Tomás Vírgala, defensor en la causa Jóvenes Emprendedores, opinó sobre la igualdad de armas en el proceso penal, sostuvo que no deja de sorprender a los defensores las irregularidades que observan en las investigaciones penales y entendió que es una necesidad que se garantice “el pleno goce de las garantías constitucionales, donde está incluido el pleno ejercicio de la defensa”. 

Tomás Vírgala es uno de los defensores en la causa conocida como Jóvenes Emprendedores, que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento, cobro y rendición de créditos correspondientes al Programa Jóvenes Emprendedores, entre 2018 y 2022, en la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos que posteriormente se denominó Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor y pertenece al Ministerio de Producción de la provincia.

En el inicio de la investigación, que es incipiente, el joven abogado desarrolló serios y fundados planteos en el ejercicio de la defensa oponiéndose, junto a las otras defensas, a medidas que solicitó Fiscalía. Así, cuestionó lo que entendió como la violación de todos los protocolos de recolección de evidencia digital en los allanamientos que se realizaron; el levantamiento del secreto bancario para todos los supuestos beneficiarios de los créditos y todos los imputados; el levantamiento del secreto fiscal, solo para todos los sindicados.

También se opuso a la realización de un informe del listado sábana de llamadas que surja del entrecruzamiento de las líneas de los sospechosos y los presuntos beneficiarios; y la aceptación de una supuesta víctima como querellante -con el status jurídico que tal condición conlleva en el proceso-, quien, de acuerdo a lo manifestado por Fiscalía, del devenir de la investigación podrían surgir elementos que indiquen alguna participación, lo que modificaría la posición de aquella en la investigación y en la hipótesis fiscal.

Avance desmedido

En declaraciones a APF, Vírgala sostuvo, de manera genérica, que “los abogados que ejercemos la defensa penal no dejamos de sorprendernos por las irregularidades que frecuentemente observamos en las investigaciones penales”. Añadió que “existe mucha flexibilidad a la hora de investigar, avanzándose muchas veces, sobre garantías fundamentales de los ciudadanos”.

En lo que concierne a la causa Jóvenes Emprendedores, el letrado opinó que “con una hipótesis acusatoria endeble y la excusa del ‘deber de investigar’ del Ministerio Público Fiscal, se habilita un avance desmedido sobre la privacidad de las personas, permitiendo que se vaya a la búsqueda de posible información sin ningún tipo de limite ni fundamento previo”. Como ejemplo citó que “evidencia de ello, es la cantidad de allanamientos y secuestros genéricos, fundados sólo en denuncias cortas, imprecisas, pero que habilitan este proceder”.

Vírgala expresó que “en la época en la que vivimos, la privacidad ha dejado de ser la regla, por cuanto la vida de las personas pasa por los medios digitales, las finanzas, los amigos, la propia familia, todo pasa por allí” y agregó que “es por eso que se deben tomar todos los recaudos al momento de intervenir en los elementos electrónicos, por cuanto, reitero, allí transcurre gran parte de nuestra cotidianeidad”. No obstante, entendió que “sin embargo, el sistema no está a la altura de esta situación”.

Cuestionamientos

En aquella línea cuestionó que aquello se presenta cuando “en primer lugar, se permite que sea el mismo órgano que investiga el que haga la extracción de la información de ese dispositivo” refirió en relación a los peritos del MPF que realizan pericias, que en realidad son informes que se realizan sin la participación de las defensas sugiriendo puntos de pericia y sin tener los profesionales del MPF las facultades para hacerlo.

Así, Vírgala formuló unas preguntas que surgen de lo que señaló como irregularidades en las investigaciones: “¿Cómo le explica un abogado a su representado que una dependencia del organismo que lo investiga también hace la extracción y selección de la información de su celular secuestrado?”. Entendió que “lo más probable es que frente a esto, el hipotético cliente pregunte: ¿pero no debería ser alguien independiente a ese poder quien haga la extracción? A lo que se le respondería, que sí, que debería ser así, como en otras provincias donde los gabinetes informáticos no dependen de la acusación”. El letrado agregó que “en este mismo sentido, mayor será su sorpresa cuando se le explique que tampoco puede poner un perito para esa medida en esa instancia procesal”.

Vírgala sostuvo que “coincidimos todos que un particular tiene el derecho de cuestionar lo que le parece que está mal y de preocuparse, sabiendo que el deber de objetividad investigativo, en algunas ocasiones, brilla por su ausencia”. Así, señaló que “no debemos olvidar que ante una investigación penal el sujeto está frente al poder punitivo del Estado, que lo aventaja en aspectos materiales, económicos y coactivos, quedando su defensa, sólo, a cargo de las garantías constitucionales que hará valer su defensor”.

Vírgala aportó que “en este sentido, es muy gráfico el sistema judicial de los estadounidenses que cuando lleva a alguien a juicio lo presentan como ‘Estado de California contra fulano’, dándole entidad a lo que dije previamente, es decir, que en una investigación y posterior juicio es todo el Estado que acusa a un solo ciudadano”.

Finalmente opino que “es una necesidad que garanticemos el pleno goce de las garantías constitucionales, donde está incluido el pleno ejercicio de la defensa, y aunque incomodemos, no dejaremos de decirlo”.

Fuente: APF