El abogado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, propuso reglamentar el secreto profesional periodístico consagrado por el artículo 46 de la Constitución Nacional.

“¿Porque el derecho a guardar la fuente u otros ámbitos del periodismo no pueden ser reglamentados?”, se preguntó en su cuenta de Twitter. La inclusión del secreto periodístico en la Constitución fue producto de una larga lucha de los periodistas para proteger a sus fuentes de información frente a la poca transparencia de los gobiernos en Argentina y está respaldada por convenciones de derechos humanos de la OEA y la ONU.

“No se requiere ser ingenioso para intuir que el límite debe provenir de que el origen de la información no sea ilícito. Si el periodista sabe que ella proviene de un ilícito sobre la víctima del caudal informativo (escucha ilegal, inteligencia interna, etcétera), no debe difundir”, propuso Rusconi.

La propuesta de Rusconi, integrante del grupo de abogados “Iniciativa Justicia” que defienden a ex funcionarios K en causas por corrupción, se conoce después de que el diputado Eduardo Valdés propuso limitar la difusión de escuchas judiciales por parte de la prensa, publicó el diario Clarín.

Además, el abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, acusó la semana pasada al periodista Luis Majul de haber participado supuestamente de un grupo de inteligencia ilegal del macrismo que se investiga en la Justicia de Lomas de Zamora. Unos días después el senador K Oscar Parrilli comparó al periodista Jorge Lanata con el represor de la dictadura Alfredo Astiz e incluso en la lista de “espías inorgánicos” a Majul, Daniel Santoro y Nicolás Wiñazki, entre otros. Todo después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se presentó como querellante en la causa de Lomas de Zamora y mostró un video en sus redes sociales diciendo que había sido víctima de una “asociación ilícita” integrada por ex funcionarios macristas y periodistas.

“¿Por qué pensar que los periodistas no pueden ser controlados o no pueden cometer nunca un ilícito? Ese ilícito incluso puede unir el origen ilegal de la información con el destino también antijurídico de la publicación en el marco de una extorsión o armado ilegal de causa penal’”, sostuvo el letrado quien pidió, sin éxito hace unos años, que la Justicia accediera a las llamadas telefónicas del periodista Matías Longoni para conocer las fuentes de su investigación de la Mafia de la Aduana. Rusconi defiende a los hermanos Paolantonio en esa causa, consignó el diario Clarín.

Luego recordó “varias actividades (escribanos, dedicados al arte, bancos) son obligadas a reportar al Estado cuando reciben dinero que creen que proviene de un ilícito (ley de prevención del lavado de activos). Y los abogados pueden ser relevados del secreto profesional”. El abogado Juan José Ubeira, defensor del ex titular de Yacyretá Oscar Thomas, y otros letrados de la causa de los cuadernos de las coimas se negaron a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cómo las pagaban sus clientes, amparándose en ese derecho.

Luego Rusconi supuso que “el periodista puede publicar todo. ¿Por qué un juez no puede relevarlo del derecho/obligación del secreto de la fuente cuando investiga un delito de extrema gravedad (inteligencia ilícita estatal)? Ver Fallo del Tribunal penal para la ex Yugoslavia”.

Pero, “se olvidan que existe un delito de prevaricación judicial. La actividad periodística deja de serlo cuando ingresa en el delito (por supuesto que ello hay que investigarlo). Pero, ¿por qué pensar que la investigación judicial debe ser bloqueada?”, agregó el ex fiscal.

“Los periodistas han aprendido de las malas tradiciones judiciales la idea de que ambas actividades (periodísticas y judicial) no están sometidas a ningún control. De los (malos) jueces suele escucharse el tranquilizador axioma de que no pueden ser juzgados por sus sentencias”, afirmó.

Entonces, el periodista “solo tendría derecho a reservar la fuente si él fuera imputado en una indagatoria. Pero no por razones elegantemente constitucionales de enaltecimiento ético de su ejercicio profesional. La mentira sobre el origen de la información demostraría real malicia”, agregó Rusconi.

“Si difunde y luego lo citan en una investigación, el origen ilícito o antijurídico de la información recibida no lo autoriza a encubrir ese ilícito. Un límite”, añadió.

Después dijo que “si un periodista usa información fílmica que genera el gobierno como el desvío de esa información generada con dinero público hacia un producto privado como un programa de televisión es, un delito, según el caso o malversación de caudales públicos o peculado, el periodista que usó ese producto, incluso mintiendo sobre el origen”.

“Periodista: sujeto que, al amparo de la libertad de expresión, puede integrar una banda de inteligencia clandestina, destinada al armado de causas fraudulentas, al solo efecto de encarcelar a algunas personas por sus ideas y publicar información a sabiendas del origen ilícito”, finalizó Rusconi.