso de Sergio Varisco y Claudia Acevedo respecto al hurto de energía no incluyó tareas comunitarias, sino que deberán aportar el 15% de sus salarios en el Concejo Deliberante. Un concejal cobra alrededor de $73.000 lo que implica un aporte de casi $11.000 por mes. Un secretario de bloque, cargo que ocupa Varisco desde su prisión domiciliaria, cobra alrededor de $55.000 lo que implica un aporte mensual de $8.250.

Por último, Juan Pablo Aguilera -cuñado del exgobernador Urribarri- debió realizar 96 horas de tareas comunitarias por la tenencia ilegal de un arma hallada en uno de los allanamientos por causas de corrupción. Se dedicó a hacer tareas administrativas todos los jueves en la fundación Lázaro, que pertenece a la Iglesia Católica.

Jorge Achor, titular de la Fundación Lázaro, dijo: “La idea nuestra es darles una oportunidad a esos muchachos, una psicoeducación en la cual de muchas carencias que han tenido, han salido a flote. En el caso de la OMA estamos trabajando hace tiempo, desde el segundo año de la Casa. Ellos me mandan muchachos que tienen que hacer aparte de la probation, un proceso de descontaminación de la droga. La probation la hacen estos jóvenes de huerta, de carpintería, de vivero, de panadería, una tarea específica de un oficio”.

“En el caso de Juan Aguilera, me lo mandaron de la OMA con un perfil, tenía una probation de 96 horas por la tenencia de arma, y se acordó hacer tareas administrativas tipo ayuda en los papeles, cadetería y cocina. Hacían comida los jueves a la noche, comidas criollas, de campo, que los muchachos no las han probado nunca. La ida es eso. Entonces queremos generar conciencia, de gente que ha tenido poder o que lo tiene, de realmente comprometerse un poco con los más débiles que son estos jóvenes, que son muchísimos, que están totalmente desprotegidos, y vamos a tener un problema muy grande en el futuro con respecto a esto”, aseguró Achor.

La Oficina de Medios Alternativos y el control de las probation

La Oficina de Medios Alternativos (OMA) se encarga de ejecutar y controlar las conductas de quienes deben cumplir probation o condenas condicionales. Su titular, Rodrigo Juárez, informó sobre como se eligen las 80 instituciones con las que trabaja la OMA y como se controlan las conductas.

El titular de dicho organismo, Rodrigo Juárez, dijo al programa Cuestión de Fondo: “Una de las causas del incremento incesante fueron los abreviados y las condenas condicionales, hay muchísimas causas de violencia de género, sea por amenazas, por robos, por daño, esos fueron los motivos fundamentales estos últimos años en las causas por violencia de género, y generalmente en el marco de una condena condicional. Han podido hacer no solamente tareas comunitarias sino un taller de perspectiva de género”.

“En el caso de narcomenudeo se han incrementado las causas con condenados, y la franja que ha participado, te das cuenta, 25 años para abajo, el 34, 40 por ciento”, agregó.

Consultado acerca de si en este punto se observan personas con padecimientos mentales, Juárez mencionó: “En las causas por estupefacientes te das cuenta en las entrevistas que son chicos sin trabajo, chicas muy jóvenes, amas de casa, chicos de 19 años, 22 años, te das cuenta que el sistema cae sobre el último eslabón. Esos institutos que no reconoce que socialmente ha sido muy cuestionado en su momento porque son causas que salen, porque no hay una condena en lo que es la probation, pero te das cuenta con el correr de los años que es un instrumento sobre todo cuando a la persona la ubicás en instituciones que la contienen”.

En el ámbito del narcomenudeo, la OMA vio incrementado el caudal de prisiones condicionales. De la información se desprende que hay 160 personas controladas por la OMA (probados y condenados) de los cuales el 35% son menores de 30 años y en su mayoría es gente desempleada.