Ahora es oficial. La Justicia brasileña envió a Argentina pruebas de cómo el gigante Odebrecht y sus socios en el proyecto para soterrar las vías del tren Sarmiento pagaron sobornos al círculo íntimo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, con el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez como intermediario.

Las evidencias que remitió la Justicia brasileña incluyen la “delación premiada” del ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, como así también registros de transferencias bancarias que se canalizaron a través de sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales.

Varias de esas transferencias tuvieron como destino las cuentas de “Sabrimol Trading”, una firma radicada en la zona franca de Montevideo y que pertenece a Corcho Rodríguez, según reconstruyó La Nación con testimonios, registros bancarios y documentos oficiales de Uruguay durante los últimos años.

El material llegó a las manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, quien se convirtió así en el único integrante del Ministerio Público Fiscal argentino que logró acceder al material sobre los sobornos pagados en la Argentina.

Ese material se encontraba en Brasil, a disposición de la Justicia argentina desde hace ya casi cuatro años, pero trabas burocráticas y ciertas incompatibilidades en las legislaciones de ambos países complicaron el envío formal de todas las pruebas. Ahora, Picardi logró sortear esas trabas.

“Yo autoricé retornos identificados hasta el momento por el valor de 2,9 millones de dólares”. Así, en primera persona y mirando a los ojos a los fiscales brasileños, Mameri admitió el pago de sobornos, según consta en los videos de su confesión que La Nación reveló en mayo de 2018 y que, ahora, obtuvo la Justicia local.

La premisa, según Mameri, fue clara. Si querían operar en Argentina, les comunicaron en Buenos Aires, debían acatar las reglas locales. Y esas reglas incluían cartelizarse y pagar coimas. “En el caso de que la empresa no aceptase esas condiciones, quedaría fuera del proceso licitatorio”, afirmó.

De traje oscuro y sin corbata, Mameri identificó a dos argentinos como supuestos intermediarios: Javier Sánchez Caballero, un ejecutivo de la constructora Iecsa, por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez, roles que ambos siempre negaron ante la consulta de La Nación. Pero el exalto ejecutivo de Odebrcht expuso nombres, fechas y cifras con la ayuda de documentos de la empresa que entregó al Ministerio Público brasileño el 1º de diciembre de 2016, es decir, 12 días antes de sentarse frente a un micrófono.

Según Mameri, el mensaje que recibieron de los argentinos fue que “no bien el consorcio [ganador del proyecto para soterrar el Sarmiento] empezase a recibir pagos por los servicios prestados, el consorcio debía realizar esos retornos”, en una dinámica de ida y vuelta entre los cobros de los certificados de avances de la obra y los pagos de las coimas.

Mameri identificó a un alto ejecutivo de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, como el primer encargado de comunicarle las condiciones imperantes en la Argentina al entonces número uno de Odebrecht en el país, Rodney Rodrigues, quien a su vez le consultó si las aceptaban.

Ante los fiscales brasileños, sin embargo, y lejos de esquivar culpas, Mameri confesó que él autorizó esos retornos, sobre los que buscó documentación interna y encontró evidencias por US$2,9 millones, que entregó a los investigadores brasileños del equipo “Lava Jato” y verificó con su subalterno en Buenos Aires.

Tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, sin embargo, y al igual que pasó con las coimas del proyecto para extender las redes troncales de gasoductos, Odebrecht informó a la Justicia brasileña que detuvo los retornos hasta verificar cuál sería la impronta que seguiría el gobierno de Cristina Kirchner.

Fue entonces, según Mameri, que irrumpió Corcho Rodríguez. Se presentó, dijo el otrora referente de Odebrecht para toda la región, como “interlocutor” del Ministerio de Planificación, para retomar el ida y vuelta entre certificados y retornos.

El impacto en la causa local

En abril de 2019, en tanto, el juez Martínez de Giorgi procesó a De Vido, Roberto Baratta y José López, pero dictó la falta de mérito de Calcaterra y Corcho Rodríguez, entre otros, y sobreseyó a familiares de otro intermediario, Manuel Vázquez, resolución que apeló el fiscal Picardi.

Cuatro meses después, en agosto de 2019, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anularon la resolución de Martínez de Giorgi, tras concluir que no había desarrollado un análisis profundo de la investigación, le marcaron numerosas inconsistencias y le ordenaron que redoblara sus esfuerzos para acceder a las evidencias que seguían en Brasil.

“Si las erogaciones económicas que se hicieron durante la ejecución del contrato -mediando modificaciones de las condiciones originales, entre otras cosas- son relevantes para la imputación sobre los indagados (así lo sostuvo el juez), este era un factor que obligadamente debía ser evaluado con el objeto de determinar los alcances de la supuesta maniobra, con incidencia directa en la calificación normativa del hecho”, sostuvieron los camaristas.

Desde entonces, todos los acusados quedaron sin una definición procesal, a la espera de una nueva resolución de Martínez de Giorgi, ya que la Cámara le había encomendado seguir investigándolos. Ahora, una vez que se complete la traducción del portugués del material que llegó de Brasil, el fiscal Picardi dará otro paso. Pedirá sus procesamientos por sobornos.

Pero la confesión de Mameri, sin embargo, tiene otras ramificaciones. Como supervisor general de las operaciones de Odebrecht en el hemisferio, Mameri también dio luz verde al pago de sobornos en otro de los proyectos que la empresa tenía en la Argentina: la construcción de una planta potabilizadora para Aysa en Paraná de las Palmas. También con Corcho Rodríguez como uno de los intermediarios.