El Gobierno logró que miles contribuyentes se acojan a la más reciente y más amplia moratoria fiscal, generando el ingreso -actual o futuro- de millones de pesos a las arcas públicas. Pero, la iniciativa levantó también una ola de frustración entre sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fiscales y jueces que debieron presenciar cómo numerosos evasores, contrabandistas, y “cuevistas” consuetudinarios evitaron, otra vez, los castigos.

“Por un lado, se cantan loas a la lucha contra la criminalidad económica y, por el otro, se ofrece a sus responsables una promoción tributaria con perdón de penas incluido. Una suerte de derecho penal del miedo en el que los jueces trabajan de 'asustadores legales”, planteó el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, el magistrado que más verbalizó su fastidio con la nueva “amnistía fiscal”, como la llamó.

Sabuesos, fiscales y jueces consultados por el periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación lamentaron, en particular, el tiempo y los recursos humanos, administrativos, procesales y económicos que conllevó investigar a miles de contribuyentes, determinar el monto que evadieron, llevarlos ante la Justicia, impulsar las investigaciones, elevarlas a juicio y que incluso se arriben a condenas, para que luego se acojan a una moratoria y queden impunes.

“A nosotros nos deja un poco la sensación de que, aun entendiendo la finalidad eminentemente recaudatoria, cada norma de esta especie tira por tierra todo nuestro trabajo”, planteó otro magistrado del fuero en lo Penal Económico, “y resta credibilidad en términos de prevención general, en especial, al régimen penal tributario, y en parte al mecanismo de recaudación tributaria”, explicó.

Esa frustración es tanto cuantitativa como cualitativa, según coincide una decena de sabuesos, jueces y fiscales consultados por el diario La Nación en todo el país. Por un lado, porque en algunos juzgados en lo Penal Económico -fuero con competencia en delitos de evasión y contrabando-, un piso de entre el 10 y 15 por ciento de los acusados ya se acogió a la moratoria, porcentaje que se descuenta que aumentará de manera sustancial durante las próximas las semanas, cuando otros acusados acompañen las constancias de la AFIP.

Una puerta para peces grandes

La frustración, sin embargo, también es cualitativa, afirman los funcionarios consultados. Porque la moratoria también les abrió una puerta a varios peces grandes. Tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en distintas jurisdicciones de todo el país.

El caso más icónico acaso sea el de Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, quienes solicitaron incorporar a su petrolera Oil Combustibles en la moratoria, como así también otras empresas del Grupo Indalo -que adeuda más de $ 11.800 millones, entre capital e intereses-, como la productora televisiva Ideas del Sur.

Para la oposición, la iniciativa oficial resultó un traje a medida de López y De Sousa, lo que así denunció cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley ante el Congreso. Según el vicepresidente y el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina y Luis Pastori, es “un traje a medida de las necesidades de la empresa Oil Combustibles”.

Desde el oficialismo rechazaron la acusación. “Esta es una moratoria para todos”, retrucó el senador oficialista Oscar Parrilli. “Es para Correo Argentino, para [Nicolás] Caputo, para Clarín, para Telecom, para las financieras, para la empresa Vicentin, para todos”, enfatizó.

Ajenos a ese contrapunto entre el Gobierno y la oposición, López y De Sousa ya presentaron la solicitud en nombre de Oil Combustibles, aunque todavía esperan la respuesta de la AFIP, que el viernes 18 se limitó a contestar que está “verificando el cumplimiento de los recaudos previstos en la reglamentación, tarea que se complicó porque la petrolera presentó siete escritos entre el 27 de octubre y el 10 de este mes.

A Oil Combustibles se suman otros nombres paradigmáticos. Entre ellos, el de Alberto Samid. Condenado ya como evasor por la Justicia, el matarife apeló la sentencia ante la Corte Suprema mientras cumple prisión domiciliaria. Pero como la moratoria se habilitó para todo aquel que no registre una condena firme, su contadora ya presentó los papeles para acogerse, según confirmó el propio Samid al diario La Nación.

