Josefina Etienot, jueza de Familia titular en Diamante, apartada de sus funciones por la Resolución 657723 del Tribunal de Superintendencia que, en el marco de un sumario por supuesta violencia laboral e institucional decidió denunciarla ante el Jurado de Enjuiciamiento, presentó un recurso de apelación jerárquica este miércoles, según se informó a ANÁLISIS.   

La magistrada que titularizó en el cargo en agosto de 2021 fue denunciada hace algunos días por el Tribunal que componen Susana Medina (presidenta del Superior Tribunal de Justicia); y los vocales Claudia Mizawak; Martín Carbonell y Germán Carlomagno. La presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento para que evalúen la actuación de Etienot supuso la decisión, también, de apartarla en sus funciones con goce de haberes hasta que se resuelva la situación.

“El Superior Tribunal de Justicia carece de competencia para suspender en sus funciones a los magistrados sometidos a Jurado de Enjuiciamiento, y que sólo este último está facultado para disponer suspensiones preventivas, en el marco del trámite de jury. Dicho de otra manera, ninguna interpretación o inferencia de los textos citados, permite derivar la asignación de competencia al STJER (su pleno o el Tribunal de Superintendencia), para disponer la suspensión de magistrados de sus cargos”, se lee en la apelación jerárquica que este miércoles presentó el abogado de Etienot, Martín Julián Acevedo Miño, ante la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia.

“En efecto, la decisión del T.S.I. no ha sido precedida por ningún antecedente válido. Por el contrario, la suspensión aquí cuestionada, constituye una novedad sólo precedida por la actuación del Pleno del STJER en la Acordada 24/23 dictada una semana  antes de la que nos agravia (el 12/9/23), cuando por primera vez en la historia el STJER  dispuso una suspensión de un magistrado constitucional”, agregó después.

En la apelación jerárquica se indica después que “la gravedad político-institucional de la apropiación, por parte del STJER, de facultades no asignadas por ley y en base a las cuales interrumpe el ejercicio de las funciones constitucionales de una magistrada, se traduce en la afectación de la ‘garantía reforzada’ de estabilidad de los jueces, necesaria a fin de garantizar la independencia funcional”.

“Vale decir, las estrictas normas sobre suspensión de magistrados establecidas en la CER (art. 222 y concs.) y su reglamentación a través de la ley 9283 (Jurado de Enjuiciamiento), concretan a nivel local aquellas otras normas constitucionales y convencionales que garantizan uno de los valores esenciales del sistema republicano de gobierno, la independencia judicial”, se acotó.

Los vocales Mizawak, Medina, Carlomagno y Carbonell.

La acusación que analiza el Jurado de Enjuiciamiento contra la doctora Etienot

“Comisión especial”

En otro tramo de la apelación, Etienot aseguró que se conformó una “Comisión especial” para tramitar una denuncia de violencia laboral. “También se ha afectado gravemente el debido proceso y la garantía de juez natural, al conformar una ‘comisión especial’, en el caso la Dirección de Gestión Humana, para tramitar una denuncia de violencia laboral radicada por una integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de la jurisdicción”, se indicó en la apelación y se agregó: “De allí que la remisión de formal denuncia al HJE dispuesta en el punto 2.a) del Resolutorio en impugnación, y la medida suspensiva dispuesta en el punto 3 del mismo se fundan en el ya cuestionado art. 21 L.O.T., y también en: “(…) el Convenio 190 de la OIT, Ley Nacional 26.485, Ley Provincial 10.956”.

“Tanto la Dirección de Gestión Humana como la Oficina de Sumarios, carecen de funciones jurisdiccionales para tramitar denuncias de violencia laboral, determinando la nulidad de todo lo actuado a resultas de esa denuncia”, se acotó.

Cuestión de género

El recurso de apelación que presentó Etienot también refiere a cuestiones de género. “Agrava la situación, la negación de mi condición de mujer, con un trato analógico al de “presunto agresor” y/o “denunciado” y/o “victimario” términos con los que literalmente el citado art. 36 de la ley provincial 10.956 refiere al denunciado. La ley no feminizan los sujetos pasivos de la denuncia, sino que expresamente la restringe a los varones”, se argumentó.

