Luis María Serroels

En este diciembre curiosamente convertido en los últimos años en exponente de una inusitada virulencia, sobran ejemplos de episodios a veces encontrados que llaman a la reflexión. Lo acaecido respecto del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), en una escandalosa sesión del Senado provincial, no es otra cosa que el resultado previsible de lo que venimos diciendo a modo de anticipo desde noviembre de 2003: la hegemonía puesta por encima de los consensos.

Muchos legisladores del oficialismo podrían preguntar para qué entonces fueron electos, si a la hora de aprobar un proyecto se les endilga como pecado el ejercitar su condición mayoritaria. Ello tiene su costado de verdad, pero de lo que se trata –y para ello poco interesa el número en la relación de fuerzas- es de agotar todas las vías para legitimar jurídicamente, aunque también en términos de razonabilidad, los proyectos que llegan a la cámara.

Cuando el bustismo instaló la noche del miércoles 7 en el recinto el tratamiento de las reformas vinculadas con el funcionamiento de la mayor obra social entrerriana, dejaba atrás una serie de compromisos asumidos ante los gremios, por los cuales se iban a debatir los puntos más críticos y conflictivos de la iniciativa. Ello así, porque en el fondo de la cuestión afloraba una idea casi inmodificable: eliminar de la futura conducción cualquier indicio de presencia sindical.

Resulta muy curioso que el autor del proyecto, senador Héctor Strassera (PJ-Concordia), ignore los innumerables desaciertos que a su turno cometieron distintas autoridades del IOSPER en menoscabo de los intereses de los afiliados. Recuérdese que incluso por la mala gestión de un presidente que cometió serias irregularidades con perjuicio financiero para el organismo, se resolvió la intervención designándose para el cargo... ¿a quién? ¡Nada menos que al propio intervenido!

¿Es el Estado el gran garante de la eficiencia administrativa? Si hubo errores (que no conocemos) en la gestión del Directorio cuya tarea se dio por concluida en abril al asumir la actual Intervención, lo que procede es informar cuáles fueron, qué alcances tuvieron los daños eventuales, quiénes han sido sus responsables y qué pasos dio el Poder Ejecutivo en torno del seguimiento, auditorías y recomendaciones, que para ello hay una Comisión Fiscalizadora.

Hoy la realidad exhibe nuevos convenios prestacionales que poco tienen que ver con los niveles y estándares de calidad que el afiliado se merece –sus aportes compulsivos a partir del propio carácter de la obra exigen preocupaciones más generosas- y los términos contractuales más parecen hechos a la medida de intereses no precisamente favorables a los legítimos dueños del ente.

El gobernador ha comenzado a develar indicios de que no estamos ante el proyecto de un senador ocurrente, sino que éste no ha hecho otra cosa que interpretar en un proyecto las mutantes ideas de Jorge Busti, a contrapelo de sus propios argumentos cuando promulgó la ley que entregó el IOSPER a la conducción de gremialistas votados por los usuarios.

Cuando Strassera dice que se trata de una pelea de los gremios “por la caja”, pisa un terreno peligroso y demanda aclaraciones. Pregunta: ¿incluirá en la sospecha a la Unión del Personal Civil de la Nación, cuya responsabilidad en el instituto es insoslayable y cuyo principal dirigente/diputado deberá definir como juez y parte el destino de la futura ley?

Lo que se observa es poco alentador. Es que hay miembros de los gremios estatales y agentes del IOSPER que se sienten burlados porque el martes 6 habían recibido garantías desde el Senado de que se continuaría el diálogo y que no habría votación sobre tablas.

Hasta hubo un senador –y médico él para más datos- que se retiró prematuramente de la sesión aduciendo que con semejante mayoría, su presencia no era necesaria. ¿Era esa la predisposición para debatir una cuestión tan trascendente y urticante? Les dijeron que se queden tranquilos (SIC), lo cual provoca una severa devaluación de la palabra empeñada. ¿Qué otras cuestiones serán mañana leyes por atropello?

¿Podrá el mandatario suavizar los efectos de esa sesión en la que equivocadamente abundaron amenazas, insultos, sillazos y huevazos? ¿Hallará la ley un cauce menos traumático que acerque las partes? ¿Se torcerá el rumbo que trae el proyecto de la cámara alta o sólo se le pasará un fratacho para un revoque más fino aún?

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)