¿Más ejemplos? El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 suspendió la acción penal para alivio de Enrique Drzewko, Juan José Stemkauskas, Luis Raimundo, Víctor Hugo Raimundi y Miguel Ángel Reich, vinculados al “caso Skanska”, las cuevas, el dólar “blue”, mochilas llenas de dinero por la City porteña, el caso “Propyme” y hasta el descuento de cheques a una sociedad comercial vinculada al entorno de Amado Boudou.

¿Otro más? También se benefició el empresario Ricardo Koutnouyan, acusado de contrabando de mercaderías desde China en la misma pesquisa que llevó a la detención del cuñado de Julio de Vido, Claudio “el Mono” Minnicelli. Al extinguir la acción penal en su contra, el juez Aguinsky remarcó que “el legislador decidió privilegiar la recaudación tributaria por sobre la persecución del delito”.

¿Y otro ejemplo? El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 extinguió la acción penal contra uno de los responsables de la firma avícola “Cresta Roja”, Sebastián Perea Amadeo, por la evasión de los impuestos a las Ganancias e IVA.

En el interior

Al Norte, en la provincia de Chaco, los investigadores de la AFIP y de la Justicia federal también debieron tragar saliva. Una larga lista de evasores se acogió a la moratoria, que permite pagar al contado y cerrar las causas penales de inmediato, o requerir un plan por hasta 120 cuotas, en pesos, y dejar en suspenso las acusaciones, supeditadas al pago total.

Esa lista de evasores que se beneficiaron en Chaco incluye, por ejemplo, a uno de los empresarios más icónicos de la región, Ricardo Korovaichuk, cuyo frigorífico inauguró el gobernador Jorge Capitanich, pero que ya arrastraba un pedido de indagatoria del fiscal federal Patricio Sabadini por presunta evasión.

Más de 1.500 kilómetros al Sur, en tanto, otro nombre vinculado a la evasión a través de las facturas truchas, Juan Ignacio Suris, tuvo peor suerte. Pidió acogerse a la moratoria para de ese modo terminar con sus problemas judiciales, pero chocó con una limitante. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca rechazó su pedido porque la letra chica de la ley no habilitó la moratoria para quienes se encuentren acusados de conformar una asociación ilícita fiscal.

Las redes de Lázaro Báez

Así, el mismo día que ese Tribunal Oral Federal rechazó el pedido de Suris, admitió el pedido de otros dos acusados -uno de ellos, Christian Lemos-, aunque estos cargaban con una causa por insolvencia fiscal fraudulenta, figura penal para la que no se fijaron obstáculos para entrar en la moratoria fiscal.

También en Bahía Blanca, los empresarios locales que proveyeron facturas truchas por al menos 673 millones de pesos a Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez, también habrían requerido entrar a la moratoria, aunque chocarían con la misma pared que Suris: son acusados de integrar una asociación ilícita fiscal. Por tanto, no pueden acceder a los beneficios,

A su vez, tanto Austral Construcciones como otra empresa que arrastra serios problemas desde hace años, la firma postal OCA, por ahora no explicitaron ante la Justicia si solicitaron los beneficios de la nueva moratoria. De dar ese paso, deberán informarlo en la ciudad de Buenos Aires, en el Juzgado en lo Penal Económico que está a cargo de Javier López Biscayart.

En las antípodas político-partidarias de López y Báez, en tanto, algunos contribuyentes cercanos a Juntos por el Cambio también buscaron acogerse a la moratoria, pero no así tres de sus rostros más públicos. El socio de Mauricio Macri, Nicolás “Nicky” Caputo, negó haber dado ese paso, a pesar de las declaraciones del senador Parrilli, pero anticipó que sí recurrirá a la Justicia para disputar la aplicación del nuevo impuesto a la riqueza.

El Grupo Socma de la familia Macri, en tanto, afirmó que tampoco se acogió a la moratoria -aunque un contador “junior” habría ingresado “por error” a la página por una deuda de 200 mil pesos-, y el primo del ex presidente, Ángelo Calcaterra, tampoco se adhirió al nuevo plan. Sí solicitó pagar el monto correspondiente a los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de 2019 con un anticipo y tres cuotas. La última la pagó en noviembre.