Comenzaron las testimoniales en la causa por incumplimiento de sentencias surgidas por acciones de amparo ambiental impulsadas por Ricardo Luciano y Carlos Codoppi.
En el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, comenzaron las indagatorias a funcionarios municipales y provinciales vinculadas a causas por la extracción irregular de arenas silíceas en el sur de Entre Ríos.
Los llamados están relacionados a expedientes iniciados en 2022 por el abogado Ricardo Luciano y Carlos Humberto Cadoppi, quienes denunciaron el funcionamiento de la planta que Cristamine SA en Holt Ibicuy sin contar con los permisos ni requerimientos correspondientes desde 2017.
Por estas demandas, la Justicia mandó prohibir a todas las empresas que no cuenten, mínimamente, con un “certificado de informe técnico favorable” emitido al Gobierno provincial. Pero las operaciones no fueron cerradas y la firma minera apuntada continuó trabajando con una habilitación municipal de la intendencia de Ibicuy. Esta autorización, de dudosa legitimidad, igualmente se venció en 2024. Por esta serie de faltas, se solicitó una investigación para dirimir responsabilidades por incumplimiento de sentencias.
Este 4 de noviembre comenzaron las testimoniales en la causa por incumplimiento de sentencias surgidas por acciones de amparo ambiental impulsadas por Ricardo José Luciano y Carlos Humerto Codoppi contra quien fuera el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y el Gobierno provincial por el funcionamiento sin los permisos correspondientes de la planta de extracción, lavado y clasificación de arenas silíceas “La República” de la empresa Cristamine SA con sede en la ciudad de Holt Ibicuy.
Por estos expedientes, recordó Luciano en diálogo con ERA Verde, se obtuvo curso favorable para clausurar todas las areneras que funcionaban sin certificado de aptitud ambiental vigente. La admisión de la falta de control y compromiso con la protección del ambiente del Estado fue “sorprendente”, apuntó el abogado.
El profesional refirió también que en la cantera denominada “La República”, de Cristamine SA, se realizaba la extracción del material que se utiliza para el de fracking en la cuenca petrolífera de Vaca Muerta sin el certificado de aptitud ambiental. “Aun así comenzó con la explotación del suelo para la extracción del recurso mineral en 2017 y continuó” hasta abril el 2022. Es por esto que, en la sentencia del juez Federal Viri, resolvió “hacer saber al Gobernador de la Provincia de Entre Ríos que deberá prohibir a las empresas que no cuenten con al menos el otorgamiento del ‘certificado de informe técnico favorable’ emitido por la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción de la Provincia realizar actividades de extracción de arena silícea en las Zonas I, II, III, IV y V de los Ríos Paraná y Uruguay”, citó Luciano de la sentencia.
Incumplimientos
Pero como ardid para eludir estos requerimientos, Cristamine obtuvo un permiso de uso del ex intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán. “La habilita sin más en los primeros días de mayo de 2022 y, vencido ese Certificado de Aptitud Ambiental a los dos años, es decir en abril de 2024, el actual intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, la vuelve a habilitar sin haber cumplido con el artículo Nº 57 del Decreto Nº 4.977/09 (que reglamenta la autoridad de aplicación de los Estudio de Impacto Ambiental –EsIA–) y los artículos 19º al 21º (sobre los mecanismo de consulta y participación ciudadana) de la Ley General de ambiente (Nº 25.675), algo que se había ordenado en ambas sentencias”, apuntó. Esta situación, expresó Luciano, le fue puesto al corriente en diciembre de 2023 a la actual secretaría de Ambiente, Rosa Hojman, y su equipo, “como así lo hizo Cadoppi, en abril de 2024, al gobernador Rogelio Frigerio”.
En este marco, por requerimiento del juez Hernán Viri, se presentó a indagatoria el intendente de la ciudad de Ibicuy, Ezequiel Maneiro. La semana entrante, el martes 11, está previsto que lo haga la titular de Ambiente, el 2 de diciembre el secretario de Minería, Ricardo Iturriza y el 16 del último mes de 2025, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.
Luciano aclaró que su demanda apunta a que se determine responsabilidades por incumplimiento de las dos sentencias judiciales de la empresa Cristamine, entre otras “por no realizar la audiencia pública obligatoria”, así como a los funcionarios por la falta de “los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y omisión de control”.
Era Verde
