(de ANALISIS)

La principal preocupación de los abogados urribarristas, que venían pidiendo en reiteradas ocasiones las postergaciones de las primeras causas por delitos de corrupción y que finalmente no lo consiguieron, pasaron por algunos aspectos concretos, que nunca lo dijeron con tanto énfasis en las audiencias. Por un lado, que haya un debate en torno a la corrupción urribarrista en plena campaña política por la renovación de las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, por lo cual se agudizaría el rechazo al oficialismo. Y, fundamentalmente, las penas previstas para los imputados, como Sergio Urribarri y el exministro y exdiputado provincial Pedro Báez, como así también el cuñado del actual embajador argentino en Israel, Juan Pablo Aguilera, según de indicó anoche en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral). Dicen que las condenas no se suman, pero la realidad indica que en estos juicios que se inician pedirán 17 años de prisión para Urribarri; entre 18 y 20 años para Báez y 16 años para Juan Pablo Aguilera, entre otros. Y los tres tienen causas posteriores por corrupción, donde seguramente ampliarán tales sentencias. La mayor preocupación gira en torno a la compleja situación de Aguilera y la reacción que puede haber en la propia familia y en especial en la hermana del actual secretario del bloque de senadores del PJ. Nadie olvida cuando Juampi Aguilera cayó preso por la causa Contratos truchos legislativos y su hermana, la esposa del actual embajador argentino en Israel fue concreta con los abogados defensores: "si no me solucionan la pronta libertad de mi hermano, yo hablo y cuento todo", les dijo.

---Causas acumuladas denominada “Sueño entrerriano” (gastos para el Parador de Mar del Plata en plena campaña proselitista de Urribarri; publicidades pautadas con el Jorge Rodríguez sobre el exmandatario, para la Cumbre del Mercosur y solicitada en diarios nacionales a favor de Urribarri, cuando se lanzó como precandidato presidencial). 

El hecho descripto e imputado en el Legajo de Fiscalía acumulado N° 61.211 fue calificado por los acusadores públicos como Peculado, atribuibles a Sergio Urribarri y a Pedro Báez, en calidad de autores.

En el Legajo de Fiscalía acumulado N° 29885 el hecho fue calificado por los fiscales como "Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Peculado", que les imputan a Urribarri y a Báez en carácter de autores, y a Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes en calidad de partícipes primarios. 

En tanto, en el legajo N° 58383 la Fiscalía imputa los delitos de "Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y Peculado" a Urribarri y a Hugo José María Marso, como autores, y a Juan Pablo Aguilera, Corina Cargnel y Gerardo Daniel Caruso como partícipes primarios. 

En cuanto a la pena, los representantes del Ministerio Público Fiscal, a los efectos de cumplir con los requisitos legales, de manera meramente estimativa, indicaron  que habrán de solicitar en la etapa de debate las siguientes condenas: a Urribarri, 9 de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Báez, 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Tórtul, 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, igual que a Céspedes; a Aguilera, 8 años de cárcel; 6 a la contadora Cargnel, y cuatro para Marsó, y Caruso.

Asimismo, para cada uno de los imputados solicitarán la pena de multa de 90.000 pesos, atento a que el hecho fue cometido con ánimo de lucro. 

---Causa Imprenta. La vaca, cartelería vía pública. 

Es por la investigación que logró determinar que la justificación de las publicidades oficiales en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto, de parte de los funcionarios del desaparecido Ministerio de Cultura y Comunicación, que conducía Pedro Baez, en el segundo gobierno de Urribarri. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. El hecho atribuido a los enjuiciados aplica para los delitos de "Peculado, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y Fraude  en perjuicio de la administración pública", que les imputan a Urribarri y Báez como autores, a Aguilera, Cargnel, Hugo Montañana y  Gustavo Tamay, como partícipes primarios y a Luciana Almada, Emilino Giacopuzzi, Alejandro Luis Jose Almada y a Maximiliano Sena como partícipes secundarios. Por esto, pedirán a Urribarri la pena de ocho años de prisión efectiva, al igual que a Báez y Juan Pablo Aguilera; seis años para Cargnel y Montañana y Tamay, y cuatro años para Luciana Almada, Giacopuzzi, Alejandro Almada y Sena. La mencionada Luciana Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada es su cuñado.

Además, solicitarán que les impongan la multa de 90.000 pesos, como también el decomiso de los bienes de titularidad de la empresa TEP S.R.L. 

Esto sería parte de las remisiones a juicio de cuatro de las cinco causas que van a juicio. Hay una quinta causa: es en la que Urribarri y Báez están procesados por negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario Germán Buffa, en tiempos en que el dólar estaba en 20,42 pesos. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario. En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez Director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (MC) denunció la situación. La causa la instruyó el juez Gustavo Maldonado, por el viejo sistema procesal. Hay una pena máxima de 10 años y un mínimo de 2 años.  

Entonces las penas totales, de acuerdo a los que solicitarían los fiscales, serían: 

---17 años la acumulación de penas que se solicitará para Urribarri, aunque en realidad no se suma en forma aritmética. Por estas causas podría quedar en 10 o 12 años de condena, de acuerdo a lo que puedan consensuar en la justicia. De igual manera, pasaría a ser la pena más alta por un delito de corrupción, en la historia de Entre Ríos.  

---Entre 18 y 20 años para Pedro Báez, aproximadamente, en la sumatoria de sentencias y habrá que ver a cuánto la descienden. 

---16 años totalizarían para Juan Pablo Aguilera y aplicaría también el esquema anterior. 

---12 años para Corina Cargnel, contadora de Aguilera.  

 Hay que agregarles las causas por enriquecimiento ilícito de Urribarri, que comprende además como partícipes a Juan Pablo Aguilera; al hijo Mauro Urribarri (actual funcionario del gobierno de Alberto Fernández); a la esposa de Urribarri, Analía Aguilera, donde el máximo de pena por enriquecimiento es seis años. Estos últimos van como colaboradores de enriquecimiento ilícito, donde tienen la misma pena que el autor. Es de uno a seis años. Y para Pedro Báez sería la misma condena, por enriquecimiento ilícito, en otra causa que está en trámite y que ha tenido importantes avances. 

A ello habrá que sumarle la causa por peculados y negociaciones incompatibles con la función pública, alrededor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, donde el máximo es 10 años de prisión.  

En la investigación penal que llevaron adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano también están implicados, además de Urribarri y el dueño de Relevamientos Catastrales, el empresario paraguayo Cardona Herreros, el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto Flores; el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el exdirector General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales. Todos ellos estarán comprendidos entre las penas que podrían llegar a los 10 años de cárcel.