Los conceptos utilizados para describir la situación de la política santafesina se multiplicaron de manera exponencial durante los últimos días. Sin embargo, todos y cada uno apuntan a explicar la misma situación: como nunca antes, una crisis manifiesta atraviesa de manera transversal a los tres Poderes de la provincia de Santa Fe y, como no podía ser de otra manera, el detonante termina siendo el dinero sucio del juego clandestino y del narcotráfico.

Cuando este viernes los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra le dijeron cara a cara al senador provincial Armando Traferri que lo investigan por la posibilidad de que hubiera participado de un esquema de financiamiento político a través de dinero turbio, le advirtieron que tienen pruebas que podrían complicarlo y le sugirieron que renuncie a sus fueros legislativos; plantearon la última posibilidad de que este escándalo no termine involucrando transversalmente a la política de la provincia.

Pero Traferri, un experimentado en estos asuntos, se negó a renunciar a sus fueros y jugó su carta en un proceso que recién se inicia: enredó a todos y cada uno de los protagonistas de la política santafesina que, con el Senado provincial como escenario, deberán aprobar o negar que este legislador peronista del Departamento San Lorenzo pierda sus fueros y pueda ser investigado como el resto de los mortales, publicó el portal Aires de Santa Fe.

En realidad, no fue el primer intento de Traferri por involucrar a otros. Pocas horas antes, el sanlorencino se había encargado de difundir un comunicado -miércoles a las 22:46- en el que decía que los 12 senadores peronistas le habían manifestado su apoyo como jefe de bloque. El día y la hora de este mensaje hablan a las claras de las urgencias y de la preocupación de Traferri. Durante la mañana del día siguiente, llegó la respuesta: cinco de los 12 senadores del PJ emitieron su propio comunicado, en el que sutilmente dejaban en claro que no habían autorizado ningún mensaje previo de nadie.

Una crisis que impacta en los tres Poderes

Como nunca antes desde el retorno de la democracia en la provincia de Santa Fe, los tres Poderes se encuentran atravesados en una crisis que coloca al sistema en la mira y comienza a develar lo que tarde o temprano iba a suceder: sólo era cuestión de tiempo para que el dinero sucio generado por el juego y el narcotráfico comenzara a manchar a las instituciones de manera flagrante.

Este viernes, los fiscales de la provincia se reunieron y dejaron en claro que están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la intromisión de los otros Poderes en su trabajo.

La Junta de Fiscales subrayó “la importancia de respetar la independencia de Poderes para contribuir así al fortalecimiento del Estado democrático constitucional de derecho”. Fue una clara advertencia a la política. Cuando en 2017 algunos fiscales investigaron (con errores, aciertos y actitudes controvertidas) al entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y al ex intendente de Santa Fe, José Corral; la política se abroqueló rápidamente y de manera unánime el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron la Ley N° 13.695, que establece el control directo desde la Legislatura hacia todos los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal.

¿Los fiscales soportarán otro embate político sobre sus potestades? ¿La Justicia lo permitirá? ¿La política asumirá livianamente que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se meta de lleno con un hombre como Traferri, que desde hace más de 30 años representa una pieza clave de poder en la provincia?

Mientras tanto, el MPA atraviesa una crisis interna sin precedentes en sus cortos años de existencia. El ex jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, y uno de sus fiscales de confianza, Gustavo Ponce Asahad, están presos por tranzar con el juego clandestino que, a su vez, se relacionó con los narcos de la banda de Los Monos.

Es un verdadero escándalo a partir del cual muchos deberían dar explicaciones. En primer lugar, el jefe directo de Patricio Serjal, Jorge Baclini, quien durante demasiado tiempo no fue siquiera capaz de sospechar de lo que estaba sucediendo en Rosario frente a sus narices. Y, en segundo lugar, gran parte de la política. El ahora detenido Gustavo Ponce Asahad, fue postulado como fiscal por el Poder Ejecutivo de Santa Fe en 2015, a pesar de su dudoso rendimiento frente a los jurados que lo evaluaron en su momento.

