Un tema que le importa mucho a los políticos y muy poco a la gente es la posible eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas, las llamadas PASO. Recordemos que las PASO fueron creadas por ley en 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y se implementaron por primera vez hace 15 años, en las elecciones de 2011. Aquella vez, se votó el domingo 14 de agosto y en Entre Ríos en el peronismo se impuso ampliamente Sergio Urribarri, por sobre Gerardo González.
Alentar la participación de otro candidato débil fue una estrategia que usó Urribarri en algunas oportunidades para asegurarse estar en el cuarto oscuro y poder exhibir una victoria el domingo a la noche para quedar mejor posicionado para las generales. No lo hicieron sus contrincantes, que fueron con lista única directo a las elecciones generales. Nos referimos a Atilio Benedetti y Jorge Busti, que compitió por fuera del peronismo, lo que luego le valió la desafiliación.
Finalmente, Urribarri logró su reelección en octubre de ese año y también Cristina Fernández de Kirchner su por su segundo mandato como presidenta. Mucha agua corrió debajo del puente desde entonces.
La realidad muestra hoy que Cristina Fernández cumple prisión domiciliaria, Urribarri está a la espera de que la Corte defina su situación y la gente está muy decepcionada con la política. A punto tal que muchos ya no están yendo a votar, tal como muestran los índices de participación en cada jornada electoral.
Sumado ese desinterés a este presente de ajustes y restricciones y a los miles de millones de recursos públicos que habría que destinar a estas elecciones, no es del todo ilógico que se analice eliminar las PASO.
Es cierto que, a la mayoría de los partidos, no contar con esta herramienta ordenadora les genera enormes problemas y la necesidad de resolver sus internas dentro de sus propias fuerzas, poniendo cada cual la plata. En Entre Ríos un gran perjudicado sería el peronismo, que ya vimos que no logró hacer una elección interna por escasez de recursos económicos y peleas internas, terminó fragmentado y derrotado y todavía hay muchas heridas abiertas.
El gobernador Rogelio Frigerio esta semana se reunió en Casa Rosada con su amigo Diego Santilli, que hoy ocupa el cargo de ministro del Interior de la Nación que Frigerio ocupó durante el macrismo. En esa reunión uno de los temas fue la eliminación de las PASO y en un parte de prensa oficial se informó textualmente que el gobernador entrerriano “destacó la importancia de avanzar en modificaciones al sistema electoral con el objetivo de reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias".
Traducido, dio su respaldo a la eliminación de las PASO y de esta manera apoyó el proyecto de Javier Milei. La definición era esperada en Casa Rosada, donde están intentando juntar los votos para la aprobación en el Congreso. Frigerio les aporta dos manos levantadas en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados.
Lo que le cuestionan al gobernador desde la oposición es el cambio de posicionamiento porque en la reforma electoral provincial de 2024 Frigerio y los suyos se mostraron a favor de las PASO.
Le señalan que el cambio responde a su alineamiento con Milei y, más allá de las chicanas, quién no ha cambiado de postura en la política entrerriana que tire la primera piedra.
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En el ámbito judicial, llegó en las últimas horas una noticia muy importante: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó analizar una petición formulada por algunas de las víctimas del ex cura Justo José Ilarraz.
A la presentación la hizo el abogado Andrés Gil Domínguez en nombre de algunas de las víctimas luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara a Ilarraz impune al considerar que la acción penal por corrupción de menores y abuso sexual estaba prescripta.
Esto ocurrió en julio del año pasado:13 años después de que en la revista ANÁLISIS se conocieran por primera vez públicamente estos hechos aberrantes contra decenas de seminaristas de entre 12 y 14 años entre 1984 y 1992 en el Seminario de Paraná.
Esa investigación periodística fue el origen de la causa que derivó en la condena contra el ex cura a 25 años de cárcel y a la corroboración en todas las instancias de que los hechos efectivamente ocurrieron.
