La Comisión de Transporte de la Cámara baja, presidida por el jujeño radical Jorge Rizzotti, se reunió este miércoles para retomar el debate por los subsidios al transporte público de pasajeros por automotor, urbano y suburbano del interior del país del interior y emitió dictamen para declarar la emergencia con plazo hasta el 31 de diciembre del corriente año, un monto destinado de $59.500 millones y la utilización del sistema SUBE.

En el despacho también se incluyó la modificación a la Ley 24.449 sobre la prórroga del vencimiento del plazo para circular para vehículos que presten servicio de autotransporte de pasajeros, un tema que surgió del último encuentro que mantuvieron.

El dictamen no fue unánime, ya que el bonaerense Florencio Randazzo no estuvo de acuerdo respecto al alcance de la emergencia y a la facultad delegada al Ejecutivo. La discusión sigue ahora en la Comisión de Presupuesto.

Las provincias reclaman que el reparto es muy desigual respecto al AMBA (Ciudad y Conurbano bonaerense), que concentra entre el 85% y 87% de los subsidios, dejando entre un 15% y 13% a repartir entre las distintas jurisdicciones. En el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de los 24 hasta los 80 pesos, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinen a este sector.

El debate

En el uso de la palabra el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo “Rodríguez, consultó sobre el compromiso de la comisión a “comenzar ya mismo el tratamiento de los proyectos que abordan la cuestión del Fondo, en el sentido de una nueva distribución de los subsidios, la equidad federal”.

En tanto, el radical Rizzotti le contestó: “No hay en el dictamen una inclusión del tema, pero es algo a tratar al poder establecer una agenda y tratar un proyecto de Fondo respecto del sistema de subsidios al transporte”, publicó Parlamentario.

A su turno, el diputado correntino Jorge Romero (FdT) sugirió incorporar en el artículo primero del dictamen “transporte urbano y suburbano hasta 60 kilómetros” porque “eso va a influir en la cantidad de móviles que tiene la CNRT que van a ser muchos más y vamos a entrar en un problema”.

En su alocución, el titular de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, expresó: “Estamos declarando la emergencia y eso puede habilitar la realización de contratos administrativos por emergencia y que eso conlleva a lo que os cuestiones de licitación, prórrogas de concesiones, entonces tendríamos cuidado en cómo redactamos esa parte. El propósito que habíamos establecido era declarar la emergencia para lo que es el objetivo del Fondo Compensador que necesitan las provincias del país y sería cuidadoso en la declaración de la emergencia en lo que conlleva después eso, porque es un tema que no es poca cosa para todo lo que es el sistema de transporte de automotores de la argentina”.

“Obviamente que estamos tratando de encontrar un punto de coincidencia que se había logrado. No tenemos márgenes de tipificación de una emergencia es decir emergencia uno, dos o tres, como para condicionar el funcionamiento, es algo imposible. Nosotros necesitamos tener en claro cuáles son las prioridades que es generar un fondo que atienda a las distorsiones que se han producido en el transporte público del interior y la herramienta que tenemos en la mano es esto. Y si la empezamos a mirar y a tironear no vamos a hacer nada para que esto tenga la ejecutividad que esto tiene que tener por los tiempos en los que estamos y la urgencia demandada”, sostuvo el diputado Carlos Selva (FdT).

De la vereda de enfrente, Ferraro le retrucó de forma pacífica: “En la definición que usted plantea se incorporan los micros de larga distancia en lo que es declaración de la emergencia y no guarda propósito con el objetivo que estamos debatiendo y tenemos que aclarar hacia dónde queremos declarar la emergencia. No digo que ese sector no la tenga, pero tratar de enfocarnos en el propósito”.

Silva le contestó: “En el acuerdo que se llegó, y en un proyecto que teníamos presentado de prórroga de la antigüedad de los micros de larga distancia, se determinó que ese proyecto de que exista la posibilidad de incluirlo dentro de la emergencia. La emergencia tiene un sentido que es el financiamiento para un determinado sector y tiene otro sentido que, le estamos dando al Ejecutivo, de prorrogar plazos de vencimientos por los dos años que no se trata en el proyecto. Son dos cosas complejas”.

Tomó el micrófono el presidente de la comisión y aclaró que para unificar el dictamen tuvieron “el proyecto de ley que es el tema de la emergencia en función al subsidio y al acompañamiento al transporte urbano del interior del país. Esa declaración se extiende al interjurisdiccional a efectos de que, si el Ejecutivo entiende dentro de la emergencia hacer una prórroga en la correspondiente, es su facultad”.

En tanto, el sanjuanino José Luis Gioja (FdT) sugirió que la facultad al jefe de Gabinete tenga un plazo hasta el 31 de diciembre del corriente año suponiendo que “vamos a sacar una ley definitiva que rija hasta el año que viene”.

En suma, Rizotti aceptó la propuesta y resaltó: “La emergencia hasta el 31 de diciembre entiendo que vamos a trabajar en la comisión con todos los proyectos presentados en un proyecto definitivo de redistribución del subsidio del transporte del interior de pasajeros y las condiciones que tiene que tener la misma”.

“Puede ser o no necesaria la declaración de la emergencia, pero si también entendiendo que este aumento que se hizo en función el proyecto de presupuesto, el monto que ponemos lo hacemos afecto de la emergencia de la situación que tiene hoy el transporte interurbano del país”, sumó y agregó: “Los que venimos del interior queríamos más de 59 mil millones es probable que tengamos que exigirle al Ejecutivo hacerse cargo de algún tipo de tributo y por eso la exigencia de la implementación de la SUBE y evitar mayores inconvenientes que ya tenemos. En la declaración de emergencia estamos dando esa herramienta”.

Por último aclaró: “Hay una definición respecto en el cual planteamos la declaración de la emergencia que tiene que ver con la situación puntual del tema del interior y que tiene que ver hasta tanto haya una redistribución que, entendemos nosotros también, es responsabilidad de la comisión en un plazo no mayor de 60 días a efectos de que tengamos un trabajo definitivo puesta a consideración el trabajo de la redistribución de los subsidios y a efectos de dar, a través de esto, la ayuda para la autorización y obligación al Ejecutivo del incremento del monto. También tiene que ver en la obligatoriedad de la implementación de la tarjeta SUBE para que tenga consideración sobre la demanda”.