Juan Cruz Varela
Mario Aníbal Ferri es el poderoso secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de María Grande. Pero está a punto de derrumbarse a partir de la incorporación a la nueva Constitución Provincial de un artículo que prohíbe a quienes hayan ejercido responsabilidad política en regímenes de facto ocupar cargos públicos en democracia. Es que el funcionario ocupó, con mano firme, el mismo cargo que detenta actualmente sobre el final de la última dictadura. Mientras tanto, resiste y continúa apretando a empleados y dirigentes gremiales. Según pudo saber ANALISIS, hace unos meses hizo instalar cámaras en las oficinas de la comuna para controlar a los empleados y asegura que no dejará su cargo.
Para muchos es una especie de poder detrás del poder. Desde la Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos maneja la política local y toma las decisiones que luego ratifica el intendente. Es un personaje oscuro, no es de andar por la calle, de hecho casi no se deja ver y está guardado todo el día en su despacho, desde donde digita cada una de las medidas.
En María Grande, todos se refieren a Mario Aníbal Ferri como el poder real en la Municipalidad oculto detrás de la figura del intendente Diego Lara (PJ) desde que ganó las elecciones en 2003, después de muchos años de gobiernos radicales en una localidad que había sido un bastión del centenario partido desde el retorno de la democracia.
A los cincuenta y tantos años, este hombre petisón, ligeramente calvo, de rostro serio y hosco en el trato, de profesión ingeniero agrónomo aunque durante años dedicado a la docencia y funcionario municipal en el último lustro es, para muchos, quien gobierna en la Municipalidad de María Grande.
Todos los dedos apuntaron hacia él cuando de un día para otro se retiraron de sus nichos a 37 féretros cuyos familiares supuestamente debían la tasa de limpieza y conservación para pasarlos a una fosa común que, en realidad, era una zanja que habían hecho con una retroexcavadora en la parte de atrás del cementerio local. El mismo dedo acusador lo señaló unas semanas después cuando los vecinos recuperaron del basural municipal unos 400 libros que habían sido arrojados y quemados allí bajo el argumento de su antigüedad.
Entre los libros viejos había una colección completa de las obras de Julio Verne que data de 1920, un Martín Fierro de la década de 1950, y además textos de Medicina, Literatura, Historia, Matemática, Física, manuales e infinidad de obras de autores contemporáneos, como también un compendio de todas las leyes dictadas en la provincia de Entre Ríos que dataría de 1857. Ferri, siempre Ferri.
Su designación, a principios de la gestión, había sido resistida por algún sector de la militancia justicialista más por un pasado como afiliado al radicalismo que por haber participado en los últimos años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, cuando ocupó el mismo cargo que hoy detenta pero entre 1981 y 1983, durante la gestión de facto de Héctor Chiche Lugli, un industrial de la ciudad que fue interventor mientras en la provincia gobernaba Jorge Washington Ferreira, el hombre designado para iniciar el camino hacia el retorno democrático. Lo cierto es que los cuestionamientos se apagaron pronto a partir del férreo verticalismo impuesto por el intendente Lara en la estructura partidaria local.
“En aquella época, el lugar convocante en el que se hacían todos los actos y al que la gente acudía para reunirse o simplemente para pasar un rato al aire libre era un mástil que, era como un símbolo del pueblo. Pero de un día para el otro el mástil fue retirado y eso cambió la fisonomía y las costumbres de la gente. En esta gestión se han tomado medidas similares, como el cambio de fisonomía del reloj municipal, por ejemplo, que son pequeñas cuestiones que hacen a la vida que tiene el pueblo”, recordó con un dejo de bronca una vecina de la ciudad.
Sin embargo, ese pasado/presente es el que puede costarle el cargo, a partir de la incorporación al nuevo texto constitucional de un artículo que prohíbe a los funcionarios que hayan ejercido responsabilidad política en regímenes de facto ocupar cargos públicos en democracia.
El texto aprobado en la Convención Constituyente el 30 de julio y que comenzará a regir a partir de la jura de la nueva Carta Magna provincial establece: “La Constitución Nacional y esta Constitución no perderán su vigencia si se dejaren de observar por actos de fuerza o fueren suspendidas, abrogadas o derogadas por otro medio distinto de los que ellas disponen. Queda garantizado el sistema democrático de gobierno. Cualquier acto de fuerza contrario a esta Constitución, a las instituciones por ella establecidas o al sistema republicano y democrático es insanablemente nulo. Los funcionarios que hayan ejercido responsabilidad política en los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal, en regímenes de facto, no podrán ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la provincia o municipios. Ninguno de los delitos que fueren cometidos en el ejercicio de la función usurpada podrá ser objeto de indulto o conmutación de pena. Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurrido en su apología, quedan inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
