Por Luis María Serroels
(especial para ANALISIS DIGITAL)

Los movimientos efectuados por dirigentes y gobernadores del kirchnerismo en los últimos días, tienen un claro tufillo a recalentamiento de la interna partidaria, mezclada con un indisimulado temor a la pérdida de peso específico cuando se trata nada menos que de salvar la entidad y el devenir político. Lo que a partir del 22 de noviembre parecía una pesadilla, ahora cobra una dimensión cruda y contundente de dolorosa realidad.

Ya no está la jefa en el trono de Balcarce 50 ni los operadores ad-hoc o serviciales escuderos que asumían la tarea de domesticar, encolumnar y someter. Tampoco esa suerte de cogobierno en las sombras liderada por el primogénito de Néstor y Cristina, un muchacho a quien el destino lo hizo debutar en un trabajo formal (en una banca) cercano a sus cuatro décadas de vida. Todo un premio a sus indeclinables luchas, donde aprendió a disputar espacios políticos y ahora también despachos legislativos.

Resulta insólito que quienes más pujan hoy por conducir el Justicialismo, sean precisamente quienes lo dejaron bajo la cama reemplazándolo por el Frente para la Victoria, un reducto sui generis donde lo que menos se escuchó en 12 años fueron las palabras Perón y Evita. Las 20 Verdades escritas como un compromiso irrenunciable por el fundador del movimiento, quien en 1972 al regresar de su exilio reemplazó el apotegma “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista” por “para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”, no figuran en el breviario del Frente para la Victoria. Fue un postulado que el kichrerismo arrojó al tacho de la basura en su afán por erigirse en un mesiánico salvador de la patria.

En esta búsqueda de pergaminos y preseas doradas por supuestos logros, se debate cierta clase dirigente que, lejos de sumar para crecer, acentúa las diferencias, empieza a echar candidatos por la ventana y postula la unidad partidaria pero sólo a partir de cada uno. Tal como Alejandro Lanusse cuando pregonaba el Gran Acuerdo Nacional.

Parte de esta necesidad de no resignar parcelas de poder, es la embestida contra el enemigo común, Mauricio Macri. Y un elemento apto para ello es demandar un nuevo régimen de coparticipación de impuestos, con cara de enojados y resentidos pero aclarando, por las dudas, que están dispuestos a aportar a la gobernabilidad.

No hay nada mejor para detener una pelea entre perros que arrojarles un gato en el medio. Pero al final seguirán habiendo perros y gatos. Al peronismo le vino bien el felino que Macri y su equipo económico le lanzó en forma de incremento de los fondos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora esa idea fuerza que no se hallaba como tabla salvadora, les vino desde el propio gobierno.

De los 26.000 millones de pesos que el ministro Hugo Ballay dice ser acreedora la provincia por recursos no remitidos desde la nación, los jefes comunales serían destinatarios de una buena porción. El artículo 246º, inciso b) de la Constitución entrerriana, preceptúa que “la provincia transferirá automática y diariamente (a los municipios) el monto de dichas coparticipaciones” (por la recaudación de impuestos nacionales y del Estado provincial). Sergio Urribarri no respetó este artículo y a fines de 2015 los intendentes reclamaron por un retraso de seis meses de esas remesas.

Pero además no les coparticipó el porcentaje de incremento de un impuestazo de 2014 y en los últimos seis meses de 2015 no les transfirió lo que mandan las leyes provinciales y el régimen nacional (los radicales pusieron el grito en el cielo; los del FpV no). Todo lo que no llegó a Entre Ríos, hubiera arribado si Sergio Urribarri hubiese puesto el mismo coraje que sus pares de San Luis, Córdoba y Santa Fe cuando accionaron judicialmente (pero él soñaba con ser presidente).

Los Envalentonados es una congregación forzada por exigencias casi terminales no satisfechas a su turno por Néstor Kirchner y Cristina (como nota de color, Alicia Kirchner le exige a Macri lo que sus familiares directos le negaron a Santa Cruz).

“Nos preocupa mucho la paralización de la obra pública, ya que está impactando en el empleo en el sector de la construcción y tenemos miedo de que se llegue a movilizaciones sociales”, dijo el gobernador chaqueño, Domingo Peppo, aunque tendría que decírselo al diputado nacional kirchnerista Julio De Vido, quien como ministro de Planificación Federal llevó a que las empresas detengan sus obras por la falta de cancelación de certificados en tiempo y forma.

