Juan Cruz Varela
A una semana de la explosión del salón del Club Social de Paraná poco se ha avanzado en la investigación judicial, aunque fuentes tribunalicias confirmaron que cada vez cobra más fuerza la hipótesis planteada la semana pasada por ANALISIS que apuntaba a que el ataque estaría relacionado con una mafia que se mueve alrededor de los servicios de gastronomía que trabajan en la capital provincial y donde es público el malestar que existe contra Mario Castro, el concesionario del salón y la cantina que funciona en la histórica institución del centro paranaense. De hecho, en ciertos círculos hasta se manejan algunos nombres de quiénes pudieron haber perpetrado el vandálico hecho. Sin embargo, Castro se define como “un laburante” y asegura no tener idea sobre el origen del ataque.
Mientras el jefe de Policía, Ernesto Geuna, tuvo que reconocer su error inicial cuando manifestó que la explosión había sido ocasionada por la concentración de gases y combustible, que generalmente se utiliza para la limpieza del piso de madera, en un espacio libre que queda debajo de la plataforma del parqué, disfrazando sus insensatas y atolondradas declaraciones iniciales con la excusa de que debió ocultar por algunas horas la verdad ya que “hubiera sido irresponsable decir al principio que el hecho pudo ser intencional para no alarmar a la gente tocando de oído, pero luego con los resultados en mano, llegamos a la conclusión de que el episodio podría llegar a ser intencional”; el juez de Instrucción Héctor Toloy envió las pruebas a La Plata para que sean analizadas por la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con un microscopio electrónico que permite determinar con mayor precisión técnica qué tipo de sustancias había en el piso del Club Social y cuál pudo ser el motivo de la explosión ocurrida en la madrugada del 5 de julio, tal como reconoció a este semanario la fiscal Laura Cattáneo.
La agente fiscal explicó además que “aún no se han elevado las actuaciones prevencionales que están en sede de la Comisaría Primera, de manera que no se ha podido determinar si se trató de una explosión accidental o intencional. La Policía tiene 30 días para armar un sumario, por lo que todavía están en la fase de recolectar pruebas y realizar pericias y en esa instancia el juez pidió colaboración a la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, que tiene personal más especializado y una mayor tecnología para tratar de determinar cómo fue la explosión y qué pudo haberla causado. Una vez que tengamos las actuaciones prevencionales nos abocaremos a la investigación de acuerdo a los elementos que se colecten en la instrucción”.
No obstante, el jefe de Policía reconoció que los investigadores científicos detectaron, en las pericias realizadas en el piso del salón en el que se originó el siniestro, la presencia de una abundante cantidad de nafta desparramada entre la tierra, por lo que a esta altura resulta innegable que no se trató de un hecho accidental.
Más allá de esto, fuentes judiciales confirmaron que, tal como planteara ANALISIS, las hipótesis apuntan a que el origen del ataque estaría vinculado con una vendetta contra Mario Castro, el concesionario del salón y la cantina del Club Social. En el ambiente es conocido el recelo con que viejos empresarios gastronómicos ven el éxito que ostentaba, porque consideran “llamativa la importante diferencia de precios que pasa por los servicios que presta”, según se consignara. Inclusive, también se indicó que “lo que pasó es un claro mensaje contra Castro por la competencia desleal que ejerce contra el resto de los servicios.
En Paraná hay pocos servicios importantes, pero están manejados por gente que también tiene negocios de juego clandestino, carreras de caballos y que obviamente tiene contacto con la Policía, o sea que son capaces de cualquier cosa”. De hecho, hay quienes sugieren, en privado, nombres y apellidos de quienes pudieron haber perpetrado el ataque y no dudan en asegurar que “tampoco es casual el momento elegido para ejecutarlo: sabían que la causa recaería en manos de un juez que se caracteriza por la poca seriedad y profundidad en sus investigaciones y que se apoyaría en lo que le dictamine la Policía, con quien esta gente tiene estrechos vínculos, por lo que se garantizaría su impunidad”.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
