A cargo de la diputada nacional Carolina Gaillard, la Comisión de Juicio Político informó los cargos provisorios contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) tras 24 reuniones en lo que va del año.

Tras ser notificados, los jueces del máximo tribunal de justicia disponen hasta el jueves 2 de noviembre para realizar su descargo o asistir personalmente a la reunión prevista para el martes 7 de noviembre. Gaillard anticipó que “la comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre”.

Hasta el momento hubo 24 reuniones de Comisión de Juicio Político – se prevé al menos una más-, donde declararon un total de 65 personas en base a las 14 iniciativas contra los miembros de la Corte Suprema por “posible mal desempeño de sus funciones”, “manifiesta parcialidad”, “arbitrariedad”, “desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos”, entre otras irregularidades denunciadas.

El proceso comenzó el 26 de enero con la admisibilidad de los pedidos, y después comenzó la etapa de investigación, donde se organizaron los pedidos de juicio político a partir de la producción de pruebas en los fallos del dos por uno que benefició a genocidas, el de coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el de la reforma del Consejo de la Magistratura, por las irregularidades denunciadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y abuso de poder, publicó Parlamentario.

Una vez que los jueces realicen su descargo, la Comisión de Juicio Político podrá emitir el dictamen y llevarlo al recinto donde necesitará que dos tercios de los presentes voten afirmativamente. Según, la titular de la comisión está previsto que el dictamen sea en noviembre.

Los cargos contra los jueces

La Comisión de Juicio Político inició el proceso de investigación contra la Corte Suprema a partir de los fallos del “dos por uno” que benefició a condenados de la última dictadura militar; por el de la coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires; por la reforma del Consejo de la Magistratura; y por irregularidades denunciadas en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.

La primera causa investigada fue la del denominado “fallo dos por uno”, en la que se denunció que los miembros de la Corte Suprema favorecieron a los imputados o condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

A partir de la sentencia, Luis Muiña, acusado por el centro de detención clandestino del Hospital Posadas, fue el primer beneficiado, y con ello, desató que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas.

Los cargos por mal desempeño en esta causa fueron atribuidos al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Entre las acusaciones al presidente se destacaron: Haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2×1 para delitos de lesa humanidad, con relación al fallo “Muiña”; haber legitimado una maniobra que priorizó el tratamiento caso motivado por intereses ajenos a la justicia; y haber violado deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

Mientras que a Rosenkrantz se lo acusó por: Promover acciones dilatorias en la causa “Schiffrin”, con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la jueza Highton de Nolasco para priorizar el tratamiento del caso “Muiña”; abandonar los deberes funcionales que surgen de la Acordada 42/08 de creación Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad (Comisión Interpoderes), desvirtuando el rol institucional y afectando de desprestigio y mala reputación al Poder Judicial de la Nación; y por no excusarse de intervenir en las causas “Aredez” y “Burgos”, en virtud de la relación de larga data que une al magistrado con la familia Blaquier, en una clara violación al principio de imparcialidad.

Con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema restituyó una norma derogada y declaró inconstitucional una ley de 2006, arrogándose facultades legislativas para modificar la integración y composición del órgano de control de magistrados, encargado de seleccionar y remover jueces.

Además, del presidente y vicepresidente, se formularon cargos contra Juan Carlos Maqueda por: atribuirse el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución Nacional; apropiarse de funciones que la reforma constitucional le había quitado; interrumpir el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura; y dictar una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura.

También, se los acusa de falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional; inmiscuir en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas; y por haber favorecido a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.

En la causa “Coparticipación” se investigan las irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 para que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

En este caso, los cargos formulados fueron para los cuatro integrantes del máximo tribunal y se los investigó por: Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional, desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia a las reglas básicas del debido proceso; arrogarse facultades legislativas, violando el sistema de organización federal y la división de poderes; y dictar una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitido la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia.

Luego del fallo de la coparticipación, se hicieron virales una serie de conversaciones entre el director general de la Vocalía, Silvio Robles,y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por lo que se acusó a la Corte por “no haberse excusado en la causa cuando era su obligación a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad, en atención a los vínculos de íntima confianza”.