Unos 8000 vecinos de Rosario salieron este jueves a reclamar justicia y seguridad en una protesta que surgió tras el asesinato que se produjo el martes pasado del arquitecto Joaquín Pérez, de 34 años, que murió tras recibir dos disparos durante el robo de su auto.

“Es imposible vivir así, en una ciudad donde muere la gente honesta y trabajadora como Joaquín. Es insoportable esta situación”, señaló a La Nación Ana María Devauile, de 67 años, que vive a dos cuadras de donde ocurrió el crimen del arquitecto. Esta mujer se manifestó junto a sus vecinos de los barrios de Arroyito y Alberdi, en Rosario para reclamar mayor seguridad. Su mensaje fue replicado en muchas voces aquí.

“Hace una semana llegaron 500 gendarmes y no se sabe dónde están”, reclamó Alberto Sánchez, vecino de la zona.

Con carteles, aplausos y cacerolas los vecinos expusieron en avenida Alberdi su enojo ante un asesinato que tuvo un fuerte impacto en la población. “No queremos que venga ningún político. Que la campaña la hagan en otro lado”, manifestó Cecilia Sauri, una joven de 21 años.

Desde las 19 la concentración principal sumó manifestaciones en otros puntos de la ciudad, como en el centro, donde se produjeron cacerolazos en demanda de mayor seguridad. “Sangre inocente, funcionarios deficientes”, decía una de las banderas más grandes que sostenían los vecinos.

El crimen de Pérez provocó no sólo conmoción, especialmente entre los vecinos más cercanos del barrio de Arroyito, sino también bronca, una reacción que superó los límites de la zona norte de Rosario. El arquitecto de 34 años, casado y con una hija de tres años, fue asesinado por dos hombres que le robaron su auto, un Renault Clio, cuando se disponía a guardarlo en una cochera a 50 metros de su casa. Los asesinos le dispararon dos veces con una pistola calibre 40, según informó este jueves la Fiscalía de Rosario.

Sufrió heridas mortales en el tórax y en la ingle fruto de los disparos que fueron ejecutados a muy corta distancia. Herido, Pérez corrió hasta su casa, de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad. Se desvaneció en la puerta de su hogar, donde quedaron las manchas de sangre de sus dos manos cuando trataba de abrir la puerta. Cayó allí y un vecino que es médico le practicó tareas de reanimación, pero falleció a los pocos minutos.

El crimen generó desconsuelo por la historia de este hombre de 34 años que nada tenía que ver con las tramas criminales cuyos enfrentamientos permanentes en Rosario generan una sucesión de asesinatos que llevaron a que este año se elevaron a 186. Es el año con mayor cantidad de homicidios, a excepción de 2014.

El 84% de esas muertes se producen –de acuerdo con las estadísticas oficiales- como consecuencia de las tensiones en la geografía delineada por el narcomenudeo. Según el informe correspondiente al mes de setiembre del Observatorio de Seguridad Pública, solo el 2% del total de homicidios se produjo “en un contexto de robo”. En cambio, seis de cada diez crímenes se cometieron por conflictos entre organizaciones criminales.

El estallido del fastidio social no responde a un crecimiento de los homicidios seguidos por robo, sino que hizo eclosión por la conmoción que genera la muerte este arquitecto, ajeno al mundo narco y criminal, y por la extensa crisis de seguridad que desde 2013, cuando estalló la guerra narco en Rosario, nunca tuvo freno, salvo un breve periodo de 2017 cuando se produjo una baja del 20 por ciento de los asesinatos.

Durante las horas previas a la marcha, desde distintos sectores políticos, incluido el gobierno provincial, plantearon sus temores de que el crimen de Pérez dispare un nuevo Rosario Sangra, la multitudinaria manifestación que surgió en agosto de 2016 cuando se produjeron en un mes cuatro crímenes en situación de robo. En esa oportunidad marcharon unas 60.000 personas a los tribunales y a la casa de gobierno.

Luego de esas protestas, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich, firmó un acuerdo de seguridad con el gobierno de Santa Fe y se concretó el envío de un contingente de gendarmes.

La semana pasada, el titular de la cartera de Seguridad Aníbal Fernández encabezó un acto en Rosario para dar por iniciado un nuevo operativo con 575 gendarmes. El refuerzo de efectivos ya se concretó y no provocó –en este corto plazo- un impacto en la seguridad.

Ante esta nueva crisis, Fernández mantuvo silencio, como así también parte del gobierno de Omar Perotti, zambullido en la campaña electoral de cara al 14 de noviembre. La jefa de Policía de Santa Fe, Emilce Chimienti, salió este jueves a explicar que la cantidad de policías no alcanza para las tareas que debe realizar una fuerza que en Rosario posee 5400 hombres y mujeres.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, anunció que el gobierno dará recompensa económica a quienes aporten información para esclarecer el crimen del arquitecto.

El funcionario provincial agregó que la “única hipótesis” que se maneja es la de un asesinato en ocasión de robo y añadió que gestionó celeridad ante Nación para conocer quién es el titular de la pistola calibre 40 secuestrada en el auto robado, ya que tiene numeración visible. “No va a quedar impune”, aseveró.

Desde California, Estados Unidos, Graciela, la suegra de Joaquín Pérez dijo a Radio 2 que que su hija tuvo en brazos al marido agonizante. “A Joaquín no lo mataron dos pibes que pasaban en una moto solamente; lo mataron esos dos pibes y todas las instituciones que permiten que estén ahí haciendo eso. Y no es solo la falta de trabajo. Todo el mundo sabe: los patrulleros están parados, Gendarmería está parada. Los tiros se escuchan... Es un relajo institucional, es un relajo social. La gente no se está dando cuenta que está viviendo en una guerra”, expresó la mujer.