“En este punto, al negarme y/o invisibilizar mi calidad de mujer y mi dignidad como tal, se me ha privado también de la igualdad de trato y oportunidades de recibir la protección de la justicia y el sistema, devaluando el sacrificio realizado por mi persona en pos de acceder a la Magistratura transitando el derrotero del sistema constitucional y rompiendo con el techo de cristal arraigado en las estructuras patriarcales y machistas como las habidas tradicionalmente en el Poder Judicial”, se indicó después.

El abogado de Etienot sostuvo en el recurso que “en el caso ya no me refiero a una simple omisión de juzgamiento con perspectiva  de género como mandato convencional y constitucional, sino a algo más grave, el desconocimiento de mi pertenencia al género femenino, utilizando en mi contra las leyes que también en protección de la suscripta se han dictado para poder erradicar y eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer, en los términos de la CEDAW, Belén do Pará y del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”.

“Con rango convencional y constitucional se nos garantiza el derecho a todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de recibir la protección del Estado y del Poder Judicial. Discriminar entre ellas, es una expresión del trato desigual que vengo referenciado. Siendo esta instancia recursiva la primer oportunidad en que la suscripta tiene intervención en este trámite acumulado, se acusa la nulidad de todo lo actuado por cuanto, desconociendo lo que expresamente disponen las leyes que citan, me sometieron a un Tribunal Especial, pese a ser manifiestamente incompetentes al efecto conforme artículo 36 de la norma en que fundan la remisión al HJE y la suspensión precautoria (ley 10.956)”.

“No han existido entre los empleados del Juzgado de Familia y Penal de NyA de Diamante y la suscripta situaciones de violencia. También niego y rechazo que, las tensiones habidas con el Equipo Técnico Interdisciplinario de la Jurisdicción respondan a conductas violencia y/o destrato de mi parte respecto de las integrantes del mismo, como se sostiene en los Puntos IV. 3- y VI de la resolución en Impugnación”, se aseguró después y se añadió: “Que la frontera funcional en la cual se interrelacionan las responsabilidades del organismo a mi cargo y las del ETI, entraron en colisión a partir de las irregularidades objetivamente advertidas en el cumplimiento de los deberes a su cargo comprometiendo, en consecuencia, la responsabilidad de la suscripta”.

Celeridad

En relación a la supuesta violación del principio de celeridad, Etienot  consideró que responde a los tiempos del Equipo Interdisciplinario (ETI). “A principio de este año 2023 fueron advertidos por la Secretaria Suplente del Juzgado, Dra. Julieta Gherardi y por el empleado proveyente de procesos de Restricción a la Capacidad, demoras de seis (6) a diez (10) meses, en la presentación por parte del ETI de los Informes del art. 183 de la Ley Procesal de Familia, comunicándose el listado de causas en mora”, se apuntó.

“Resulta irrazonable que el Tribunal de Superintendencia, traslade a la suscripta la carencia de celeridad del proceso, en base a los testimonios de las mismas profesionales que generaron las demoras y se respalde el testimonio de la Trabajadora Social Silvana Bard, que califica de ‘hostigamiento por escrito’ las resoluciones de la suscripta que requerían ampliación de los informes cuestionados. Siendo muy clara, la absurdidad del análisis llega al punto de atribuirme responsabilidad porque el Órgano de Revisión del MPD debió trabajar con el ETI Diamante para capacitar y ‘mejorar la calidad de los informes interdisciplinarios en procesos de restricción de capacidad’”.

Cuestionamientos por decisiones en proceso de adopción

Más adelante la jueza respondió sobre una de las situaciones que trascendieron públicamente, en el marco de un proceso de adopción. “Los ‘serios incumplimientos funcionales’ atribuidos en el punto IV.2. En los autos citados: “A.C.M S/ SU SITUACIÓN (Antes A.C.M. S/ ADOPCION”  Expediente N° 6663 y sus antecedentes relacionados, N° 5380, 8587 y 12365, la  adolescente, por entonces, de 16 años de edad, en ejercicio de la autonomía progresiva de su voluntad peticionó personalmente y con el Patrocinio Letrado personal de la Dra. Corina Beisel, el establecimiento del Régimen de Contacto con un matrimonio con el cual conviviera en su primera infancia en condición de guarda. Esa petición, fue finalmente concedida, de manera provisoria, luego de obtener el dictamen favorable del Dr. Fabricio Patat representante del Ministerio de la Defensa”.

