La decisión de la secretaría de Energía de la Nación de otorgarle a la empresa estatal Enarsa la operación de las hidroeléctricas cuyas concesiones vencen en dos meses, despertó reacciones en el gobierno rionegrino, que le pidió una reunión urgente al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y a la secretaria de Energía, Flavia Royón.

El pedido se formuló -dijo el gobierno- “tras ser confirmada la decisión de trasladar la operación de las centrales hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén al ámbito de la empresa Enarsa”, sostuvo la administración de Arabela Carreras en un comunicado.

Más temprano, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, había criticado en muy duros términos esta decisión.

“La posición de la provincia como dueña del recurso compartido con las otras provincias, es clara en cuanto a la necesidad de ‘aprobar’ todo tipo de decisiones que involucren el manejo de agua de los aprovechamientos múltipropósito, emplazados en los ríos Limay y Neuquén, buscando optimizar los usos como el control de crecidas, el consumo humano, riego, industrial y la generación de energía eléctrica”, comunicó el gobierno en un muy escueto mensaje.

“El Gobierno de Río Negro reiteró el pedido de avanzar en un entendimiento que disponga la concesión de las centrales en el ámbito público y compartido entre Nación (como propietario de las obras) y las provincias (propietarias del agua)”, insistió.

Lo que hizo Royón fue una simple comunicación al titular de Enarsa para que, el 11 de agosto de este año, cuando venzan tres de las cinco concesiones, esa empresa tome a su cargo todas las responsabilidades que tienen ahora los privados que manejan la concesión.

Que Nación haya resuelto concentrar en su empresa ENARSA el manejo de las represas del sur asoma como una pésima señal para Entre Ríos y sus pretensiones para que la parte argentina de Salto Grande llegue algún día a provincializarse.