El fallo de la Corte volvió a poner el foco en el tema de los plazos. Recordemos que en la versión original del Código Penal la prescripción comenzaba al momento de cometido el delito, como en cualquier otra tipificación. En 2011 se aprobó la Ley Piazza, que corrió el inicio de los plazos al día en que la víctima cumpliera los 18 años y en 2015 se sancionó una ley impulsada por la entonces senadora entrerriana peronista Sigrid Kunath para el respeto a los tiempos de las víctimas y tomando como argumento, precisamente, el caso de los abusos del cura Justo Ilarraz.
Ya lo hemos dicho en varias oportunidades: a las personas que son víctimas de delitos contra la integridad sexual no les es fácil denunciar. Hay quienes no pueden hacerlo jamás. Por eso es crucial esta normativa.
Los abusos cometidos por Ilarraz son anteriores a esta modificación legal y por eso el fallo de la Corte. Pero hay tratados internacionales que protegen el interés superior de los menores y amparan que la ley se aplique en forma retroactiva. Eso es lo que los sobrevivientes de este horror están yendo a buscar a la Corte Interamericana. Desde nuestro humilde lugar, una vez más estamos con ellos acompañando esta lucha por Justicia.
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Mientras tanto, en esta provincia sorprende el insistente mecanismo de parte de las máximas autoridades judiciales para pisar o seguir pisando expedientes complejos, postergar fechas de debates de juicios por delitos de corrupción y llevar todo para años siguientes que ni siquiera se pueden prever. Hace ya varios días que la Oficina de Gestión de Audiencias (la denominada OGA), que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, no dispone la realización de debates en torno a sonados casos que ya se vienen postergado por diferentes motivos e instancias de recusaciones de parte de los abogados defensores de los imputados, fundamentalmente. Mientras tanto, en septiembre se van a cumplir 8 años del descubrimiento de los “contratos truchos legislativos” por el cual se desviaron más de 50 millones de dólares; la causa de enriquecimiento ilícito contra Sergio Urribarri cumplirá once años y la de las coimas del empresario Diego Armando Cardona Herreros llegará a diez años de la denuncia originaria que hiciéramos en la revista ANÁLISIS, por mencionar algunas de las causas más complejas que tramitan, donde hay un lote de casos por corrupción que tienen una década o más en trámite. Recién se reactivará el 26 de mayo el debate sobre la causa Contratos I. O sea, dentro de 20 días. El punto en cuestión es que ¡no se hace audiencia alguna desde el año pasado!
Está claro que en la Sala Penal del Alto Cuerpo siempre hubo una estrategia para ir manejando y maniobrando sobre escombros y piedras las causas vinculadas a la dirigencia política, con las que siempre tuvieron fuertes vínculos dos de sus integrantes, como Daniel Carubia (exsocio de Jorge Busti en su estudio jurídico de Concordia, hasta que llegó a Paraná como vocal, a principios de 1988) y Claudia Mizawak, exabogada de Jorge Busti y de Urribarri, como también fiscal de Estado del último gobierno de Busti. Manipulan a su antojo los tiempos de las audiencias y no mueven un dedo para designar nuevos profesionales que puedan llevar adelante pericias contables, por lo cual se sigue trabajando con una o dos contadoras todas las causas por delitos de corrupción, que hace imposible que avancen, al ser delitos tan complejos. Con un 10 por ciento de lo que los vocales gastan en viajes a lugares del país o del mundo, se podría contar con profesionales probos y honestos que pueden avanzar a un ritmo más intenso las causas. Pero siempre es mejor cumplir con los poderosos (lote que también integran, obviamente, con sueldos que rondan los 20 millones de pesos mensuales), seguir pagando favores a la clase política y ver, desde ese púlpito en el que se encuentran, cómo demorar causas, sin importar los reclamos de la gente, que sigue exigiendo justicia, que devuelvan el dinero, pese a los oídos sordos de los señores magistrados.
(*) Editorial compartida en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del miércoles 6 de mayo de 2026.
