Finalizado en 2020 el episodio para desplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal, el gobierno nacional apunta ahora a otros magistrados. El blanco cambió, pero la lógica de enfrentamiento con los tribunales de Comodoro Py sigue vigente y, en la última semana, que fue la segunda desde que se reanudó la actividad judicial, se multiplicaron no solo las críticas, sino también las iniciativas contra algunos de estos magistrados.

Con los proyectos de reformas vinculadas a la Justicia (la reforma judicial, la creación de un tribunal intermedio para quitarle poder a la Corte Suprema, y la reforma del Ministerio Público fiscal) ralentizados, se activaron vías más agresivas.

Dos camaristas de la Casación Penal se transformaron en el foco de las críticas de diputados y funcionarios del oficialismo: Eduardo Riggi, que fue denunciado por el abogado Carlos Beraldi -defensor de Cristina Kirchner y del empresario Fabián De Sousa- ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, y Gustavo Hornos, que fue denunciado penalmente por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. 

La denuncia contra Riggi ya está en el Consejo de la Magistratura. Beraldi lo señaló por haber “ayudado” a Macri y haberle quitado pruebas a la jueza María Servini, que interviene en la causa donde se investiga si el expresidente orquestó una persecusión contra el Grupo Indalo.

Servini había pedido el entrecruzamiento de llamados que comprometerían a Macri, y Riggi hizo lugar a un recurso de la defensa del expresidente. Le ordenó a Servini enviarle todas las actuaciones de la causa y, según Beraldi, paralizó el expediente, consignó el diario La Nación.

El nombre de Riggi se sumó al de la lista negra de jueces que había pronunciado Alberto Fernández en mayo de 2019, antes de ser presentado para encabezar la fórmula presidencial. Fernández había arremetido contra siete magistrados: el fallecido Claudio Bonadio, el juez de primera instancia Julián Ercolini, el camarista federal Martín Irurzun y los camaristas de Casación Gustavo Hornos,Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Todos ellos habían firmado, según dijo entonces, sentencias arbitrarias.

Más allá de haber sido señalados como jueces del lawfare, hoy son apuntados también por supuestos vínculos con el expresidente Mauricio Macri, y por “consagrar su impunidad”.

Hornos fue señalado por haber ingresado a la Casa Rosada y/o a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Macri, y los diputados denunciantes relacionaron sus fallos (adversos al kirchnerismo) con esas visitas. Esos hechos fueron denunciados en una ampliación de la denuncia por la causa conocida como “Mesa judicial M”.

Irurzun, que preside la Cámara Federal, es uno de los jueces más criticados por Cristina Kirchner, y diputados del Frente de Todos lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura el año pasado. Pidieron su remoción. Ese expediente no avanzó. La Comisión de Disciplina y Acusación sesionó cinco veces durante todo el año pasado. Y en el órgano encargado de nombrar y remover a los jueces se pronostica que la salida de Irurzun será “de manera elegante”, cuando pida su jubilación, aunque en su entorno insisten en que no tiene voluntad de hacerlo aún.

A pesar de haber sido nombrado por Fernández en aquella lista, Gemignani es el único que sigue indemne. Ercolini, que fue rotulado por Cristina Kirchner como uno de los exponentes del lawfare, y de quien Fernández dijo que firmó “sentencias dantescas”, no recibió embates, pero tras haberse presentado al concurso para una de las vacantes de la Cámara Federal, en su entorno dan por descontado que “no tiene chances”. La cuestión de fondo sigue siendo la misma: según el discurso del gobierno nacional, estos jueces actuaron en tándem con el macrismo para perseguir a opositores, publicó el diario La Nación.

Este jueves el Consejo de la Magistratura definirá cuáles serán sus autoridades durante 2021. No sólo se votará la presidencia del organismo -que ya la tiene asegurada por el consenso de la mayoría oficialista el consejero Diego Molea- y la vicepresidencia, que podría quedar en manos del juez afín a la Lista Celeste y actual titular Alberto Lugones, sino que también se repartirán los cargos de las comisiones.

La Comisión de Disciplina y Acusación es una de las más importantes, al ser la encargada de impulsar o frenar las investigaciones contra los jueces. Los consejeros de la oposición ya manifestaron su interés en conducir esa comisión. Y las negociaciones todavía no cerraron. El oficialismo, que tiene mayoría, quiere retener esa conducción.

Tras reiteradas críticas de Cristina Kirchner por la “continuidad del Lawfare” y contra algunos ministros del gabinete, la ministra de Justicia Marcela Losardo, en una suerte de prueba de fe al kirchnerismo, se plegó ayer a las críticas al Poder Judicial con un extenso hilo en su cuenta de Twitter.