El escrache fue convocado por propietarios de gimnasios que reclaman la flexibilización de las medidas dispuestas por la Municipalidad de Concordia para intentar frenar los contagios de coronavirus.

Ediles del Frente de Todos expresaron su “repudio a las manifestaciones en el domicilio del intendente Alfredo Francolini” y manifestaron su “solidaridad con su persona y familia”.

“Más aún cuando el supuesto motivo de la manifestación era oponerse a medidas preventivas ante un contexto inédito como el que estamos atravesando por la pandemia mundial de coronavirus, y las mismas fueron tomadas siguiendo en base al asesoramiento de profesionales de la salud, los integrantes del COES Local, y el diálogo entre el Ejecutivo Municipal y Provincial”, remarcaron los concejales en un documento enviado a APF.

“Hoy debe primar el cuidado de la salud del conjunto de la población, y ese es el eje rector que direcciona las medidas que se van implementando ante la evolución de la situación epidemiológica, que hoy en Concordia presenta cifras muy preocupantes y un escenario en el que a diario mueren concordienses en relación a la pandemia”, remarcaron.

Lamentaron que “estos hechos incitan a la violencia, violan el derecho a la propiedad privada y profundizan la división entre los argentinos” y apuntaron que además “violan las medidas que rigen para evitar la propagación del virus Covid-19, ya que la convocatoria se realizó en vigencia de la normativa Nacional y Provincial que impiden este tipo de aglomeramiento de personas”.

“Sin distinción de tiempos ni lugares, los valores como el respeto por la persona, su familia y sus bienes son fundamentales y están garantizados por la Constitución y las Leyes tanto Nacionales como Internacionales. Hoy más que nunca estas actitudes que incitan al incumplimiento de las normas y el avasallamiento de la vida privada y los bienes de los demás, nos deben interpelar como sociedad”, expresaron los ediles que conforman el bloque del Frente de Todos.

“El derecho a la libre expresión siempre debe ser garantizado, pero debe ejercerse sin violentar otros derechos ni poner en riesgo el sistema sanitario y la salud del conjunto de la población”, sostuvieron.

Por último anticiparon que elevarán “un pedido a la Fiscalía Federal para que evalúe la factibilidad de iniciar una investigación penal contra los supuestos actores y convocantes a este tipo de acciones”.