“Es una aberración. Tienen dictamen negativo de los jurados. O tenemos jueces, fiscales y defensores probos y competentes, o en algún momento vamos a tener que cambiar los métodos de selección”. Las palabras pertenecen a la entonces diputada Griselda Tessio, y las pronunció en la Legislatura en marzo de 2015. Se refería, entre otros, a Gustavo Ponce Asahad, hoy encarcelado. Y a pesar de las advertencias de Tessio y a la evaluación de los jurados que lo habían entrevistado, la Legislatura de Santa Fe terminó aprobando la designación de este fiscal de la siguiente manera: 19 votos a favor del peronismo que por entonces lideraba Luis Rubeo; ocho en contra (del radicalismo) y 16 abstenciones: tres del PRO, seis del Frente Progresista, tres justicialistas y otros cuatro peronistas.

La designación de Serjal también fue controvertida. Desde un principio, estuvo en dudas si realmente cumplía con el tiempo exigido de residencia en Rosario para acceder al cargo -había vivido en San Pedro, Provincia de Buenos Aires-.

Cada uno tiene su propia explicación

En medio del tembladeral de corrupción y crisis política, el socialismo por un lado y la Casa Gris por otro dan sus propias explicaciones de los hechos. Desde los sectores cercanos a Omar Perotti, afirman que lo que cruje en este momento es el “poder permanente” de la provincia de Santa Fe, aseguran que esta administración no integra dicho esquema y descartan que la pertenencia de la vicegobernadora Alejandra Rodenas al sector que lidera Traferri implique interferencias con la Casa Gris.

El argumento del oficialismo apunta a que Traferri, otros senadores “eternos”, parte del peronismo, parte de la oposición -se refieren al Frente Progresista Cívico y Social- y un puñado de poderosos empresarios, comparten este “verdadero círculo de poder” que maneja los hilos de la provincia desde hace años, consignó el portal Aires de Santa Fe.

Sólo a modo de ejemplo, resaltan que Traferri y sus senadores aliados votaron en 2019 una ley de Presupuesto elaborada por el Frente Progresista que no contaba con el aval del entonces futuro gobernador y que, hace apenas unas semanas, volvieron a coincidir al votar leyes que limitan el uso de gastos reservados y plantean incompatibilidades de cargos para funcionarios del MPA. Ambas leyes acaban de ser vetadas por Perotti.

Desde la Casa Gris aseguran que la pertenencia de la vicegobernadora al sector que lidera Armando Traferri no implica interferencias y preservan su figura.

Desde el socialismo tienen otra lectura. Consideran que éstas son las consecuencias nefastas a las que el peronismo se enfrenta por haber decidido conformar un frente electoral entre distintos sectores internos que, incluso antes de la asunción de Perotti, comenzaron a “marcarse la cancha” entre sí para dejar en claro quién manejaría el poder.

“Que se hagan cargo de su mugre. Traferri y los suyos son peronistas. Lo único que falta es que nos tiren sus muertos a nosotros”, afirma una alta fuente del socialismo. El nivel de cautela en la política es total. Todos y cada uno de los sectores mantienen un absoluto mutismo sobre estos temas en público. Por obvias razones, el único que convoca a una conferencia de prensa -para este lunes- es Traferri quien, seguramente, se aferrará a su estrategia de enredar a todos en esta maraña.

El tembladeral va mucho más allá de Traferri. ¿Qué harán los senadores? ¿Le quitarán los fueros a Traferri o adoptarán una posición corporativa? ¿Qué hará el peronismo? ¿Cómo actuará la oposición? ¿Cómo reaccionará el círculo de empresarios poderosos que, según la Casa Gris, forman parte de ese supuesto grupo de “poder permanente”? Y finalmente, la gran pregunta: ¿Hasta dónde estará dispuesto a jugar Traferri en su evidente estrategia de enredar a todos?

Un hombre con 31 años de trayectoria política -concejal en la Municipalidad de San Lorenzo entre 1989 y 1991; intendente de San Lorenzo entre 1991 y 2002; senador provincial entre 2003 y 2007, entre 2011 y 2015, y desde 2015 hasta el presente- sabe demasiado, conoce los pliegues del poder a la perfección y puede contarles las costillas a muchos.

El tembladeral va mucho más allá de Traferri. Los hechos se suceden con asombrosa celeridad y, a estas alturas de las circunstancias, resulta imposible aventurar cuáles pueden ser las consecuencias. De lo que no hay dudas, es que se trata de una situación inédita en la Provincia de Santa Fe desde el retorno de la democracia.