El gobernador radical correntino, Ricardo Colombí –ausente en la referida reunión- expresó que “está bien que los gobernadores del FpV reclamen su parte, lástima que antes no tuvieron la misma actitud (…) durante ocho años fueron sumisos a la decisión de un gobierno dictatorial”. Acusó que “la discriminación con Corrientes fue absoluta”.

Conviene posar una ligera mirada histórica sobre la distribución federal de recursos coparticipables. Hemos hallado entre diversas fuentes informativas, que en 1947 las provincias recibían un 21 por ciento y en 1959 se elevó al 36 por ciento (un 6 por ciento para la Capital Federal). En 1963 alcanzó al 40 por ciento de la recaudación primaria; 1968 un 35,46 para provincias y un 2,66 para la capital. En 1972 las provincias sufrieron déficits generalizados por la baja de la recaudación primaria y las políticas de equiparación salarial de empleados públicos nacionales y provinciales.

En 1973 se distribuyó por partes iguales hasta 1980. En 1976 la dictadura militar transfirió servicios nacionales a las provincias, sin financiamiento y en 1981 excluyó a Buenos Aires del sistema. Para paliar los déficits se apeló a aportes del Tesoro Nacional que, empero, sirvieron para la discrecionalidad, el desorden y hasta la corrupción.

En 1983 el gobierno de Raúl Alfonsín prorrogó el régimen un año y caducó. Pero en 1985 se empezó a remitir fondos discrecionalmente en forma de ATN. En 1987 y en un marco de provincias desfinanciadas y elecciones provinciales y renovación de bancas en el Congreso, donde ganó el justicialismo, se sancionó una nueva ley, la 23.548, que elevó la participación de las provincias a un 56,66 por ciento, quedando para la nación el 42,34 por ciento y una porción para los ATN.

Durante ambas gestiones de Carlos Menem en que hubo una fiebre privatizadora, endeudamiento y pactos (entre ellos el controvertido Pacto Fiscal de 1992 que impuso la discutida poda del 15 por ciento cuyo cese ya aplicado para tres provincias y hoy demandan las demás), se produjeron transferencias de servicios sin financiamiento (una travesura de Domingo Cavallo a quien convocara más adelante el presidente Fernando de la Rúa).

Con la salida de la convertibilidad, un nuevo acuerdo con los gobernadores ratificado por la ley 25.570, incorporó a las provincias el 30 por ciento del producido por el impuesto a los créditos y débitos bancarios (Impuesto al Cheque), aceptado a regañadientes pero hoy muy resistido.

Durante la gestión K la relación porcentual de coparticipación llegó a ser del 75 por ciento para la Nación y el 25 por ciento para el interior. Un verdadero robo que, además, se suma a la norma que en 1994 impuso que del 21 por ciento percibido por el IVA, sólo se coparticipe a las provincias sobre 18 puntos.

Sergio Massa ha ratificado que de cada 100 pesos que recauda una provincia, Cristina se quedaba con 76 pesos. Hace un par de décadas el economista paranaense Rafael Cuello empezaba a machacar tesoneramente y con datos contundentes, sobre esa política de esquilmación desarrollada por sucesivas administraciones nacionales, extrañamente a cargo de provincianos devenidos en acérrimos y pragmáticos unitarios.

El pasado martes 26 el gobierno provincial difundió declaraciones del diputado provincial Sergio Urribarri luego de entrevistarse con Gustavo Bordet.

Casi en calidad de oficioso vocero, el legislador dijo que “el gobernador va a tener una reunión muy importante en Buenos Aires junto a sus pares justicialistas con el ministro del Interior (…) y allí va a plantear una justa y equitativa distribución de los recursos federales”. ¿Cuántos de estos encuentros exigiendo justicia distributiva mantuvo él con los Kirchner? ¿Es posible conocer pormenorizadamente fechas, sitios y el grado de reclamo?

La respuesta del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue positiva. ¿Entiende ahora Urribarri lo que es un federalismo de verdad? Cuando los pusilánimes de la era K -otrora temerosos frente al látigo disciplinador de la Casa Rosada- empiezan a envalentonarse y ven que hoy se los atiende, se los escucha y se les buscan soluciones, es porque algo está cambiando.