Añadió o que “nuevamente surge del resolutorio en impugnación, una estratégica diferencia con las constancias obrantes en los autos, en el caso, se sostiene que el Ministerio Pupilar se opuso al restablecimiento del régimen de contacto de la adolescente pedido por la letrada Beisel, cuando en verdad, el MPD dictaminó a favor y por ello, luego, no apeló la sentencia”.

“El derecho reconocido en esa sentencia fue a favor de la joven, haciendo primar su autonomía progresiva y reservando a ella el derecho de elegir cada fin de semana si quería viajar a Paraná para permanecer con dicho matrimonio. Se destaca la intervención en la causa la Dra. Fernanda Vázquez Pinasco, favoreciendo el derecho de la joven adolescente a un proyecto de vida, fuera de la institucionalización en la cual hacia seis (6) años que se encontraba. En dicho  entendimiento, la letrada feminista también promovió un Habeas Corpus contra la Residencia donde la joven se encontraba alojada Legajo de OGA Nº 15213, caratulado "A V K Y N M R S/ Habeas Corpus ", el cual fue rechazado en fecha 26.02.2022. Por otro lado, en presencia del Dr. Fabricio Patat como Ministerio Pupilar, la joven adolescente, asistida por su letrada patrocinante, Dra. Corina Biesel, denunció en Audiencia de Escucha con la suscripta, videogravada en autos, los abusos recibidos en la residencia, los que fueron ratificados por su hermano, y que determinaron su traslado por el CoPNAF a una nueva residencia. Los hechos expuestos por la joven, determinaron que esta Magistrada dispusiera la remisión de testimonios a la Fiscalía de Concordia para su investigación”.

Conflictos previos

Etienot aseguró además que previo a su desembarco en el Juzgado de familia de Diamante, había conflictos. “Previo a asumir el cargo, fui citada por el Dr. Carbonell y la Dra. Medina, justamente para ponerme en conocimiento de la situación de conflicto interno habido en el Juzgado de Familia de Diamante con la Dra. También en la transición con la Dra. Ana Quinteros, por entonces a cargo del Juzgado, la misma me expresó de la gravedad de la situación que se vivenciaba en el clima de trabajo del Juzgado que aún siquiera había asumido. Que obran ante la Oficina de Sumarios todas las actuaciones previas, sin embargo, dichos antecedentes fueron sugestivamente omitidos, mostrándome como causante de un grave conflicto laboral de violencia del que fui heredera”, acotó.

Casi sobre el final del recurso de apelación, el abogado de Etienot refirió a la “denuncia de violencia laboral de la Médica Psiquiatra Dra. Jorgelina D , integrante suplente del Equipo Técnico Interdisciplinario de la jurisdicción, con nueve (9) meses de antigüedad, elegida y designada por el S.T.J. a raíz de la vacante generada por la jubilación de la titular del organismo, debo decir que rechazo la existencia de agresiones de mi parte, como que, todas las tensiones habida con la misma respondieron a cuestiones de trabajo en su rol de Coordinadora del ETI y en virtud de las graves deficiencias y demoras en la confección y presentación de informes”.

“Destaco también que, previo al arribo de la Dra. D al Equipo Técnico, en su calidad de médica psiquiatra, no existían reclamos por parte de los Asesores Letrados en Salud Mental, ni del Ministerio de la Defensa, ni de los profesionales ni de la suscripta, en torno a la confección de Informes, ni de demoras en la presentación de informes ni deficiencias en el cumplimiento de las funciones. La ausencia de bilateralidad en los procesos llevados adelante por el Tribunal de Superintendencia, me impiden ampliar las razones por las cuales se pretende fundar el peligro en la demora respecto de las demás integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario de la jurisdicción (quienes además no forman parte del organismo que constitucionalmente presido, ni se encuentra bajo mi dependencia), ya que me es por entero desconocido si las mismas han efectuado algún tipo de planteo en mi contra”.